Lo que le pasó a Teodora Vásquez fue una violación sistemática de sus derechos humanos por ser mujer, por ser indígenas y por ser pobre en el Salvador, uno de los siete países que condena con varios años de cárcel a las mujeres que no quieren ser madres por obligación.
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los siete países que tienen penas de cárcel efectiva para las mujeres que abortan en cualquier circunstancia. Y eso es lo que le pasó a Teodora, que se sumó a la lista de 49 mujeres que han sido sentenciadas a penas de entre 12 y 30 años de cárcel en El Salvador.
El 14 de julio de 2007, Teodora tuvo una emergencia obstétrica, llamó al sistema de emergencia público, pero no obtuvo respuesta, y terminó teniendo un parto extrahospitalario en el baño del colegio donde trabajaba limpiando. Otro trabajador encontró el feto, llamó a la policía y sostuvo que su muerte había sido intencionada. El sistema de emergencia no llegó pero la policía sí, y con la hemorragia encima, detuvieron a Teodora, quien a los 24 años fue condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de su hija.
Diversas organizaciones de derechos humanos y feministas alzaron la voz contra la injusticia que estaba viviendo Teodora, e iniciaron una serie de campañas para liberarla a ella y a “las 17 y muchas más” que actualmente están presas. Lucha que traspasó fronteras y visibilizó lo terrible que es vivir en países en donde se penaliza el aborto en todas sus causales y se obliga a las mujeres a ser madres o morir por no cumplir este mandato, empujadas a la clandestinidad, el riesgo y la muerte.
En diciembre de 2017, Teodora pidió una revisión de su sentencia pero el Tribunal confirmó la condena, ella apeló en enero de 2018 a la Corte Suprema de Justicia, y fue esta la que le conmutó la pena por haber cumplido más de un tercio de su condena. Ahora por fin podrá vivir con su hijo de 14 años a quien le quitaron diez años de la vida de su madre a su lado.
Al salir del penal de mujeres de Ilopango, Teodora declaró: “Me siento muy contenta de regresar nuevamente con mi familia. Durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos. Estoy ilusionada por seguir luchando por otras compañeras que están presas injustamente. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y estoy muy contenta por estar de nuevo con mi familia”. Lo que anuncia el compromiso de Vásquez por que otras mujeres no vivan lo que ella vivió.
La Corte sostuvo que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación” y que “la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando”. Teodora Vásquez estuvo presa diez años sin haber violado ninguna ley, ni siquiera la más injusta de todas.
Fotos de Reuters y EFE