En medio de una grave crisis de violencia sexual contra menores —donde cada 39 a 40 minutos aproximadamente se denuncia una violación, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)— se hace público que la bancada de Renovación Popular presentó el 17 de octubre de 2025 el Proyecto de Ley N.º 12886, que plantea redefinir los lineamientos educativos del Estado bajo criterios alineados a su ideología religiosa.

La iniciativa, promovida por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, se presentó en octubre de 2025, pero se hace pública ahora y en medio del escandaloso destape público sobre la exposición de niñas víctimas de violación en actividades organizadas por el hogar “La Casa del Padre”, dirigido por la congresista Milagros Jáuregui, integrante del mismo grupo político que hoy impulsa esta norma.

Más allá del escándalo, las cifras son alarmantes. En el primer semestre de 2025 se reportaron más de 6 600 casos de violación sexual en el país, y más del 60% de las víctimas son niñas y adolescentes. Los Centros de Emergencia Mujer atienden decenas de denuncias cada día. A ello se suma un amplio subregistro: no todas las víctimas denuncian, especialmente cuando el agresor pertenece al entorno familiar o cercano, como ocurre en un porcentaje significativo de los casos, según reportes del MIMP y la Defensoría del Pueblo.

En este contexto, el PL 12886/2025-CR ordena al Estado, Ejecutivo en concreto, a adecuar todas las disposiciones vigentes a un nuevo marco normativo. En términos prácticos, esto puede debilitar herramientas fundamentales que permiten enseñar a niñas y niños a reconocer situaciones de abuso sexual, identificar señales de riesgo dentro del entorno familiar o cercano, cuestionar relaciones desiguales de poder entre adultos y menores, prevenir embarazos producto de violación y promover entornos escolares seguros.

El proyecto, además, refuerza el poder de decisión de las familias organizadas sobre los contenidos educativos. Sin embargo, la evidencia demuestra que muchas agresiones sexuales ocurren precisamente dentro del ámbito familiar o en círculos de confianza. Otorgar mayor control sin fortalecer mecanismos de protección y supervisión estatal no responde a la magnitud del problema y puede limitar la detección temprana del abuso.

Para Ayesha Dávila, presidenta de Cresiendo y activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos en el país, la iniciativa es “profundamente preocupante y políticamente irresponsable en esta coyuntura”.

“Nos encontramos frente a una bancada que, mientras enfrenta cuestionamientos públicos por la exposición de niñas víctimas de violación, impulsa una norma que puede debilitar herramientas preventivas clave. No se trata de educación en abstracto, se trata de protección. Cuando se reducen mecanismos que ayudan a las niñas a identificar violencia, a denunciarla y a evitar embarazos forzados producto de violación, el Estado retrocede en su deber de protegerlas”, señaló.