Una vez más demostrando que no le importa cumplir con el ordenamiento legal peruano, la presidenta Dina Boluarte se ausentó para operarse la nariz y no dio aviso de ello, como está obligada por la Constitución y las leyes.

Esto se mantuvo oculto o entre medias tintas hasta hace unos días en el que el expremier caído en desgracia Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, revelara que Boluarte sí se realizó la operación que todos podíamos ver en su rostro en junio de 2023.

Con total cinismo, Otárola señaló que a pesar de ello, Boluarte siguió trabajando de manera “normal” y que incluso tuvieron una reunión de Consejo de Ministros virtualmente.

Más allá de las razones por las cuales Boluarte se realizara la operación, ya sea con un fin de salud o estético, y más allá de si trabajó o no en esas fechas, la infracción constitucional es un hecho, pues cualquier actividad que implique una ausencia o un posible riesgo de ausencia del lugar de trabajo, sea por el motivo que sea, y en este caso, una intervención quirúrgica cumple con esos requisitos, tenía que ser solicitada al Congreso, para que este tome las medidas preventivas necesarias en caso ocurriera algún imprevisto.

Esto no sucedió, Boluarte se realizó la operación, tuvo su descanso médico y no avisó a nadie más que a su círculo más cercano que, evidentemente, iban a apañar esta situación, pues todos están dispuestos a cualquier cosa con tal de quedarse en el poder.

Para el constitucionalista Heber Joel Campos, esta es una infracción grave porque la presidenta está en la OBLIGACIÓN de poner en conocimiento del Congreso cualquier ausencia que tuviera de su lugar de trabajo, esto para impedir un vacío de poder, por lo que el Congreso está encargado de disponer del gobierno mientras la presidenta está imposibilitada de ello.

La responsabilidad sobre estos hechos recae en la presidenta y en los ministros, quienes también tienen que responder por cualquier acto delictivo que se cometa en su gobierno.