Luego de que fallecieran Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata en un local de McDonald’s ubicado en Pueblo Libre, medios de comunicación e incluso el Estado han resuelto no mencionar el lugar en donde ocurrió el accidente que costó la vida de dos peruanos al informar sobre los sucesos y sus posteriores consecuencias.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil, en su comunicado sobre los hechos, para no tener que mencionar a la franquicia McDonald’s, que hace poco abrió un tecnológico local en el Jockey Plaza, elige usar el eufemismo “conocido restaurante de comida rápida”.
¿Por qué el Estado tiene esta salvedad con la empresa estadounidense? ¿Qué implica colocar su nombre y su responsabilidad en esta tragedia? El Sutep ha señalado lo que puede estar pasando:
“El gobierno encubre a los explotadores. @SunafilPeru se ha negado a mencionar a McDonalds y al dueño de la empresa como responsables de la muerte de los trabajadores Gabriel y Alexandra. Este es un país gobernado por los empresarios, la explotación y la precarización”.
Es decir, no solo las empresas periodísticas están buscando no perturbar la posibilidad de recibir pagos de esta empresa, sino que el Estado es utilizado como caja de resonancia de los intereses capitalistas que nos gobiernan, intereses que han logrado flexibilizar los derechos laborales a tal punto que es posible morir dentro de un local de comida rápida sin que toda la cadena sea sancionada drásticamente y cerrada como pasó con Domino’s Pizza cuando encontraron cucarachas en uno de sus locales.
Como señala la colectiva Paro Internacional de Mujeres, Alexandra y Gabriel fueron víctimas de la explotación y precariedad laboral:
“Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata son las más recientes víctimas mortales de la explotación y precariedad laboral, de los dueños de enormes corporaciones que reportan millones de ingresos, pero que se niegan a aumentar los sueldos de sus trabajadores o garantizar su seguridad. Lamentablemente ellxs no son lxs únicxs: las mujeres y lxs jóvenes son las poblaciones más vulnerables a la informalidad y la explotación. Somos mano de obra barata y se aprovechan de nuestra necesidad. Somos el éxito del empresariado y la Confiep, pero a costa de nuestro trabajo sin reconocimiento de nuestros derechos plenos, sin sueldos dignos, sin el pago de horas extras, sin el reconocimiento de nuestras vacaciones truncas o acumuladas.
Somos el blanco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de Vizcarra, el cual se aprobó sin dialogar con los representantes de los trabajadores. Al gobierno no le importa que hayan sido asesinadas más de 160 niñas y mujeres en el Perú en lo que va del año. Tampoco le importan las vidas que se pierden y la explotación en la que está inmersa la población. El Estado es cómplice. El Estado es feminicida. El Estado es explotador”.
Vivimos en un Estado capturado, y mientras el modelo económico no cambie, cada cierto tiempo seremos testigos de cómo nuestros jóvenes mueren en un país que no solo te quita la dignidad, sino también tu vida.
