Decreto de Urgencia para huérfanxs de feminicidio es insuficiente

Hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia que establece una ayuda económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas de feminicidio N° 005-2020, en donde se establece la entrega bimestral de una pensión para lxs huérfanos menores de 18 años o alguna persona con discapacidad moderada o severa que haya dependido económicamente de la víctima.

El reglamento de este decreto de urgencia debe salir en un mes aproximadamente y establecerá el monto que se otorgará a lxs familiares, pero la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que la cantidad es de entre 300 y 350 soles aproximadamente.

Hoy, unas horas antes de la publicación del DU, el colectivo Familiares de víctimas de feminicidio Ni una asesinada más, presentaron una carta al presidente Martín Vizcarra, en donde le señalan 11 puntos que deberían incluir en cualquier medida que se realice a favor de las víctimas indirectas de la violencia de género.

Días antes, más de un centenar de activistas feministas presentaron otra carta al presidente Martín Vizcarra para que implemente un Programa completo de reparación para lxs familiares de víctimas de feminicidio, siendo una delegación recibida por este en Palacio de Gobierno.

Lamentablemente, estas demandas no fueron escuchadas por el presidente al elaborar el DU solamente con la dación de una mísera pensión que no alcanzará para garantizar nada a lxs huérfanxs y mucho menos a personas con discapacidad severa.

La activista feminista María Ysabel Cedano señaló para Mano Alzada que “nos estamos enfrentando a un Estado y gobierno neoliberal que no razona en términos de derechos humanos, es decir, asumiendo responsabilidades y comprometiéndose con garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral”.

Añadió que “reparar por no haber protegido, prevenido, sancionado, etc., es restituir derechos quitados y compensar por daño ocasionado, es decir, indemnizar, y conforme a estándares de derechos humanos, no debería ser menos de 10 mil dólares”.