Pueblos indígenas situados cerca de proyectos mineros, en Apurímac y Cusco, no tienen ni agua ni luz, no hay consulta previa y les atemoriza la contaminación de sus ríos.
En una saga de informes brindados por Ojo Público, con la colaboración de la Red Investigativa en Cusco y Apurímac, se reveló nuevamente la situación de los pueblos indígenas que, con ausencia del Estado, sufren la burla de las promesas incumplidas por las empresas extractoras de minerales.
Existe un muy difundido spot publicitario (patrocinado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) en donde ofrecen respuestas a las preguntas de los pobladores de las diferentes zonas en donde diferentes empresas extraen minerales. Pero la pregunta de siempre nunca es respondida: ¿Por qué los pueblos cercanos a los proyectos mineros son los más pobres del país?
Cuando Alan García hizo referencia a las creencias religiosas de algunas zonas del país, no era solo un pensamiento personal; era —hasta donde uno puede presumir— ese pensamiento extractivista que quería instalar sí o sí.
“(Debemos) derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios. En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice: ‘no toques ese cerro porque es un Apu y está lleno de espíritu milenario y no sé qué cosa’. Bueno, si llegamos a eso, entonces no hagamos nada, ni minería”, afirmó en 2011 el líder aprista.
En el primer informe (‘Los Despojados’) que pudimos leer se observa la dura realidad que atraviesan los pueblos indígenas de Chuicuni, Challhuahuacho, Patahuasi y Espinar. Todos alarmados por el futuro del agua que llega cada vez menos o contaminada a sus respectivas localidades.
Chuicuni
Situada al lado del proyecto Las Bambas, de la transnacional MMG Limited (China), en Apurímac. Los habitantes hasta ahora no tienen luz eléctrica ni tiendas y viviendas de un solo piso. El agua la recogen de un manantial a través de un tubo que instalaron ellos mismos con limitados recursos económicos.
Las Bambas tiene derechos de exploración desde el 2004, cedidos por el gobierno de Alejandro Toledo, y empezó a operar desde el 2014 sin evidencia del impacto en los recursos hídricos del lugar. Con todo eso, y a pesar de su proximidad con la minera, para Las Bambas, Chuicuni no está dentro de la ‘zona de influencia directa’. Al momento de pedir obras, el pin-pon entre empresa y municipio agota la paciencia de los vecinos.
La comunidad de Chuicuni no se opuso al proyecto minero —a pesar de— creyendo en las promesas de la empresa: construcción de colegios, saneamiento básico, luz, entre otros. La única energía eléctrica que hay es la que pasa por los cables hacia la mina.
Challhuahuacho
Como varios distritos mineros del Perú, Challhuahuacho posee millonarios presupuestos (140 millones de soles, similar a los capitalinos Miraflores o San Isidro), pero con obras estancadas y altos niveles de corrupción entre sus autoridades; su alcalde, Antolín Chipana Lima, está preso e investigado por lavado de activos y malversación de fondos. Al igual que su secretario general, Dionisio Maldonado. La suma de dinero encontrado en las casas de ambos es de 62 mil soles.
En Challhuahuacho hay 38 comunidades campesinas quechuas que están amenazadas por la anemia y la mala calidad del agua. El biólogo Hubert Firata, del Centro de Salud, afirmó que para tener agua segura en ella debe haber 0,5 mg/L de cloro. Pero no llega ni a 0,1. La lucha contra las bacterias esta perdida porque la municipalidad no realiza la cloración.
La Dirección Regional de Salud señaló que entre el 2016 y el 2017 la desnutrición en la zona aumentó en 30%.
Patahuasi
La base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura identificó a 26 comunidades indígenas en la zona. Patahuasi (99% quechua) es una de ellas y una de las más antiguas de la región; fue reconocida en 1928 pero hasta el año pasado las coordenadas de sus límites no estaban inscritas ni tampoco georreferenciadas. El 61% de sus 500 familias están en extrema pobreza.
