Mientras se discute la designación de miembros del Tribunal Constitucional por una cuestionada comisión del Congreso que pretendería una nueva repartija e impunidad, el exministro fujimorista Marino Costa Bauer, denunciado por el Ministerio Público como responsable de esterilizaciones forzadas ocurridas en la década del 90, busca que el TC impida que se le investigue y procese, además se archive todo el caso pese a que la denuncia de 1316 mujeres se encuentra formalizada ante el Poder Judicial.
Costa Bauer fue Ministro de Salud del 10 de abril de 1996 al 5 de enero de 1999. En su gestión, se esterilizaron a más de 200 mil mujeres (MINSA). En el expediente fiscal 29-2011 figuran como pruebas los oficios que remitió al expresidente Fujimori donde informaba exclusivamente y de manera permanente sobre el cumplimiento de metas de ligaduras de trompas y vasectomías[1].
El exministro se encuentra en calidad de denunciado penalmente ante el Poder Judicial por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves en un contexto de grave violaciones a los derechos humanos junto a los exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y el expresidente Alberto Fujimori.
Costa Bauer presentó un recurso de amparo para impedir ser investigado, sin embargo, el Poder Judicial ha desestimado su pedido en primera y segunda instancia y ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el TC, instancia en la que se le dio audiencia el día 17 de julio[2]. Argumenta que se debe declarar nulidad a toda la investigación y denuncia que obren en el expediente fiscal 29-2011, y “se disponga, subsecuentemente, el archivamiento definitivo de tales procedimientos fiscales y/o la exclusión de ellos del recurrente”; asimismo, que se abstenga de iniciar, continuar o disponer cualquier investigación o procedimiento fiscal.
La representante del Ministerio Público, Claudia Valdivia Piscoya, solicitó que se desestime el recurso presentado por el exministro fujimorista, en tanto, no hay cosa juzgada –según la propia jurisprudencia del TC– y no se ha vulnerado el plazo razonable porque también se deben tomar en cuenta y considerarse los derechos de las víctimas. Además, la abogada Valdivia fue enfática al señalar que el caso se investigó entre los años 2000 y 2009 como delitos comunes y fue archivado al ser declarado prescrito; reabriéndose posteriormente en el año 2011 en cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Solución Amistosa por el caso de María Mamérita Mestanza, pues se trata de un caso de violaciones a los derechos humanos los que son imprescriptibles.
Demus, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, expresó su preocupación debido a que en la audiencia el magistrado José Luis Sardón fue prácticamente juez y parte, atreviéndose a cuestionar la obligatoriedad del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la CIDH por el Estado peruano e inclusive de las decisiones de la Corte Interamericana.
Con respecto a los nuevos integrantes del TC por parte del Congreso, Demus señala que es importante recordar que ya en julio de 2013 se tuvo un precedente al difundirse un audio en el que congresistas de cinco bancadas negociaron quienes ocuparían las vacantes, lo cual finalmente se anuló ante la presión de la ciudadanía. El actual accionar del Parlamento ciertamente genera dudas razonables de una posible interferencia en las funciones del Tribunal Constitucional.
Las mujeres esterilizadas y la sociedad peruana tienen derecho a saber la verdad. Que el TC impida que el señor Bauer sea investigado, minimiza la gravedad de los hechos y no permite conocer lo que pasó.
La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima Metropolitana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Demus, Asociación Servicios Rurales-SER, Sisay, Centro de Atención Psicosocial – CPAS, MAM Línea Fundacional la Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh, Cladem y Cladem Perú invocan al Tribunal Constitucional a declarar infundado el recurso de Costa Bauer y que garantice a las víctimas los derechos de verdad y justicia. Por otro lado, exigimos al Congreso transparencia e independencia en la elección de los nuevos miembros del TC; asimismo, exhortamos a la ciudadanía a estar vigilantes de dicha decisión que podría afectar a casos como el de las esterilizaciones forzadas.
[1] Oficios firmados por Costa Bauer en 1997:
[2] Video de la Audiencia del TC:
