#FeminicidioEmergenciaNacionalPerú El pasado lunes 6 de enero se entregaron 110 cartas exigiendo al presidente Vizcarra atención urgente de 17 demandas colectivas empezando por:
“La creación e implementación de un Programa de atención integral para las víctimas directas e indirectas de la violencia de género, especialmente los niños, niñas y adolescentes huérfanos por el feminicidio.
En el 2018 se creó la estrategia Te acompañamos, pero no ha sido efectiva, por tanto, demandamos un programa integral y con presupuesto que garantice a los familiares asistencia en salud y educación: becas educativas y acompañamiento; vivienda, alimentación, seguridad social gratuita, pensiones por orfandad, seguros de vida, así como programas de empleo.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú creó la estrategia Te acompañamos, “con el fin de que las víctimas que resulten afectadas en los casos de tentativa de feminicidio logren acceder a los derechos que les reconoce el Estado. En esta norma se considera a las víctimas afectadas de manera indirecta, en los casos en que la sobreviviente quede con daños graves (RM N° 307-2018-MIMP)[1]”.
La norma considera como beneficiarias a las personas que dependen directamente de la víctima como: hijos, hijas menores de edad o mayores que estén realizando estudios universitarios. Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que se encuentren en estado de desamparo”
Ver: Estrategia te acompañamos
Según nos informaron las compañeras delegadas, el presidente mostró especial interés y compromiso con el caso de Solsiret Rodríguez y con la demanda antes mencionada cumpliendo con colocarla en la agenda de la primera reunión del Consejo de Ministros.
Hoy se acaba de publicar el Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio N° 005-2020.
Resumiendo, la estrategia Te Acompañamos del Programa nacional contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar (antes Programa nacional contra la violencia familiar y sexual) no funciona según testimonios de las sobrevivientes y familiares de las víctimas de feminicidio, por lo que demandamos un programa integral con presupuesto específico y el Gobierno responde otorgando una asistencia económica que no satisface la demanda propuesta.
Mi particular reflexión es que sobrevivientes, familiares, activistas y organizaciones feministas nos estamos enfrentando a un Estado y gobierno neoliberal y patriarcal que no razona ni responde en términos de derechos humanos, es decir, asumiendo responsabilidades y comprometiéndose con garantizar acceso a la justicia y reparación integral, y que no trata a las sobrevivientes y víctimas como ciudadanas y trabajadoras.
El presidente se “compromete” con la mamá de Solsiret Rodríguez como caso individual, pero no con los derechos humanos de todas las mujeres.
El DU no es una medida de reparación y no repetición por no haber recibido las denuncias, investigado, protegido, prevenido, sancionado, etc., no repara porque no garantizará la restitución de derechos quitados ni compensará el daño ocasionado. No indemniza.
Conforme a estándares de derechos humanos, por no cumplir con sus obligaciones para garantizar una vida libre de violencia con la debida diligencia la compensación económica no debería ser menos de 10 mil dólares.
El gobierno habla de subsidio y asistencia económica porque su lógica es de asistencia a los pobres. Están tomando como referencia los programas sociales del MIDIS que es el dinero que disponen. Una persona con discapacidad severa recibe 300 soles cada dos meses por el programa Contigo. Eso es el monto de asistencia económica que pueden dar sin afectar sus acuerdos en materia fiscal con los poderes económicos.
La asistencia económica aprobada no es para ciudadanas con derechos fundamentales y trabajadoras sobrevivientes y víctimas indirectas con derecho a un ingreso mensual equivalente a una remuneración mínima vital. Son pobres a los que el Estado no puede garantizar una vida digna.
Todo esto no le quita el mérito de la lucha y acción feminista y de las familias organizadas. Es una reflexión necesaria, además, en un contexto electoral donde candidatas fujimoristas y antiderechos niegan que los feminicidio y la violencia sexual sean problemas graves en el país.
Nos toca seguir en la lucha.
