• La indolencia estatal condena nuevamente a las niñas a la revictimización.
  • Dos años después de la sentencia, el sistema las sigue abandonando.

En Ventanilla, dos hermanas menores de edad fueron víctimas de violación sexual por parte de quien fuera su padrastro, Juan Carlos Saavedra Jaimes, quien las violentaba sistemáticamente aprovechando la ausencia de su madre. Tras dos años de abusos, las niñas fueron rescatadas por su tía, Cynthia Llacsa, quien denunció el crimen y las llevó al hospital debido a su grave estado de salud. Ambas presentaban una alta carga viral de VIH y, gracias a una atención inmediata, lograron controlar la infección y ser acogidas posteriormente por la RedLAC+, desde donde se denunció el caso. Esta acción permitió la doble sentencia de cadena perpetua para el agresor.

Sin embargo, a pesar de la sentencia y la orden de reparación integral, las menores siguen en estado de vulnerabilidad. No reciben atención en salud mental ni en infectología pediátrica adecuada. Además, el tratamiento antirretroviral que reciben es para adultos, y el Inabif rechazó su acogida aduciendo que no cuentan con especialidades para atender a menores con VIH. Esta decisión refleja un acto de discriminación flagrante, ya que las niñas, con medicación, han logrado controlar la carga viral. Es importante destacar que indetectable es igual a intransmisible, y las insinuaciones de “contagio” son producto de prejuicios, ignorancia y discriminación.

La tía, quien inicialmente las acogió, enfrenta ahora amenazas de la familia del condenado y un proceso penal por otro caso de violencia sexual contra su propia hija. Llacsa, temiendo por su vida, ha señalado: “Me dijo que tiene una bala con mi nombre”. Aunque ha demostrado valentía al cuidar de las menores, la desprotección estatal la obliga a buscar soluciones que aseguren el bienestar de las niñas.

Un clamor de auxilio: la urgencia por una respuesta estatal oportuna y rápida

Cynthia Llacsa, tía de las menores, denuncia no solo el abandono del Estado, sino también las amenazas de muerte que recibe por parte del agresor, quien le ha advertido: “tengo una bala con tu nombre”.

A pesar de su propio miedo, Cynthia asegura que no teme cuidar de las niñas, pero sí de la indiferencia de las autoridades que no están garantizando su protección. La situación de una de las menores es especialmente alarmante: su salud mental está gravemente afectada, y la discriminación que enfrenta en la escuela la ha colocado en una situación de vulnerabilidad extrema.

La menor ha sido rechazada por sus compañeros, quienes se niegan a trabajar con ella debido a su diagnóstico, lo que ha impactado negativamente su rendimiento académico y su bienestar emocional, atentando incluso contra su integridad. Esta realidad deja claro que la situación de las niñas es mucho más que una cuestión de atención médica, es una cuestión de derechos, de protección integral y de una respuesta inmediata por parte del Estado para evitar que su dolor siga siendo invisibilizado.

El Estado peruano las violenta al no protegerlas

Guiselly Flores, directora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH (RedLAC+), denunció que “No puede ser que solo reciban una visita psicológica al mes. Esto es la punta del iceberg de los cientos de niños y niñas con VIH en el país. Estas niñas, además, han sufrido bullying en el colegio y maltrato por parte del propio Estado que no las protege. Es inaceptable que el sistema permita esta revictimización al no garantizar un tratamiento adecuado ni un entorno seguro para ellas.”

Flores también cuestionó la ausencia de un enfoque integral y mencionó que “El condenado sabía que tenía VIH y dejó de recibir tratamiento para ejercer su violencia. Mientras tanto, los ministerios de la Mujer y Justicia se lavan las manos diciendo que el VIH no es su tema. La indiferencia estatal perpetúa este ciclo de abandono.” Asimismo, la directora regional, subrayó que este no es un caso aislado, sino parte de un contexto más amplio de violencia estatal, mencionando las recientes denuncias de violación e infección por VIH a niñas y niños en Condorcanqui, perpetradas por el propio Estado, pues se trataría presuntamente de docentes y policías.