Los vecinos de Patahuasi están temerosos por la instalación de una planta procesadora de la minera Anabi SAC, justo en la cabecera del río que abastece a todo el pueblo. Según ellos, nadie les consultó.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le ordenó, en mayo de 2017, a la empresa (del Grupo Aruntani) paralizar las actividades de construcción y operación de la planta Utunsa; la razón fue la instalación de zonas de trabajo (pozos, plantas de destrucción de cianuro, entre otros) en lugares que no reportaron al inicio.
Al no tener límites georreferenciados, los conflictos entre las comunidades permitieron la vulneración de su derecho a consulta; entre el 2012 y el 2015 la mayoría de los proyectos mineros impulsados en la zona del ‘corredor minero sur’ fueron aprobados.
Espinar
El Proyecto Antapaccay abarca casi 8 mil hectáreas, se dedica principalmente a la extracción de cobre y está dentro de la zona de operaciones de Glencore que posee 114 concesiones mineras y su extensión alcanza las 97 mil 374 hectáreas. Esta zona es la que ha protagonizado los últimos años uno de los mayores conflictos ambientales por la escasez del agua y la presencia de metales en el lugar.
La empresa minera solventó algunos gastos de parcelación de las tierras comunales a los comuneros, así cada uno fue siendo dueño de su terreno y ya no la comunidad. Luego, el trato de adquisición de los terrenos fue individual y progresivo. Y aunque en teoría hay una mesa de diálogo, los comuneros se sienten olvidados por el gobierno que les aseguró velar por sus intereses.
Espinar no tiene un sistema de agua potable permanente y reclaman que el uso del agua esté destinado para la minera.
Datos para tener en cuenta
El corredor minero sur es esa franja que une Challhuahuacho (Apurímac) y Espinar; en su ruta hay una gran cantidad de megaproyectos extractivos: Las Bambas (MMG Limited, China), Antapaccay (Glencore, Suiza) y Anabi (Aruntani, Perú). Se estima que el 40% de la producción nacional de cobre sale de este corredor. Perú es el segundo productor mundial de cobre, zinc y plata.
En las cuatro provincias por donde pasa el corredor minero del sur (Cotabambas y Antabamba, en Apurímac; Chumbivilcas y Espinar, en Cusco) el gobierno otorgó 147 derechos de explotación de agua a la minería. El 40% corresponde a aguas subterráneas, considerada un recurso no renovable.
En la provincia de Cotabambas, donde están Challhuahuacho y Chuicuni, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó, durante los últimos cinco años, 38 derechos para la explotación del agua con fines mineros.
Las comunidades de Chuicuni, Challhuahuacho, Patahuasi y Alto Huarca (Espinar) aparecen en la base datos de pueblos indígenas. Pero en algunos casos, para realizar la consulta previa, ya no aparecían como indígenas, sabiendo que más del 90% de la población es quechua.
En la sierra peruana se concentra más del 70% de los pueblos indígenas del Perú. En la base de datos preliminar —difundida por Ojo Público en 2015— aparecen en Apurímac 436 comunidades indígenas quechuas: En la lista actual solo aparecen 279.
Las Bambas era de Glencore Xtrata hasta el 2014 (Suiza). Ese año el proyecto pasó al consorcio de empresas chinas lideradas por MMG Limited, de China Minmetals. Al comienzo, la comunidad de Chuicuni es tuvo de acuerdo con el proyecto minero, con los ofrecimientos hechos por Glencore Xtrata. Ahora cuando se acercan al proyecto a exigirle el cumplimiento de sus promesas, solo les dicen que los tratos fueron con la dueña anterior.
En el spot publicitario, mencionado al inicio, no se dice algo sobre la ubicación de los puntos de captación de agua para la minería; solo mencionan que es mínimo en comparación a los destinados para la agricultura y ganadería. Estos puntos están colocados en las cabeceras de cuenca que son espacios estratégicos para la generación del agua y considerados por la actual legislación como zonas vulnerables.
