La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 32130, que trasladó la investigación preliminar del delito, que antes estaba en manos de la Fiscalía, a la Policía Nacional del Perú, con todos los riesgos que eso conlleva en una institución con una grave crisis de imagen por las diversas denuncias de corrupción y negligencia, que generan una gran desconfianza en la población.

La ley, que se promulgó el 10 de octubre, con la venia de Dina Boluarte, introducía 33 modificaciones al Código Procesal Penal (prácticamente un nuevo CPP, pero sin análisis ni debate).

La que más impacto generó, por el gran descrédito de la PNP, es que ellos, a partir de la promulgación de la ley, dirigirán las investigaciones preliminares, con la asesoría jurídica del fiscal, pero sin intervención judicial, con plazos de hasta 36 meses para realizar diligencias en casos complejos y relacionados con crimen organizado. El fiscal solo será un observador y luego un tramitador ante el juez de la investigación preparatoria.