Participación de federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas fue contundente, denunciaron contaminación petrolera, precariedad servicios públicos y falta de voluntad política y de recursos para cumplimiento de acuerdos y derechos.
Durante más de una hora de audiencia, el martes 24 de setiembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Sandi, presidente de FECONACOR, e Igler Sandi, vicepresidente de OPIKAFPE, representantes de la plataforma de federaciones indígenas PUINAMUDT, denunciaron la situación crítica de salud y ambiente que viven sus comunidades. Hicieron especial énfasis en los problemas sistemáticos identificados durante siete años de diálogo con el Estado, vinculados a falta de presupuesto, voluntad política e incumplimientos de atención y protección de derechos. Precariedad en infraestructura y servicios, burocracia, entre otros problemas, fueron también parte de las denuncias.
Por la CIDH estuvieron presentes la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, la Relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y el relator para Perú.
Por el Estado peruano estuvieron el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Ambiente, entre otras instituciones. De otro lado, los representantes de federaciones indígenas de la plataforma PUINAMUDT contaron con el apoyo técnico y legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Equidad (CNDDHH), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Oxfam en Perú.
Igler Sandi, vicepresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE), tomó la palabra y denunció la precariedad de establecimientos de salud y los niveles de mortandad en la cuenca del Tigre: “La gente se está muriendo ahí, cuántas personas se están muriendo por falta de medicamentos. Lo que queremos es que se instale un programa de atención a metales pesados. Pedimos que CIDH haga seguimiento y supervise al Estado”, expresó.
Frente al pedido de las federaciones para que la CIDH haga seguimiento del caso y visite las zonas contaminadas, tanto las relatoras como el relator consideraron necesario visitar los territorios indígenas para conocer de la problemáticas; en ese sentido, solicitaron invitación oficial del Estado peruano. Asimismo, Soledad García, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales, solicitó la “información relativa para regular actividades empresariales que están generando estas afectaciones de derechos humanos”.
Por su parte, Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes (FECONACOR) denunció la incompetencia del Estado en garantizar sus derechos básicos de manera efectiva y oportuna. “El Estado nos vulnera desde hace cinco décadas. En pleno Siglo XXI, nos siguen contaminando, nos siguen matando. Los acuerdos que se están materializando son por exigencia de las federaciones y de los pueblos. No hay voluntad política del Estado para atender, esperan que las poblaciones se movilicen para que recién las escuchen”, indicó.
Por lo que Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y presidenta de la mesa, preguntó “¿Cuáles son las estrategias para dar efectividad a toda esa programación [de acciones y acuerdos]? ¿Qué estrategias tenemos para identificación de estos obstáculos que están impidiendo la efectividad en la respuesta [del Estado]?”. La representación del Estado peruano no respondió la pregunta.
A pesar de que representantes del MINSA restaron importancia a la gravedad de los índices de contaminación identificados en un estudio toxicológico que ellos mismos realizaron a comunidades Cuatro Cuencas, entre ellas niños y niñas que tienen altos niveles de plomo en sus cuerpos, Esmeralda Arosemena señaló que “es una situación de urgencia que se debe atender hoy”.
A casi 50 años de explotación petrolera en sus territorios, los pueblos indígenas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pertenecientes a las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, exigen que el Estado peruano salde su deuda histórica y realice acciones concretas de manera integral, efectiva y pertinente, garantizando derechos básicos y asegurando condiciones de respeto y vida digna para la población. Además esperan sostener reuniones con la CIDH cada seis meses, para así dar seguimiento a las acciones emprendidas por el Estado para solucionar estas problemáticas.
