A pesar de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene como Gerente de Gestión del Riesgo de Desastre a Mario Casaretto, sentenciado por violación sexual contra una joven de 17 años, hoy sacaron un pronunciamiento pidiendo que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos para poder imponer la pena de muerte en nuestro país.

Como es evidente en el discurso antiderechos de Renovación Popular, la vida solo les importa mientras está dentro del viente de una mujer, para obligarla a ser madre, incluso si es niña, como mencionó López Aliaga cuando dijo que llevaría a las niñas embarazadas por violación a un hotel cinco estrellas hasta que den a luz, después de eso ya no importan mucho esas vidas, que terminarán insertas en cadenas de pobreza.

Tampoco les importa el derecho a una muerte digna, como muestra su oposición a la aprobación de la eutanasia. Ya López Aliaga manifestó que si alguien quiere morir, refiriéndose al caso de Ana Estrada, quien viene luchando por esta ley. Sobre ella, el alcalde de Lima dijo que si quería morir que se tire de un edificio.

Es decir, no quieren que la gente tenga derecho a decidir sobre su vida y su muerte, quieren que algunos puedan decidir sobre la vida y la muerte de otros. No les interesa la vida digna, quieren controlar la vida y decidir quien muere.

Por otro lado, la pena de muerte no ha resultado efectiva en ninguna parte del mundo, no ha reducido la criminalidad ni la violencia, es más, se termina convirtiendo en parte de la violencia que pretende solucionar, y en un desincentivo para denunciar las violencias.

Eso lo saben bien los de Renovación Popular, pero tampoco les importa, porque lo que buscan es sentar posición, instalar que es necesario matar a la gente para que esta no mate. Ellos saben que las personas que va pretenden que sean asesinadas legalmente son, en su gran mayoría, empobrecidas, racializadas, marginales y sin capacidad de una defensa adecuada, y eso también les da alas para su propuesta. Si alguno de los hijos de un congresista de Renovación Popular se viera enfrentado a este dilema, pedirían a gritos seguir en la Convención, pero como saben que están en un país en donde la justicia se compra y se vende, pueden dormir tranquilos en su inhumanidad.

En este video se puede observar cómo minimiza la sentencia contra su gerente diciendo que no era el momento de denunciar. Para Renovación Popular hay que pedirles permiso para denunciar. Y los periodistas, incapaces de cuestionar al alcalde, lo miran en silencio. Así,la cultura de la violación se nutre y se fortalece.