El Perú es uno de los pocos países que aún mantiene fuertes restricciones a la despenalización del aborto, incluso si la vida de la mujer está en riesgo o si esta ha sufrido una violación sexual.

Tenemos un protocolo de atención de aborto terapéutico que pocas veces se hace efectivo en la vida de quienes en mayor peligro se encuentran: las niñas y adolescentes. El protocolo, sumamente restrictivo, y sus operadores, llenos de prejuicios, impiden que las niñas y adolescentes peruanas, con el triple riesgo de muerte por su embarazo forzado, accedan a un aborto rápido, porque los operadores de salud las terminan tratando como si fueran gestantes maduras y como si estuviera bien que estas niñas se conviertan en madres sin importar sus derechos sexuales y reproductivos.

El embarazo infantil y adolescente afecta profundamente la vida de las mujeres, su posterior maternidad les recorta no solo muchísimos de sus sueños, sino la posibilidad de escapar de las cadenas de pobreza y violencia a la que la mayoría está sometida. En nuestro país, al menos 5 niñas menores de 14 años dan a luz cada día producto de la violencia sexual, y son las jóvenes de áreas rurales quienes tienen el doble de riesgo de ser embarazadas en comparación con las que viven en zonas urbanas.

Esta realidad seguirá afectando la vida de la mitad de la población peruana si no se avanza en la formulación de soluciones que eviten que las mujeres sigan en desventaja y vivan continua violencia sexual desde pequeñas. Políticas públicas que prevengan la violencia como el enfoque de género y leyes que permitan a las mujeres abortar sin ser criminalizadas para que ellas puedan decidir en ser madres sobre la base del amor y no de la imposición es lo que nos falta.

La lucha de las mujeres continuará hasta conseguirlo.