El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) es la institución representativa de la integralidad de la Nación Wampís, que abarca 85 comunidades (22 titulares con 63 anexos) a lo largo del río Kanus (Santiago) y el río Kankaim (Morona, en Loreto). Nuestro territorio integral se extiende por 1’327 760 hectáreas y abarca las cordilleras Tunta Nain, Winchinkim Mura y Kampankias. Nuestro territorio, además de ser uno de los focos mundiales de diversidad biológica, ha sido reconocido por la ONU Ambiente como “territorio de vida” (TICCA), un área natural protegida no-estatal bajo gestión del GTANW. Nuestro Pacto fundacional se basa en conservar, cuidar y gobernar nuestro territorio a perpetuidad, por lo que siempre hemos rechazado de manera innegociable las actividades destructivas y delictivas (delito ambiental) que se hacen llamar “industrias extractivas”.

GTANW expresa su profunda preocupación ante el continuismo de malas prácticas e intenciones de utilizar un mecanismo de divisionismo en los territorios indígenas y fomentar leyes y normas que vulneran nuestros derechos territoriales, ambientales y humanos.

Advertimos a la población en general y a la comunidad internacional sobre las reuniones que el actual gobierno encabezado por la señora Dina Boluarte está sosteniendo con supuestos representantes de los pueblos originarios de Loreto. Aclaramos que ningún representante de la Nación Wampís viene participando en esas reuniones y que la representatividad de dichas supuestas organizaciones ha sido cuestionada en la reunión de las Naciones Originarias del 7 de noviembre de 2022 en San Lorenzo[1], donde participamos los gobiernos territoriales autónomos de la región. Por ello, advertimos que ningún representante máximo Wampís, llámese Pamuk, Pamuka Ayatke ni Waisram, ni mucho menos iimaru (jefe) de comunidad alguna ha asistido a ninguna reunión promovida por el gobierno de Boluarte con el engaño de “proyectos de desarrollo” o de “cierre de brechas”, que no son más que iniciativas para blanquear el desastre petrolero de 50 años en Loreto. Deslindamos de estos supuestos representantes indígenas y alertamos que el gobierno de Dina Boluarte se estaría reuniendo con operadores empresariales y organizaciones que se dedican a debilitar reales procesos de reivindicación de alternativas de derechos territoriales y Vida Plena, genuinas aspiraciones de los pueblos originarios.

Reiteramos, que dicha táctica divisionista y de buscar validación para una gestión gubernamental ilegítima fue una práctica bajo la dictadura fujimorista y la gestión aprista. Lamentamos la falta de criterio y estrategias más saludables de la señora Boluarte y su empecinamiento por gobernar en contra de los pueblos. Sentimos que, en su desesperación, se haya enredado con el fujimorismo y aprismo, y esté armando escenas de falsa “legitimidad” en los medios, con inútiles “fotitos” de reuniones con falsos representantes indígenas, todo ello en medio de un contexto nacional de persecución política, hostigamiento y represión gravísima contra las voces que son contrarias a su gobierno.

Exhortamos a las autoridades nacionales a no repetir los mismos errores fundamentados en el racismo estructural que permitieron que, en los años 80s y 90s, se instale un sistema de terrorismo estatal e intimidación permanente a la población. Dicho sistema tuvo entre sus principales víctimas miles de indígenas inocentes, y además dio carta libre a retrocesos normativos sobre los derechos territoriales de los pueblos originarios. De la misma manera, exhortamos a las instituciones internacionales de Derechos Humanos (CIDH, OEA, ONU) no sólo a estar alertas ante la violación de los derechos de los peruanos y peruanas, sino a tomar medidas pertinentes e inmediatas para frenar estos abusos.

Con la misma energía y fuerza rechazamos y alertamos sobre los proyectos de ley del congreso que, en contubernio con el gobierno, vienen promoviendo en contra de derechos humanos, territoriales y ambientales. Denunciamos la reciente sentencia del Poder Judicial para rechazar el amparo contra la norma que busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Dicha sentencia da carta libre para que la Comisión Agraria del congreso para que apruebe la modificatoria de ley por insistencia, a pesar de las observaciones y recomendaciones para que se archive. Esta modificación condenaría a la Amazonía a ser concesionada para la producción maderera y monocultivos, avalando las actuales invasiones, con destrucción de los pueblos indígenas y ecosistemas.

Rechazamos el proyecto de ley para modificar la Ley PIACI, Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, y que gobiernos regionales tengan competencia en el reconocimiento de dichos pueblos. Loreto tiene la mayor presencia de PIACI; pero también sus gobernantes (junto al fujimorismo) niegan su existencia, con el objetivo entregar sus territorios a empresas petroleras y madereras y recibir el canon para seguir la interminable historia de corrupción y desgobierno que mantienen a Loreto con sus abismos de abandono y extrema pobreza en economía, salud, educación, comunicaciones y transporte.

Desde el GTANW reiteramos nuestro compromiso indeclinable de cuidado de nuestro territorio integral para lo cual defendemos nuestro sistema de gobernanza territorial milenario y el ejercicio de nuestra autonomía, y estaremos alertas a responder ante las amenazas y aprovechamientos depredadores en esta coyuntura de crisis política, represión, racismo y corrupción generalizada.

Somos una nación originaria de frontera, que por 7000 años venimos defendido activamente nuestro territorio ancestral, y también el territorio nacional peruano durante las guerras del Cenepa. La Nación Wampís insistirá en el camino de la diplomacia, franca y enérgica, para el ejercicio de nuestros derechos ya ganados, y la construcción y ejecución de planes que nos permitan el logro de Tarimat Pujut (la vida plena).

La ciudadanía Wampís, así como el país entero, no quiere más enfrentamientos entre peruanos, y por ello rechazamos que se continue utilizando a instituciones armadas para fines represivos y abusos a los derechos humanos. No queremos que siga corriendo sangre inocente. Llamamos a activar la presión y solidaridad internacional ante las embajadas de Perú en el mundo y la intervención de la OEA, CIDH y organismos de derechos humanos de la ONU para garantizar la plena vigencia de derechos humanos.