Jueces y fiscales de la región estarían envueltos en denuncias por corrupción y hasta en una amenaza de muerte. Casos que llegaron del oriente peruano a Lima aún no tienen respuesta.
Todo se inició en el sistema de justicia de Amazonas cuando se destapó (en 2013) el asesinato de Augusto Wong López, vicepresidente regional de Amazonas. La investigación penal de la Procuraduría terminó involucrando tanto a miembros del Poder Judicial como del Ministerio Público.
A pesar de que el caso se haya archivado por ‘inexplicables’ razones, para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), este merece ser reabierto. “No creo que el exprocurador Christian Salas Beteta haya estado loco para denunciar la existencia de una presunta organización criminal que manejan jueces y fiscales en el distrito judicial de Amazonas”, sostuvo el abogado.
En aquella investigación, dentro de ese grupo de personas, aparece Gonzalo Zabarburú Saavedra, juez superior y actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Bagua. A él se le señaló por presunta asociación ilícita y también estaría involucrado en la tramitación de una investigación fiscal para liberar a personas sospechosas del crimen.
En ese momento interviene el Ministerio Público e inicia una investigación preliminar contra jueces y fiscales por una larga lista de presuntos delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, encubrimiento personal, entre otros.
En este grupo de investigados sobresale otro nombre que debemos recordar en el transcurso de esta lectura: José Felicino Novoa Vásquez, actual Fiscal Superior Coordinador de Bagua.
Y ellos se juntan
Un sonado caso reunió a Zabarburú y Novoa en una misma Sala: el proceso judicial a los 52 acusados por la muerte de 12 policías ocurridos en la denominada “Curva del diablo”, en Bagua.
En junio de 2014, cuando se desarrollaba la cuarta sesión del juicio oral por el “baguazo”, una serie de hechos fueron resaltados por el abogado Juan José Quispe (IDL).
Aquella vez —“misteriosamente”—, el fiscal superior Edwin Vargas fue reemplazado por el fiscal de ‘estreno’, José Novoa, quien ya venía siendo cuestionado por su desempeño como abogado en la provincia de Utcubamba.
Gonzalo Zabarburú Saavedra —mencionado líneas arriba— era el vocal suplente que presidía la Sala y no advirtió nada extraño en este hecho. Pero las cosas en el juicio se comenzaron a poner más oscuras con una serie de irregularidades.
Los acusados Julio Díaz y José Vargas, quedaron totalmente indefensos porque de un momento a otro el abogado de ambos, Edmundo Novoa Flores (‘casualmente’ tío de José Novoa), presentó un escrito abandonando la defensa. Es más, él mismo les asignó un defensor de oficio vulnerando el derecho constitucional de toda persona a contar con un abogado “de su libre elección” y no uno “impuesto”.
“Lo adecuado en estos casos era que el magistrado les otorgue un plazo razonable para que los acusados busquen un nuevo abogado defensor, más aún si estábamos en pleno juicio oral”, señaló Juan José Quispe (IDL).
Al acusado José Vargas no le quedó más que coordinar con su nuevo abogado de oficio; fueron unos cinco minutos que no le permitieron revisar completamente el expediente y preparar una defensa adecuada. El fiscal Novoa—muy confiado— dio inicio a su interrogatorio.
Cuando uno podría pensar que las cosas no podían ponerse peor, el presidente de la Sala, Zabarburú, no declaró “improcedente” la solicitud de Novoa, quien hizo un pedido ‘muy particular’ al acusado indígena Mario Wipio Perales. “Debe declarar en castellano porque he escuchado que habla español y lo que no entienda puede hacerlo en su lengua de origen que es el awajún”.
Quispe (IDL) nos recuerda el inciso 19 del artículo 2 de nuestra Constitución: “El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete”.
Con tantas “inconsistencias”, el juez resolvió absolver a los 52 acusados, luego de presentarse más de 300 folios con 400 hojas para cada caso y no encontrar pruebas contundentes para condenar a los indígenas como autores de las muertes de 12 policías en el sonado ‘baguazo’.
