Luego de que se hicieran públicos los audios de la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde el juez César Hinostroza era uno de los principales implicados en el tráfico de influencias para favorecer a delincuentes, violadores, otros operadores de justicia, empresarios, etc., el entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sacó la Resolución Administrativa N° 253-2018-P-PJ el 11 de julio con el fin de trasladar a Hinostroza a la Sala Constitucional y Social Permanente, presidida por Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, en lugar de Silvia Rueda Fernández.

Esta Sala había sido constituida el 4 de enero de 2018 en la apertura del año judicial, con la Resolución Administrativa N° 001-2018-P-PJ, por los siguientes miembros: Vicente Walde Jáuregui (presidente), Silvia Rueda Fernández, Julio Wong Abad, Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo y Ramiro Bustamante Zegarra.

Luego de los audios de la vergüenza, se constituyó así con la Resolución Administrativa N° 253-2018-P-PJ: Vicente Rodolfo Walde Jauregui (Presidente), César José Hinostroza Pariachi, Julio Martín Wong Abad, Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, Ramiro Antonio Bustamante Zegarra. Silvia Rueda había sido removida para dar lugar a Hinostroza, quien ya empezaba a generar un alto rechazo debido a sus evidentes actos de corrupción, que incluían liberar a violadores de niñas y adolescentes. 

Ahora que Duberlí Rodríguez ya no está para defender esa transferencia, por fin fue echado de toda instancia jurisdiccional el 24 de julio gracias a la Resolución Administrativa N° 271-2018-P-PJ, que vuelve todo a fojas cero, es decir, con los mismos miembros. ¿A qué estaba jugando el Poder Judicial? ¿Creían que, como siempre, el pueblo peruano acostumbrado a la corrupción dejaría que los corruptos solo cambien de lugar y nada más?

El abogado de Cipriani

Walde Espinoza, el presidente de la Sala que decidirá si el enfoque de género continúa en el currículo de educación, sigue en su puesto a pesar de haber defendido al cardenal Cipriani en su juicio contra la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí hay un claro conflicto de intereses ya que Cipriani es un opositor consumado del enfoque de género en la educación y lo ha demostrado en diversas declaraciones. ¿Cómo el defensor de Cipriani puede decidir, entonces, si el enfoque va o no va?

Aquí pueden leer el informe completo hecho por Wayka: Conflicto de intereses en Sala Suprema que decidirá sobre currículo escolar.