Lima, 14 de noviembre de 2025. Durante dos jornadas de diálogo con expertas del Comité CEDAW de la ONU, activistas de diversas regiones denunciaron la captura del Estado por intereses patriarcales, el avance de discursos antiderechos y la falta de voluntad política para enfrentar la violencia de género.

“En el Perú, los agresores administran la justicia”, con esta frase, feministas de distintas regiones resumieron el diagnóstico de un país donde la violencia machista y la impunidad son parte de la estructura de poder. Así lo expresaron durante las Jornadas por Políticas de Prevención de la Violencia Machista, organizadas en el marco de la elaboración de la Recomendación General N.º 41 sobre estereotipos de género del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Las activistas advirtieron que el Perú atraviesa un retroceso en derechos derivado de una ofensiva política y religiosa que bloquea las políticas de igualdad y vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Denunciaron, además, la falta de respuesta efectiva frente a un contexto de violencia estructural y normalizada.

Una encuesta aplicada en cinco territorios —Huánuco, Comas, El Agustino, Tacna y San Martín— revela que el 30% de la población aún asocia la dignidad de las mujeres con la virginidad, y en regiones como Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, la tolerancia hacia la violencia supera el 80%. Los resultados muestran además que, 1 de cada 10 personas cree que cuando una mujer dice “no”, en realidad quiere decir “sí”. En Huánuco, Tacna y El Agustino, esa cifra se eleva a 1 de cada 5 personas. Teniendo en cuenta que solo de enero a setiembre de este año, se registraron más de 22 mil casos de violencia de género atendidos, lo que evidencia una problemática estructural que sigue en aumento.

Testimonios desde los territorios: violencia, abandono, impunidad y criminalización
Desde Piura, Leslie Chira, del colectivo Generación Orgullo, denunció que el gobierno regional bloqueó el Plan de Igualdad de Género por incluir a personas LGTBIQ+. En Amazonas, Rosmery Pioc reveló que desde 2010 se han registrado más de mil violaciones sexuales a niñas awajún sin acceso a intérpretes, médicas legistas ni justicia. “Lo que más violan son los que más leen: policías, maestros, abogados, ingenieros. Hay un sistema fallido”, afirmó.

Desde Lima, Ayesha Dávila, de CreSiendo, alertó sobre la criminalización de defensoras de derechos humanos y la creciente influencia de operadores religiosos en el Congreso que impulsan leyes contra el derecho a decidir, la igualdad de género y los derechos LGTBIQ+. Leslie Quispe, de Féminas, denunció proyectos de ley que prohíben el acceso a terapias hormonales para menores trans y restringen el uso de baños públicos según identidad de género. Mientras que, Angela Villón, representante de las trabajadoras sexuales organizadas, denunció que la violencia y la extorsión que enfrentan no es reciente: “El crimen organizado nos mata y desaparece, pero nadie nos escucha por ser trabajadoras sexuales”, declaró.

La mirada internacional: la CEDAW frente al retroceso democrático

Las expertas del Comité CEDAW, Leticia Bonifaz (México) y Patsili Toledo (Chile), recogieron los testimonios y aportes que servirán para la Recomendación General N.º 41, una herramienta internacional que orientará a los Estados en la eliminación de estereotipos, la transformación de patrones socioculturales y la garantía de la igualdad sustantiva.

Las activistas coincidieron en que el desafío actual no es solo jurídico, sino profundamente político: frenar la captura conservadora del Estado y exigir una reforma estructural del sistema judicial y de las políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia.

Para Cynthia Silva, abogada de DEMUS e integrante del Grupo de Trabajo contra la Impunidad de la Violencia Sexual, la violencia machista no es un hecho aislado sino una estrategia de dominación política. “Hoy la violencia sexual y la corrupción convergen en una misma estructura de poder que desmantela las políticas de igualdad y protege a los agresores. La violencia funciona como una herramienta de control social. Mientras los agresores administren justicia, no habrá democracia ni Estado de derecho posible para las mujeres ni para las diversidades en el Perú.”, afirmó en su intervención.

Además, la socióloga Emilia Salazar, también de DEMUS, recordó que el caso Manta, sobre violaciones sexuales cometidas por militares en Huancavelica, se encuentra ante la Corte Suprema, en un contexto en el que los condenados impugnaron sus sentencias. “El desenlace de este proceso mostrará si el sistema judicial peruano está dispuesto a romper con la impunidad histórica de la violencia sexual”, advirtió.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2024) del INEI, el 71.3% de la población peruana mantiene actitudes sexistas y el 56.5% justifica la violación sexual, lo que confirma la urgencia de políticas sostenidas y educativas para erradicar la violencia estructural. Las activistas coincidieron en que el desafío no solo es legal o institucional, sino cultural y político.

Con las jornadas se refuerza la convicción de que prevenir las violencias es hacer justicia desde la afirmación de los derechos. Para Demus, cada acción en las escuelas, en los territorios y en las calles es sinónimo de resistencia feminista frente al autoritarismo y al odio.