En las elecciones de este año, para seguir con la costumbre, la cultura ha sido la relegada de casi todos los planes de gobierno, la última rueda del coche de sus prioridades. Salvo la propuesta de Juntos por el Perú, que desarrollaba lineamientos de cambio importantes y democráticos en este campo, con propuestas concretas, y en menor grado el Partido Morado, que planteó un continuismo remozado de lo hecho hasta ahora en el sector, en el resto de agrupaciones había muy poco sobre el tema, más allá de las expresiones retóricas y protocolares sobre la cultura y el Perú, o incluso omitiendo toda mínima mención sobre el asunto. El extremo fue el candidato de Renovación Popular, que desde un principio arremetió contra el Ministerio de Cultura, no tanto por sus errores de gestión y posibles casos de corrupción, sino para liquidarlo al más puro estilo Bolsonaro, que parecen repetir la frase atribuida a Goering de “cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola”.  

Como se sabe, de todos esos partidos los que quedaron para la segunda vuelta fueron Perú Libre con Pedro Castillo y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. En los programas de ambas agrupaciones la mención a la cultura es pequeña y llena de generalidades.

En el caso de Perú Libre se comete el gran equívoco de relegar la cultura al servicio turístico, colocando toda nuestra riqueza patrimonial y arqueológica para su uso mercantil, sin definir la política frente a los intereses inmobiliarios y extractivos, que buscan disminuir las medidas de protección y puesta en valor de nuestro pasado que pudiera poner en riesgo sus negocios. Resulta positivo que se resalte que el Estado debe garantizar la difusión de la cultura en todos los medios, pero para que eso se haga efectivo debe no solo abrirse espacios para la difusión, también propiciar la producción nacional que lo haga posible, y no se dice nada al respecto. No hay nada en cuanto a la cultura como factor de relación humana y construcción de ciudadanía e identidad nacional, lo que trasciende a los actores culturales y compromete a toda la población, como lo podemos ver en estos días de elecciones donde el racismo y clasismo imperan en los medios.  

Llama la atención que en este punto no se haya recogido experiencias exitosas de otros países en políticas culturales promotoras y soberanas con gobiernos de izquierda en la región, caso Brasil, Uruguay y Ecuador, y en especial Bolivia, con su afirmación como Estado multiétnico y pluricultural.

Lo de Fuerza Popular parece otro enunciado de encargo, que parte de algunas cifras del Ministerio de Cultura respecto a la crisis del sector, en especial con la pandemia, pero sin mayor profundización en la misma, ni articulación con el resto de la sociedad. La propuesta de impulso a la “economía naranja” en las industrias culturales, según la definición de UNESCO, parece priorizar los emprendimientos rentables de cara al exterior, tal como viene haciéndolo el gobierno colombiano, otro ferviente defensor de la “economía naranja”, y que acaba de decretar el fin de los recursos autónomos para su cinematografía (que era la base de su Ley). En lo demás, salvo la iniciativa de constituir un Instituto Nacional de Danza (¿por qué exclusivamente para esa actividad?) no hay nada más que vaguedades y saludos a la bandera.

Sin embargo, más allá de los programas, que casi siempre terminan como papel mojado, debemos fijarnos en la praxis, y allí el fujimorismo tiene largo historial, no solo durante el gobierno del padre, sino más recientemente, ya con Fuerza Popular, cuando fueron aplastante mayoría en el Congreso y mantuvieron el control ininterrumpido de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Legislativo. Ahí están los entrampamientos a una nueva Ley del Libro, a la Ley del Artista y la Ley de Cinematografía, que se negaron a colocar con cualquier pretexto en segunda votación para evitar su promulgación.  

Se ha dicho que ambas candidaturas transmiten preocupaciones autoritarias y contra la libertad de expresión, pero en el caso de Castillo, más allá de declaraciones altisonantes de algunos miembros de la agrupación, desmentidas por el propio candidato; son temores y presuposiciones. Por el contrario, con la gente de Keiko hay certezas y pruebas, evidenciadas una vez más por el actuar al unísono a su favor de todos los medios de comunicación en esta campaña, y el castigo a los periodistas que no se sometan. No hay que olvidar que en estos años fueron parlamentarios de FP y sus seguidores los que estuvieron en primera fila para introducir la apología del terrorismo en la Ley de Cine, terruqueando a los creadores de las Tablas de Sarhua, amenazas permanentes al Lugar de la Memoria (LUM) y vandalismo del monumento al Ojo que llora, entre otras acciones. Además de las campañas de censura y persecución ideológica promovidas por sus amigos de viaje de la Coordinadora Republicana, los voceros del Sodalicio, y el colectivo de Con Mis Hijos No te Metas, una alianza ultraconservadora que puede ser nefasta como ya se vio en España y ahora en Brasil.

Lo cierto es que sea cual sea el resultado de las elecciones en junio, la cultura muy posiblemente seguirá postergada de las prioridades del nuevo gobierno, más aún en situación de emergencia, sino perseguida con ánimo vengativo por algunos sectores. Tocará a las organizaciones en este sector, y la propia ciudadanía, poner en agenda las demandas, y traducirlas en acciones concretas. La convocatoria a una Asamblea Constituyente que redefina el tipo de país que queremos, podría ser una oportunidad para afirmarnos, también en lo cultural, que país queremos y podemos ser.