• La información oficial sobre la situación de las mujeres defensoras en el Perú no refleja la realidad que viven. Además, la normativa dirigida a atender las problemáticas que enfrentan es insuficiente, opina Mayra Zambrano, del Fondo Socioambiental del Perú.

Por Mayra Zambrano

“A mí me han amenazado de muerte, diciendo que me van
a hacer daño a mí y a mi familia. El Estado solo me ha dado
garantías personales y una visita de la policía. Ahora solamente
tengo el apoyo directo de mi propia familia y amistades cercanas”
Lideresa awajún en conversación privada

23 de agosto, 2024.- Es necesario reconocer el papel que desempeñan las mujeres defensoras en el Perú: protegen el territorio, defienden los derechos de infancias y adolescencias, sostienen las economías locales, trabajan sus chacras y, en adición a ello, llevan el cuidado de las responsabilidades familiares.

Si bien, por mucho tiempo se les negó el acceso a espacios de toma de decisiones políticas o internas en la comunidad, la situación viene cambiando progresivamente. En la actualidad, vienen liderando acciones dentro de sus propias organizaciones, demostrando su capacidad y determinación.

A pesar de la magnitud de su trabajo, su rol suele ser subestimado o invisibilizado. Más aún sin contar que, como consecuencia de su labor, muchas de ellas enfrentan riesgos significativos.

Riesgos registrados

Según la información del Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de los Derechos Humanos (SIRIDEH), las mujeres defensoras que enfrentan mayores riesgos se encuentran en los grupos étnicos kichwa (17.33%), shipibo-konibo (15.75%), asháninka (14.96%) y awajún (10.24%). 

Además, las amenazas a su seguridad o la de su familia representan casi la mitad de los impactos diferenciados que enfrentan (48%). De acuerdo al grado de incidencia, luego se encuentran agresiones de todo tipo (20.24%), acoso (10.35%), difamaciones (6.59%) y otros perjuicios.

Estas situaciones de riesgo se agravan aún más cuando existen dificultades de conectividad y acceso telefónico, por lo que la incomunicación llega a ser un factor a tomar en cuenta en una evaluación de riesgos estructural. 

Sin embargo, estos porcentajes no reflejan completamente la realidad. La falta de conocimiento sobre el SIRIDEH limita la visibilidad de las situaciones de riesgo a nivel local, cuestiona la exactitud de los datos y resalta la necesidad de que las colectivas, federaciones y organizaciones indígenas denuncien situaciones de riesgo. 

Normativa insuficiente

Sabemos que el principal marco normativo es el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual, es liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) e integrado por otros sectores del Estado: Interior; Cultura; Ambiente; Relaciones Exteriores; Desarrollo Agrario; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 

Desde su publicación en el 2021, esta figura jurídica ha tratado de ser un soporte para los distintos casos de ataques a defensoras y defensores, especialmente de quienes protegen sus territorios y el ambiente. No obstante, no cuenta con base presupuestal. Además, por la misma falta de coercitividad con los otros sectores involucrados, aún no se elaboran varios protocolos sectoriales ni se esclarecen partidas presupuestales para su implementación.

Asimismo, existen dos normas específicas para mujeres defensoras. Por un lado está la Ley 31405 (“Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad”), que establece una asistencia económica de S/. 400 por beneficiario cada dos meses. 

¿Quiénes son los beneficiarios? Según el artículo 2.2, son infancias y adolescencias que se encuentran en situación de orfandad debido al fallecimiento de su madre, padre, ambos o tutor legal, conforme al Mecanismo Intersectorial. Una crítica a ello es que el monto mínimo que no permite acceder ni a una canasta básica por cada menor de edad en orfandad y tampoco el acceso a otros derechos. 

Por otro lado, el año pasado se publicó, después de mucho tiempo, la Directiva N° 003-2023-MIMP titulada “Prevención, atención, protección y reconocimiento de las mujeres defensoras de derechos humanos”.

Esta directiva establece el rol del MIMP para asesorar a los GORE, incorporar el enfoque de género, identificar y registrar la violencia contra mujeres defensoras a través de la Línea 100 u otros programas sociales, otorgar reconocimientos públicos, y brindar el servicio de Hogar de Refugio Temporal según el nivel de emergencia y riesgo en el que se encuentren ellas. 

Cabe mencionar, sin embargo, que todo ello viene acompañado de múltiples limitaciones por trabas presupuestarias y falta de voluntad política.

Otras luchas

Lamentablemente, las viudas de los defensores enfrentan una carga adicional tras la pérdida de sus esposos, que defendieron de forma acérrima el territorio comunal. 

Muchas son desplazadas de sus hogares debido a los riesgos que enfrentan, lo que les impide realizar sus actividades rutinarias en la comunidad y recibir el apoyo de otras hermanas, situación que las va conduciendo a un estado de aislamiento social. Además, en medio de contextos hostiles, enfrentan una inestabilidad económica que conlleva preocupaciones diarias de gastos que eran asumidas anteriormente por el defensor. 

Pese al duelo que llevan y el dolor inimaginable que sienten, asumen el cuidado de sus hijos, continúan luchando por justicia, le dan seguimiento a los procesos legales y realizan esfuerzos de incidencia en medios de comunicación para que no se olvide el ataque fatal ni la trágica situación de presión territorial derivada de actividades ilegales y economías extractivas impulsadas por el mismo Estado. 

Mientras tanto, las mujeres defensoras siguen impulsando sus propias medidas de autoprotección, autocuidado y articulación, que fomentan una red de apoyo constante y una plataforma de lucha colectiva para la defensa del medio ambiente y el territorio frente a las ilegalidades y el extractivismo que viene presionando los territorios indígenas.

Foto de portada: Mongabay.