De nuevo a la actualidad
El juez Zabarburú fue ratificado por el desactivado CNM en 2015 y se espera que sea evaluado por la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“(Está ahí) a pesar de tener sentencias en las que imponía penas benignas de cuatro y seis años a acusados por delitos de violación sexual de menores de edad y también por narcotráfico. Lo más grave es que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, ratificó en el cargo a Zabarburú que tiene otra investigación por acoso sexual a una jueza”, concluye Juan José Quispe (IDL).
Un actor más y más cuestionamientos
Gilder Zapana Mayta es otro personaje que participa en esta trama. Es presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas que también habría sido electo de manera irregular por el desaparecido CNM.
Además, Zapana viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por intentar favorecer al abogado Donald Díaz Vásquez, que defiende a Paulo Villarán, involucrado en el caso “Los Cuellos Verdes del Milagro”.
Así sucedió
Como ya mencionamos, José Novoa Vásquez es fiscal superior en Bagua. Pues bien, tiene un hermano por parte de madre. Nada más y nada menos que Donald Díaz Vásquez. Por eso era necesario recordar el segundo apellido.
Díaz Vásquez presentó un recurso de apelación el 15 de enero del 2019 contra la prisión preventiva resuelta por la jueza Soledad Barrueto a “Los Cuellos Verdes de El Milagro”, entre ellos Paulo Villarán, su defendido.
La audiencia de apelación se dio el 14 de febrero de ese año y la fiscal Lyana Saavedra le dijo al fiscal Novoa Vásquez que él no podía conocer el caso ante un evidente conflicto de intereses. A pesar de lo dicho, Novoa Vásquez asistió a la audiencia.
En la sala no estuvo su medio hermano, pero sí su socio, Ralf Alvarado, quien utilizó la apelación de Díaz Vásquez. Hay que resaltar que ambos trabajan en el mismo estudio de abogados y ejercían una defensa conjunta.
Novoa Vásquez tuvo un permiso para asistir a la apelación. El fiscal superior Zapana Mayta, como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, facultó a Novoa Vásquez para que tenga acceso directo y libre a los casos relacionados con “Los Cuellos Verdes de El Milagro”.
Por lo que hemos visto, esto implica una escandalosa ventaja para una de las partes y que el fiscal José Novoa Vásquez haya sido cuestionado y denunciado por no haberse inhibido de participar en las audiencias en las que su medio hermano ejercía defensa.
Jueza amenazada
La cereza de la torta de esta historia se colocó a fines de febrero de este año. Pero, en vez de una cereza fue una bala y en vez de una torta fue el domicilio de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, justamente quien dictó los 24 meses de prisión preventiva a los “Cuellos Verdes de El Milagro”.
La Fiscalía acusó a la red criminal por un presunto alquiler irregular de vehículos para traslado de personal durante los dos últimos procesos electorales, por un total de 1 millón 589 mil 660 soles a favor de la empresa ‘El Cenepa EIRL’.
“La magistrada ha sido amenazada. Han dejado una bala en su domicilio, ubicado en Jaén. Además, la versión de inteligencia de la Policía nacional del Perú es que ciudadanos venezolanos están vigilando su casa. Sin embargo, hace 10 días que no le brindan protección. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, no hace absolutamente nada por la vida de sus jueces”, denunció Juan José Quispe (IDL).
Extraña denuncia
En medio de todo esto, la jueza Barrueto viene siendo investigada, nada más y nada menos que por el fiscal superior José Novoa Vásquez. Él la denunció porque habría favorecido a unos médicos al archivar la investigación en la que no encontró responsabilidad penal. Esta resolución de la jueza fue confirmada por la Sala de Apelaciones.
Barreto añade que el fiscal Novoa puso como fundamento de su denuncia la declaración de “un testigo anónimo”. Ella ha manifestado que este testigo sería su expareja sentimental, a quien ya había denunciado meses atrás por violencia familiar.
Se espera una respuesta inmediata de las autoridades, específicamente del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿O esperan que suceda algo irreparable?
(Fuente: Instituto de Defensa Legal – IDL)
