Este sábado 5 de marzo, a partir de las 3 pm, miles de mujeres saldrán a las calles a marchar contra la violencia machista y neoliberal por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora #8M.

Las actividades conmemorativas se realizarán en diversas regiones del país denunciando el sistema capitalista, neoliberal y extractivista que ha privatizado al Estado, ha precarizado el trabajo beneficiando a unos cuantos y no ha invertido el producto del crecimiento económico en sectores vitales como la salud y la educación.

Así también, exigen “un gabinete que garantice e impulse la política nacional de igualdad de género en todo el aparato estatal, un gabinete libre de agresores, sin cuestionamientos por corrupción y con funcionarios/as sin antecedentes de vulneración de derechos y de actos discriminatorios”.

En Lima el punto de concentración es en Palacio de Justicia, mientras que en Cusco es en Mariscal Gamarra (3 pm), en Puno en Parque Pino (3 pm), en Trujillo en la Plazuela El Recreo, en Cajamarca en la Plazuela Belén (2:30 pm) y en Junín en Wayka Café Cultural (10 am).

En Arequipa, Huaraz, Ayacucho, Moyobamba, Ica, Tacna y Junín se realizarán actividades el mismo martes 8 de marzo.

PRONUNCIAMIENTO #8M “Contra la violencia machista y neoliberal”

Este 8 de marzo conmemoramos la lucha histórica de los derechos de las mujeres en su diversidad: niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores y disidencias, trabajadoras del hogar, mujeres cuidadoras no remuneradas, ambulantes, sindicalistas, campesinas, estudiantes, lideresas de Ollas Comunes y Comedores Populares, trabajadoras sexuales, acompañantes en procesos de aborto; afrodescendientes, indígenas andinas y amazónicas, migrantes, racializadas; con discapacidades, neurodivergentes, que viven con alguna enfermedad de riesgo; lesbianas, trans, bisexuales, no binaries; defensorxs de cuerpos y territorios autónomos; familiares de víctimas de feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas y sobrevivientes al conflicto armado y más.

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos dirigimos a los Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial; a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, para expresar lo siguiente:

Denunciamos este sistema capitalista, neoliberal y extractivista que ha privatizado al Estado, ha precarizado el trabajo beneficiando a unos cuantos y no ha invertido el producto del crecimiento económico en sectores vitales como la salud y la educación. El sistema se sostiene del trabajo de cuidado no remunerado, que recae en miles de mujeres y de la flexibilización de los derechos laborales. Un sistema en el que mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas y personas con diversas identidades de género, entre otras, sufren permanente discriminación laboral, precarizando más sus vidas.

Algunas cifras del INEI y BID evidencian que más del 20.4% del PBI corresponde a ese trabajo gratuito de las mujeres en casa. El 30% del país no cubre con sus ingresos la canasta básica de alimentación y la informalidad del trabajo llega al 80% de los peruanos. De cada 10 mujeres, 8 realizan trabajo informal, mientras que para el caso de las mujeres con discapacidad 8 de cada 10 no se encuentran trabajando ni buscando trabajo. El 57.3% de las mujeres tiene empleos vulnerables, entre los que se incluye los empleos temporales; el 59% no puede trabajar porque tiene que ocuparse del hogar. Las mujeres indígenas ganan 50% menos que las mujeres blancas o mestizas, y las afroperuanas sólo el 57%.

Denunciamos que los grupos de poder económico, político y religioso, vienen generando constante crisis política en el país, fragilizando nuestra democracia, con el único propósito de que el Estado responda a sus intereses particulares. Para ello, han capturado la institucionalidad estatal con sus redes de corrupción, mafias, pactos y negociados. La concentración de medios de comunicación, desinforma a la ciudadanía y responde a intereses económicos particulares, difamando y terruqueando a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza.

