El portal Cinencuentro.com ha contabilizado a fin de año un total de 86 películas peruanas estrenadas en el país durante el 2024. Cinco más de las 81 que marcó el récord del 2023. 34 fueron exhibidas en los circuitos comerciales de las salas de cine y el resto en espacios alternativos culturales y online.
Estas cifras pueden hacer pensar en una industria cinematográfica peruana en expansión y vigorosa, pero tal vez sea un espejismo, teniendo en cuenta que varias de las cintas estrenadas fueron proyectos iniciados antes de la pandemia, que por múltiples motivos pudieron recién concluirse este año. Del total de estrenos, alrededor de un tercio recibió algún estímulo del Estado, vía la ley de cine y/o el Fondo Ibermedia, y el resto fue con financiamiento privado.
¿Augura estas cifras un futuro promisorio del cine nacional? Lamentablemente no, todo sigue siendo muy precario en el cine peruano, empezando por la propia ley de cine. Porque, no hay que olvidarlo, este tema sigue todavía pendiente en el Congreso.
En junio fue aprobado por la mayoría parlamentaria, de manera expeditiva y sin mayor debate con los sectores involucrados, el proyecto de nueva ley de cine condensado en la Comisión de Economía -y no de Cultura y Patrimonio Cultural, como correspondía-. El texto tomaba como base el proyecto de la fujimorista Juárez, con agregados de la propuesta de la liberal Tudela, y contrabandos censores adicionales de los sectores ultraconservadores y terruqueadores que dominan esa institución.
El pretexto fue “corregir” el Decreto de Urgencia N° 022-2019 promulgado en tiempos de Vizcarra, repitiendo buena parte del articulado de la norma de marras. El verdadero objetivo era, sin embargo, establecer un sistema censor de temas incómodos al régimen, así como limitar la participación de cineastas con menores recursos y posibilidades (empezando por los regionales) con una disposición elitista que obliga a las empresas productoras a contar con una financiación de no menos el 30% del total del presupuesto para poder postular a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura.
El modelo de “cine peruano” ansiado por los legisladores es la producción extranjera en el país, que bienvenida sea, siempre y cuando se condicione a una Comisión Fílmica como la que se venía discutiendo a nivel interministerial, que como en otros países de la región brinde facilidades tributarias para promoverla, incorporando a los técnicos y artistas peruanos, además de las locaciones. Nada de esto tendría que afectar la producción nacional que debería discurrir por otros cauces y con presupuesto propio, incluida la llamada Ventanilla Única de Autorización para Filmaciones, que podría convertirse en otro mecanismo censor bajo administración del Viceministerio de Turismo, y no Cultura como corresponde.
Los puntos quedaron en suspenso con la inesperada observación del Ejecutivo del 22 de julio, casi sobre el borde del plazo legal, que plantea cuestionamientos a puntos álgidos del proyecto congresal, que también toca el tema de la creación de la Cinemateca, y la posibilidad de acceso a créditos fiscales y mecenazgo de las empresas para apoyar la producción local. Lo cierto es que, si bien el asunto ya no está en el escaparate mediático, se encuentra lejos de haber terminado. La congresista Tudela, confirmando su interés personal en el tema, propuso la insistencia del proyecto, el mismo que fue derivado nuevamente a la Comisión de Economía – puenteando una vez más a la de Cultura. Veremos si la mesa directiva, presidida por el acciopopulista Ilich López, repite o no el comportamiento poco democrático y dialogante de quienes lo precedieron.
Mientras tanto, en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, una representación del Colectivo por la Cinemateca Nacional presentó su respaldo a las observaciones del Ejecutivo en el tema puntual de los archivos audiovisuales, solicitando la incorporación del texto en el nuevo proyecto de ley de cine ante la urgente situación que atraviesa el patrimonio audiovisual en el país, que es el único que a la fecha sigue careciendo de archivo oficial en la materia en la región.
Y es que no es solo el Legislativo es el problema, también el Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, y en especial la Dirección de Audiovisuales (DAFO) ha contribuido a la situación de peligroso inmovilismo que vive el cine peruano. Por de pronto, en cuanto a la Cinemateca, y luego de la labor de casi un año del Grupo de Trabajo creado por el propio ministerio, se constituyó una Unidad Funcional Cinemateca Peruana bajo supervisión de la DAFO, sin autonomía ni presupuesto. Por esto, el Colectivo por la Cinemateca Nacional demandó que los Estímulos a la Preservación Audiovisual del 2025 sean abordados por esta nueva dependencia, ante los cuestionamientos al “comité de evaluadores” que funcionó este año en la práctica como jurado -pese a no ser la modalidad de concurso- con plenos poderes, poco conocimiento y mucha arbitrariedad en un asunto tan delicado. Hasta la fecha no hay ninguna respuesta.
No solo en el campo de la preservación hubo problemas, a inicios de año la convocatoria a todo el plan anual de estímulos al audiovisual vino con una trampa censora –por suerte retirada luego de presión de algunos cineastas. Además, se concentraba todo el cronograma en pocas fechas y se eliminó sin mayores explicaciones los concursos referidos a posproducción, investigación y de desarrollo para series. Lo preocupante es que hasta fin de este año 2024 no se ha constituido el Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan Anual de Estímulos para el sector por propia (in)decisión del Ministerio de Cultura, corriéndose el riesgo de presentarse las mismas o peores dificultades que este año, cuyo plan tuvo que ser remedado en forma parcial, y sobre la marcha, ante la evidente molestia que ocasionó en los principales gremios de cine.
Hay que decir que esta situación es consecuencia de una aptitud medrosa y contemplativa de muchos en el campo cinematográfico respecto al manejo de la ley y los estímulos desde hace años. Así como era más que justificada la rechifla a la ministra Leslie Urteaga en la inauguración del Festival de Cine de Lima, por la evidente doblez de su accionar como funcionaria de Boluarte; se extraña una actitud crítica firme siquiera cercana frente a los funcionarios encargados de aplicar la ley de cine en la DAFO, amparados en la burocracia y sus leguleyadas, salvo que el temor a ser excluidos de los concursos sea más poderoso que la libertad de opinión en los cineastas.
En todo caso, esas acciones e inacciones quedan como uno de tantos temas pendientes de este agitado año, donde otros aspectos que requieren atención son los preocupantes “éxitos” de taquilla, y el poco impacto en el público de las más interesantes películas estrenadas, en especial regionales, ante un sistema de exhibición comercial siempre restringido, y donde las producciones nacionales, pese al incremento, siguen siendo intrusas. Otro tema a considerar es el laboral, y el cada vez mayor relegamiento del técnico nacional en las producciones, y las no pocas denuncias de acoso sexual, que siguen pendientes de sanciones, más allá de las redes sociales.
Difícil esperar cosas buenas para 2025 mientras se mantenga un gobierno y Congreso como el actual, y el macartismo obtuso siga campeando, atacando cualquier obra que salga de su molde intolerante (como la visceral campaña contra un proyectado documental a Susana Baca). Sin embargo, en el pequeño espacio de nuestro cine, es imperativo seguir apostando a la defensa y el cambio en los diferentes aspectos de este arte y oficio de los siglos XX y XXI, para que sea posible para tod@s.
