Mientras que la Policía y la Fiscalía se tiran la pelota en el caso de la terramoza violada en un bus interprovincial, los responsables están libres. ¿La denuncia cayó en saco roto?
La fiscal Karina Toledo Wong, que dejó libres a Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Barja (chofer y copiloto de la empresa Palomino), se encuentra más que cuestionada por su procedimiento en el caso de violación. La Policía argumenta que hizo lo que estuvo a su alcance y el Ministerio Público aclara haber hecho lo correcto.
El jefe de la Región Policial Lima, general Gastón Rodríguez, comentó que la fiscal Toledo Wong “acude a una figura y dice que (la denuncia) tiene que sentarse en el lugar correspondiente”, argumentó que utilizo para ponerlos en libertad.
A esto, el Ministerio Público publicó en Twitter su versión de los hechos causando indignación en la opinión pública. “Al ciudadano no le interesa dónde falla la cadena… La policía ha cumplido su función, pero en esta circunstancia ya no se puede hacer nada”, finalizó el general Rodríguez.
Mensaje para las mujeres
Mano Alzada conversó con la abogada feminista Amire Ortiz quien evidenció la ineficiencia de parte de la fiscal y también de la Policía. “Estamos hablando de dos personas que habían confesado el delito… Frente al tema burocrático existen estrategias que protegen a la persona y, en este caso específico, a la mujer. La fiscal pudo realizar las coordinaciones para el traslado a la jurisdicción correspondiente y no soltarlos”, señaló.
Asimismo, la abogada exhortó a una labor interna dentro de los profesionales en Derecho. “¿Cuál es el mensaje que se le da a las mujeres? Ella (la víctima) cumplió con su parte. Evadieron su responsabilidad porque el caso ya tenía valor probatorio. Estas acciones demostrarían que no se ha querido hacer. La OCMA debería pronunciarse, el Colegio de Abogados también. ¿A quiénes designan para la función pública? Debe haber un control sobre la responsabilidad en sus acciones, en esa mala praxis. Porque hasta de oficio pueden actuar”, sentenció.
Recordemos que, en enero de 2016, una turista francesa denunció, en Lima, una violación sexual sufrida en Nasca (Ica) y la atención que recibió no fue la esperada. “Todas las preguntas eran por qué no te fuiste, por qué no gritaste y por qué aceptaste el vaso. Fue peor que la violación en sí”, señaló la extranjera.
¿Y la ley 30364?
La abogada especialista en justicia penal y género, Cynthia Silva, nos manifestó que no es la primera vez estar frente a una falta de coordinación entre la Policía y Fiscalía. “Más allá de toda formalidad, hay que garantizar el resultado, esclarecer los hechos y la responsabilidad penal de los culpables. La víctima está dispuesta a colaborar, pero la denuncia ya está hecha. Pasar por todo ese proceso sería revictimizarla”, remarcó.
Además, la especialista resaltó que la denuncia fue hecha en Lima porque es donde se manejan más recursos y porque la Ley 30364 protege a las mujeres y establece que se puede recibir la denuncia.