Los poderes del Estado se muestran patriarcales en sus leyes y acciones conservadoras y autoritarias, que refuerzan los roles tradicionales de hombres y mujeres, la vigencia del trabajo doméstico no remunerado, controlan nuestras sexualidades y reproducción. Esta violencia estructural de género tiene una expresión final en el feminicidio, la violación sexual y la violencia física, psicológica y económica.

Por eso, las mujeres en su diversidad y disidencias que conformamos la Asamblea #8M, demandamos reformas, así como políticas de Estado llevadas adelante por un gabinete calificado, anticorrupción y paritario. Tener una compañera feminista con el perfil idóneo para el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no es suficiente para conformar un gabinete coherente en lo personal y político con los derechos de la mujer y el rechazo a toda forma de discriminación. Urge un gabinete que garantice e impulse la política nacional de igualdad de género en todo el aparato estatal, un gabinete libre de agresores, sin cuestionamientos por corrupción y con funcionarios/as sin antecedentes de vulneración de derechos y de actos discriminatorios.

Nuestras demandas son:

1. Garantizar condiciones laborales dignas, remuneraciones justas y respeto de los derechos laborales, entre ellos, el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, la estabilidad laboral y el derecho a la huelga. Rechazamos la represión y criminalización por exigir dichos derechos.

2. Reconocer el trabajo doméstico como trabajo no remunerado que aporta más del 20% del PBI y respetar los derechos laborales de las mujeres que maternan.

3. Aprobar e implementar el Sistema Nacional de Cuidados, incorporando los aportes de la sociedad civil, las demandas de mujeres indígenas, con discapacidad, que maternan, entre otras. Así como disponer de lactarios y guarderías que permitan su desarrollo laboral e integral.

4. Asegurar una educación de calidad, inclusiva, con igualdad a niñas y adolescentes, que les garantice mejores oportunidades de empleo pero también educación sexual integral y autonomía reproductiva para no truncar sus proyectos de vida.

5. Prevenir y sancionar el acoso, violencia, hostigamiento y discriminación en todas sus formas en los centros laborales y educativos.

6. Impulsar el cumplimiento del Convenio 190- OIT y ejecutar la implementación del Plan de Acción para el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar 2019-2021 en el marco del Convenio 189-OIT.

7. Erradicar la intermediación y tercerización laboral de los servicios de limpieza pública. Por ello, denunciamos al alcalde de Lima, Jorge Muñoz por incumplir la Ley Nro.31254, vulnerando los derechos de las obreras de limpieza del Sindicato Sitobur.

8. Sancionar de acuerdo a las leyes establecidas a los padres que incumplan con el pago de las pensiones alimenticias y se burlen del sistema de justicia quedando en total impunidad.

9. Actuar con celeridad en los procesos de nacionalización de mujeres madres migrantes víctimas de violencia con hijos de padres peruanos.

10. Combatir y erradicar la criminalización y represión contra las trabajadoras sexuales. Implementar medidas para eliminar la trata y la explotación sexual de niñas y mujeres. Activar medidas de seguridad efectivas para desarticular bandas criminales de proxenetas, traficantes, extorsionadores, sicarios, malos policías, fiscales y jueces.

11. Asegurar una gestión eficiente para cumplir a cabalidad la Ley Nº30364 a fin de erradicar todas las violencias machistas contra mujeres en su diversidad y disidencias. Exigimos celeridad procesal, no revictimización, investigación eficiente y sanciones justas para evitar la impunidad en el caso de las denuncias por violencia, desaparición y/o feminicidio. Así como cumplir con la Estrategia Nacional de Prevención.

12. Asignación suficiente, eficiente y urgente de los recursos públicos para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres en su diversidad y disidencias trabajadoras: presupuesto directo para las ollas comunes, para mejorar la atención en SIS, sobre todo en tratamientos para personas viviendo con VIH – SIDA, para la prevención frente a la discriminación de género, entre otros.

13. Convocar a la Asamblea Constituyente para garantizar la vigencia de los cambios esperados e históricamente postergados.