Colegio de Abogados rechaza decreto que coloca a la transexualidad como enfermedad
El Colegio de Abogados de Lima lanzó un pronunciamiento sobre el escándalo provocado por un decreto supremo del Ministerio de Salud, en el que, con el fin de permitir el aseguramiento en salud de las personas transexuales, usó el CIE-10 desactualizado para así poder considerarlas “enfermas mentales”, cuando el CIE 11 ya descartó ese diagnóstico y el Ministerio de Salud debería buscar otras salidas para el aseguramiento en salud que no perjudiquen la dignidad y calidad de vida de las personas trans.
En ese sentido, el CAL expresó su desacuerdo con el DS N° 009-2024-SA, que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) por parte del Ministerio de Salud, porque consideran que “esa categorización es contraria a los criterios científicos y a los derechos humanos y la dignidad humana”.
Así también, destacan que la OMS eliminó la transexualidad de su lista de enfermedades mentales en 2018, cambiando esa denominación por “incongruencia de género en la niñez”, en la CIE 11, reconociendo la necesidad de respetar las identidades de género diversas.
“La incongruencia de género no es una condición de salud mental en sí misma, sino una variación de la identidad de género que puede requerir atención médica y apoyo psicologico en algunos caso. La Inclusión de estas categorías en el PEAS estigmatiza y patologiza a las personas trans y no conformes con el género, perpetuando la discriminación y el estigma que han enfrentado históricamente“, señala el comunicado.
Por último, el CAL insta al MINSA a revisar y eliminar de inmediato esa inclusión en el PEAS por tratarse de una normativa que ha sido superada científicamente y resulta inconstitucional, violatoria de los derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y a la identidad. En su lugar, el MINSA debe alinear sus política públicas con los estándares internacionales de salud y el respeto a los derechos humanos.
Y hacen un llamado a los profesionales del Derecho, a las instituciones públicas y privadas, y a la sociedad en general, a unirse en la defensa de una sociedad inclusiva y respetuosa.