Ministerio Público sostiene que responsabilidades de Susana Villarán y Luis Castañeda en los peajes y concesiones (Línea Amarilla y Rutas de Lima) fueron compartidas.

Cabe resaltar que durante la gestión de Castañeda Lossio Lima permitió que OAS y Odebrecht vendan sus activos. Lo que más preocupa a la ciudadanía son las dificultades que podría tener actualmente la Municipalidad de Lima para renegociar estos peajes y concesiones porque ya no son administrados ninguna de las empresas brasileñas.

El expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García, manifestó que la consecuencia de estas ventas de activos dificultaría la revisión de los contratos. “Se pueden anular los peajes, el problema es a qué costo. El principal problema es que la tercera administración de Castañeda autorizó tanto a OAS como a Odebrecht a vender sus activos, lo cual fue extraño. El Perú necesitaba que ningún activo se venda para que cualquier transacción deje reparaciones en el Perú”, subrayó.

El exalcalde de Lima responderá ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso por todo lo relacionado a su participación en los contratos del bypass de 28 de Julio, Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Se estima que, en estos dos últimos proyectos, la recaudación mensual sobrepasa los 30 millones de soles. Si hacemos matemática simple, tal cantidad alcanzaría una cifra escandalosa por los 30 años de concesión que tienen.

Al respecto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se mostró a favor de que se revise la situación de los mencionados peajes y concesiones. “Los peajes son una competencia estrictamente municipal. Creo que es absolutamente válido y responsable hacer una evaluación de la historia de esos peajes y se tome la mejor decisión, pero yo creo que sí amerita una revisión para ver cuál es la base legal y el argumento que ha generado estos peajes”, señaló.

Cabe recordar que el pasado miércoles 15 de mayo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó a los medios que en el concejo metropolitano de Lima evaluarán los contratos que se firmaron con las brasileñas OAS y Odebrecht.