Dirigentes agrarios y ciudadanía acordaron, en Cocachacra (Islay), desarrollar un paro indefinido desde el lunes 15 de julio en la zona del Valle de Tambo.
Después del permiso otorgado a la empresa minera para desarrollar el proyecto Tía María, el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, manifestó que su postura: “Agua sí, mina no”, es también la de la población. Además, exige la presencia del presidente de la República y de nadie más.
“Nosotros, la población, no tenemos que dialogar con la empresa (Southern Peru Cooper Corporation), no tenemos ningún punto. Pedimos que venga el Presidente para hacer una determinación en cuanto a la licencia de construcción… Tampoco necesitamos la presencia del Premier (Salvador del Solar), sino del Presidente (Martín Vizcarra)”, sostuvo Cornejo.
Esta posición fue secundada por varios dirigentes sureños, entre ellos el alcalde provincial de Islay, Édgar Rivera; el alcalde del distrito de Islay-Matarani, Fernando Zúñiga Chávez y otros más quienes han expresado su rechazo a la licencia otorgada a la empresa Southern Perú.
Ellos responsabilizan al gobierno y a los funcionarios encargados de los conflictos que puedan ocurrir por la emisión del permiso para construir, sin contar con las condiciones sociales indispensables.
Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú, levantó su voz ante la situación que se vive en el sur del país y remarcó que el gobierno le da la espalda a los peruanos y a su realidad.
De la misma manera, Marco Arana, congresista del Frente Amplio, señaló que el pasado de la minera Southern es cuestionable y que no se debió darle licencias sin antes aclarar su situación.
Aplausos esperados
“Ahí van otra vez los que están en contra de a inversión”, ya se empezó a deslizar. Pero ni los autores de este discurso pueden explicar por qué el Ejecutivo dio luz verde a Tía María antes de que pierda vigencia el estudio de impacto ambiental (EIA) el próximo 1 de agosto.
Tomemos en cuenta quiénes ‘aplauden’ este sorpresivo permiso; autoridades públicas y privadas ven con buenos ojos que Tía María se realice sin importar esos ‘pequeños detalles’.
Así tenemos a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), saludó la decisión de Vizcarra al autorizar la construcción del proyecto minero, y consideró que es “un hito que puede marcar un punto de inflexión en cuanto a la inversión minera”.
María Isabel León, presidenta de la Confiep, también se unió al saludo y agregó que la minera debe hacer ahora “una buena campaña de información” para que la población entienda que hay garantías y que se va a respetar el agua del río Tambo.
Casi saltando en un pie, la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, manifestó que “esto le hará bien no solo a Arequipa sino también a todo el sur del país y al Perú en general porque su aprobación dará señal de que somos un país serio para las inversiones”.
¿Sin garantía para Tía María?
Luego de recibir la licencia para la construcción del proyecto Tía María, Southern Peru Cooper Corporation comenzó a informar las buenas intenciones que hay detrás de esta licencia. Señaló que para el proyecto Tía María se utilizará agua de mar desalinizada, que no afectará otras actividades económicas, que para el transporte de suministros y producción de cobre se construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso al proyecto a distancia “prudente” del Valle de Tambo.
También reiteró su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población requiere. Esto se hace con el objetivo de lograr un contexto social favorable.
Precisamente, el propio ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, respaldó lo mencionado por la empresa y dijo que la construcción del proyecto no iniciará hasta el momento en el que se establezcan espacios de diálogo entre la comunidad, la empresa y el Gobierno.
“La propia empresa en coordinación con el Gobierno ha decidido, no obstante haber recibido esta licencia, que no se va a iniciar aún la construcción del proyecto, no sin antes establecer en coordinación con el Gobierno, espacios de diálogo en donde se pueda escuchar a la población para dar las garantías y resolver las preocupaciones que estas tienen en cuanto una posible afectación”, precisó Ísmodes.
Y llegó la Policía
Desde ayer, más de 200 policías empezaron acciones de ‘resguardo’ en el Valle de Tambo tras autorización de proyecto minero y se espera la llegada de 200 más.
Los agentes policiales son de la Unidad de Servicios Especiales, caballería, comisarías y otras dependencias de la provincia de Arequipa. Se supo que este grupo de policías se tralado a Islay con insumos para quedarse, al menos, un par de semanas.
(Imagen de cabecera: Andina / Edición: Mano Alzada)