Era julio de 2015 cuando la sociedad peruana fue testigo, una vez más, de un repudiable acto de violencia de género en contra de una mujer. Esta vez, Ayacucho era el escenario del terror y fue Arlette Contreras quien tuvo que sufrir las consecuencias de la violencia machista que impera en nuestro país, pues Adriano Pozo, hijo sano del patriarcado, intentó “nada más y nada menos” que arrebatarle la vida previo intento de sometimiento a un forzoso acto sexual.

Los y las peruanas fuimos testigos del repudiable hecho promovido por la actitud violenta y misógina de Adriano Pozo, lo cual fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que no dejaban lugar a dudas respecto a la flagrancia de los actos delictivos que atentaron en contra la integridad física y psicológica de Arlette. Sin embargo, lo que generó mayor indignación fue que el 22 de julio de 2016, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho haya calificado los hechos, bajo un perverso razonamiento jurídico, solamente como delito de lesiones leves, condenando a este insano sujeto únicamente a un año de pena privativa de la libertad suspendida, es decir, no pasó nada.

Es por ello que, ante el atropello registrado, esta vez proveniente del propio Estado a través de una sentencia vergonzosa, pues supuestamente son nuestras instituciones las que más debieran protegernos y cautelar el ejercicio efectivo de nuestros derechos, la población decide alzar la voz bajo el lema #NiUnaMenos. Tal es así, que en agosto del 2016 todo el Perú se levantó ante una histórica movilización nacional, que tuvo a Arlette como especial actora social, pues ella, además de ser víctima directa de la violencia machista y de las atrocidades del sistema de justicia peruano, es hasta la fecha una de las mujeres que más inspira en la lucha contra la violencia de género en nuestro país.

Pero, ¿qué pasó con el caso de Arlette?, ¿se sancionó como se debe al responsable de tal acto?

La respuesta es no, y ello porque pese a la manifestación de buenas voluntades de parte de nuestras autoridades, el Poder Judicial continúa siendo uno de los espacios en donde más ineficiencia estatal puede registrarse.

Arlette vive hasta el día de hoy la continuidad de la violencia, pues además de ese suceso lamentable del cual fue víctima, ha sido –como solo puede pasar en el Perú– víctima de sanción social y además afectada por el desgaste emocional que produce el sistema de administración de justicia en nuestro país por su evidente falta de celeridad y su actuar indolente.

Luego de la presión social, que de manera colectiva hemos podido realizar las mujeres en el Perú, es que en noviembre del 2016 el Poder Judicial anula la sentencia de la vergüenza y dispone el inicio de un nuevo juicio oral. Es en febrero del 2017 que se lleva a cabo el inicio del nuevo proceso, pero la ineficiencia persiste, puesto que Arlette, quien ya no radica en su natal Ayacucho, solicitó que el caso pueda tratarse en Lima, considerando además que se denunciaron actos irregulares por presuntos vínculos amicales entre los miembros del Poder Judicial de Ayacucho que dictaron sentencia y la familia del “agresor sano” Adriano Pozo. Sin embargo, en mayo del 2017 se le niega la transferencia del caso a una sede judicial de Lima que buscaba velar por el principio de imparcialidad procesal que debe prevalecer en todo caso.

Ya nos encontramos en el 2018 y el proceso aún continúa, acompañado del dolor de las peruanas que vemos que pese de tratarse de un caso tan icónico que despertó la indignación colectiva del pueblo y que promovió diversos compromisos del Estado, la situación permanece al amparo de la nefasta justicia que impera en nuestro país. Situación que duele, golpea y atenta con la dignidad de todas las mujeres que queremos un país libre de violencia para nosotras, pero que además queremos a un Estado que realmente nos escuche, que eduque con real sentido de valoración a los seres humanos, que tenga una mirada con enfoque de género en cada una de sus políticas públicas implementadas y que actúe con firmeza cuando nuestras vidas y libertades corren grave peligro por culpa de la violencia machista.

Es por ello, que una vez más pedimos, exigimos y aclamamos justicia para Arlette, pues ella representa a miles de mujeres y estamos convencidas que la resolución de su caso será un importante precedente jurídico para los casos futuros que lamentablemente llegarán.

Hemos tomado conocimiento que recién el pasado miércoles 13 de febrero, después de más de un año de duración de este segundo juicio oral, se sustentaron los alegatos finales del caso y MAÑANA VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 se llevará a cabo la LECTURA DE SENTENCIA a las 5:30 PM en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en la sala de audiencia N° 4.

Las mujeres del Perú instamos a los magistrados que ven el caso actualmente KARINA VARGAS BÉJAR, ALFREDO BARRIENTOS ESPILLCO y PANTALEÓN ZEGARRA HUAYHUA a que demuestren que los compromisos asumidos por quienes tienen la actuación de la justicia en sus manos es cierto, que nos demuestren que en el Perú aún podemos creer en la justicia y que el sentir del #NiUnaMenos ha permitido que se hagan reformas internas en el Poder Judicial para que las mujeres peruanas sintamos que aún podemos vivir con dignidad.

 

 

Foto: Andina