Congreso en deuda con las niñas de Perú

Por su parte, la congresista Ruth Luque, quien se hizo presente en la conferencia de prensa de este caso emblemático, destacó que “es inadmisible que tengamos que recurrir a demandas para que el Estado actúe. Presentaremos una mesa de trabajo con los ministerios de Mujer, Salud, Justicia y la Fiscalía para exigir protocolos claros y una atención integral para estas niñas y otras en situaciones similares. Este caso debe convertirse en un emblema de cómo el Congreso puede y debe intervenir para garantizar justicia y reparación”.

En este sentido, Luque anunció que trabajará para fortalecer las políticas públicas y exigir la creación de mecanismos efectivos de protección para las víctimas de violencia, con el fin de asegurar que reciban la atención necesaria. Además, se comprometió a llevar adelante iniciativas legislativas que incluyan protocolos de salud mental, atención inmediata, y educación integral para prevenir futuras víctimas.

La congresista también criticó la falta de voluntad política para abordar estos temas: “El Congreso, con su agenda negacionista, bloquea debates esenciales como la implementación de la Educación Sexual Integral, que podría prevenir estigmas y educar sobre temas de salud. Mientras tanto, el Ejecutivo, al desmantelar el Ministerio de la Mujer, agrava la crisis de desprotección para la infancia“.

Una demanda que busca justicia integral

El abogado de la causa, Alan Cabanillas, precisó que, aunque la sentencia incluye una indemnización, esta ha sido fraccionada en cuotas que el condenado no cumple. Asimismo, resaltó la urgencia de medidas efectivas. En este contexto, informó que se han presentado dos demandas: una al Estado por omisión impropia, por no cumplir con su responsabilidad de protección y reparación integral, y otra por la colocación familiar al Ministerio de la Mujer, buscando que las niñas sean acogidas en un entorno adecuado que garantice su bienestar.

Sobre lo último, precisó que se busca atención del Inabif para las niñas, a pesar de la demanda en curso contra el Ministerio de la Mujer, titular de esta instancia, Cabanillas insistió en que las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Son víctimas de bullying en la escuela, en su entorno, y hasta de familiares. Cynthia, la tía que las acoge, es víctima de constantes amenazas y no cuenta con garantías ni condiciones para continuar sosteniendo a las dos menores y a la tercera hermana de estas.

La realidad del VIH en Perú: una crisis de salud pública y estigmatización

Las cifras revelan una alarmante realidad sobre la prevalencia del VIH en diferentes poblaciones del Perú. A pesar de los esfuerzos en diagnóstico y tratamiento, la estigmatización sigue siendo una barrera significativa para el acceso a la salud y la integración social.

Datos clave sobre la situación del VIH en el Perú

  • 110 mil personas viven con VIH en el país, con una prevalencia general de 0.4%.
  • Prevalencia de 10% en HSH y 31.8% en mujeres trans.
  • 79% de los casos se concentran en varones, y más del 50% de los diagnósticos se dan entre los 20 y 34 años.
  • En 2023, hubo 851 muertes por enfermedades relacionadas con el VIH avanzado.
  • A nivel mundial, 1.4 millones de niños viven con VIH, y en 2023, 76,000 niños murieron a causa del SIDA.
  • La prevalencia en migrantes venezolanos en Lima y Trujillo es de 0.9–1.1%.
  • En poblaciones indígenas como los awajún, la prevalencia alcanza el 1.9%.

Estos datos son solo la punta del iceberg de un problema mayor que va más allá de la salud física. El estigma y la discriminación siguen siendo amenazas constantes para las personas con VIH, tal como lo evidencian estudios como el Índice de Estigma y Discriminación en Personas con VIH 2023, donde el 76% de los infectados experimentan estigma interno, y el 18% reportan vulneración de derechos debido a su diagnóstico. La falta de conciencia social y política perpetúa el sufrimiento de miles de personas en Perú.

Llamado de atención a la sociedad y a las autoridades

La denuncia de las organizaciones de derechos humanos es clara: la inacción estatal no puede seguir siendo tolerada, por ello desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de su vocera Guadalupe Muñoz, se hizo un llamado urgente a la sociedad y a las autoridades para abordar las necesidades de las víctimas de violencia sexual y enfermedades crónicas como el VIH con un enfoque integral. Muñoz destacó que este enfoque debe incluir no sólo tratamiento médico adecuado, sino también acompañamiento psicológico y medidas de reparación que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas. La organización denunció la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, lo cual refleja una desconexión con las realidades que enfrentan las personas más vulnerables, particularmente aquellas que han sobrevivido a abusos devastadores.