Comisión de Constitución del Congreso rechazó que Poder Judicial se encargue del levantamiento de inmunidad parlamentaria.

La fujimorista Rosa Bartra, cabeza de la mencionada comisión, dio a conocer la decisión: Fuerza Popular, Apra, APP y AP le dijeron no a la propuesta del Gobierno para que el Poder Judicial pueda levantar la inmunidad parlamentaria que protege a legisladores requeridos por la justicia.

Fueron tres horas de debate para que, al final, los congresistas de este grupo de trabajo determinaran que el Parlamento sea quien decida si un congresista pierde o no su protección para responder por sus delitos. Un tema que, según ellos, el Poder Judicial no tendría que ver.

Con quince votos a favor y cinco en contra, se aprobó que el Congreso se encargue de las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, con un plazo máximo de 60 días.

Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo buscaba que la Corte Suprema del Poder Judicial pueda quitar la inmunidad a legisladores. Era necesario, entonces, un cambio en nuestra Constitución Política.

¿La reforma se diluye?

El objetivo de una reforma política era ese. Así, en abril último, el Poder Ejecutivo presentó 12 proyectos de ley al Congreso, los cuales plantean una reforma política en el país. Una de estas reformas era la que modificaba el artículo 93 de la Carta Magna en donde sería la Corte Suprema de Justicia el ente encargado de decidir si se levanta la inmunidad a un congresista en casos de corrupción o delito.

Es importante resaltar que los oficialistas Jorge Meléndez y Alberto Oliva, y los izquierdistas Marisa Glave y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), y Marco Arana (Frente Amplio), se resistieron a que sea el mismo Congreso quien decida el levantamiento de la inmunidad de cualquiera de sus integrantes.

Pero el bloque integrado por el Fujimorismo, Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular, oportunamente coincidieron e insistieron en que esta capacidad sea exclusiva del Congreso.

Defienden sus decisión

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) manifestó que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es una facultad política. “La decisión sobre el levantamiento de inmunidad es una decisión política. Los jueces no son políticos y no pueden ser políticos. Es una decisión política que no puede, por su naturaleza, convertirse en una intromisión”, señaló.

Por ese camino, Héctor Becerril (Fuerza Popular) defendió —a su manera— su decisión criticando la propuesta. “La justicia en el país no es igual para todos y a esa justicia le queremos dar la inmunidad para que haga lo que quiera con los congresistas de la República”, subrayó.

Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidenta de la comisión, participó como miembro de la comisión y también ‘defendió’ al Congreso para que el pedido de levantamiento de inmunidad siga en sus manos.

“Es falso que haya algún delincuente que quiera venir para escudarse en el Congreso de la República por delitos cometidos antes… Este Congreso, con mayoría de Fuerza Popular, tiene las mejores estadísticas de levantamiento de inmunidad parlamentaria”, aseguró.

Y, aprovechando el momento, aconsejó a sus colegas parlamentarios que “cuiden” el uso del término “blindaje” en sus pronunciamientos. “Este Congreso, del cual somos todos parte, no ha blindado y les rogaría a los colegas que mal utilizan esa palabra que cuiden muy bien lo que dicen”, dijo.