En la audiencia de ejecución de sentencia que ordena al Ministerio de Salud que elabore un plan de acción para atender a las comunidades afectadas por metales tóxicos en la provincia cusqueña de Espinar, realizada el 19 de agosto, el juez Hugo Guevara Flores dio un plazo de diez días calendario para que los funcionarios del MINSA remitan un informe que incluya la fecha de elaboración del plan y de avances de su implementación, pues nunca remitieron el plan elaborado ni al Juez ni a los demandantes, teniendo en cuenta que la sentencia se confirmó en enero de 2021, y solo tenían un plazo de 90 días para su ejecución.

Durante la sesión, los demandantes (comuneros afectados y dirigentes sociales) dieron a conocer que, hasta la fecha y tras ocho meses después, no se les ha notificado el Plan de Acción elaborado por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Cusco y que no han recibido atención de salud en este año.

“Nosotros no tenemos ni una visita en las comunidades […] Nosotros no tenemos ni agua […] Nosotros vemos a nuestros animales con malformaciones. Le pido justicia, le pido por los niños, por las mujeres gestantes”, señaló textualmente ante el juez, Melchora Surco, Representante de Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI)”.

Otra organización demandante es el Comité de usuarios de agua Quetara, que en la audiencia estuvo representado por Rice Ccorahua, quien también fue presidente de la comunidad Huisa. “Estamos permitiendo que las personas de las comunidades mueran sin atención de salud. […] Emplazó al gobierno local y regional a implementar planes inmediatos”, exhortó Ccorahua ante los participantes.

De igual forma participaron especialistas técnicos, como Ana Leyva de CooperAcción, Maritza Quispe de IDL y Karem Luque de Derechos Humanos sin Fronteras, quienes reforzaron el testimonio de los afectados, señalando que “hasta el momento hay personas con más de un metal en el cuerpo” y que la “GERESA
pretende repetir las acciones como campañas de atención que no son suficientes para la atención adecuada de los espinarenses afectados”.

En la audiencia también estuvo presente Hugo Villa, médico especialista en toxicología, quien recalcó la importancia de apostar por identificar cuál es la fuente de la contaminación de los territorios en Espinar. “Cuando se atiende un problema de salud se debe identificar la causa […] Si no se va a la fuente de contaminación, la gente se sigue enfermando, se siguen muriendo”, señaló.

Por otro lado, diferentes representantes de la GERESA y el MINSA argumentaron que vienen implementando un Plan de Acción 2021-2023; sin embargo, el inicio de estas actividades tampoco ha sido socializado con los demandantes en el marco del cumplimiento de la sentencia.

Las comunidades demandantes indicaron que requieren atención de calidad a través de un Plan participativo y multisectorial, que tenga un particular énfasis en la provisión de agua de calidad para sus comunidades y la provincia de Espinar en su conjunto.
Después que se cumpla el plazo de diez días, que se vence el 1 de setiembre, el Juez Hugo Guevara evaluará los avances y decidirá una nueva fecha de audiencia.

Antecedentes

Cabe recordar, que, en diciembre de 2020, la Sala Mixta de Canchis confirmó una sentencia de primera instancia ordenando al Ministerio de Salud elabore un plan de acción de salud para la atención de miles de personas expuestas y afectadas por la contaminación con metales pesados de la provincia de Espinar y sus comunidades, priorizando a niños/as, mujeres gestantes y adultos mayores. Desde entonces, se
habría iniciado la ejecución de la sentencia.

De diciembre a la fecha los demandantes han estado a la espera de la convocatoria a la elaboración del plan. Sin embargo, esto nunca ocurrió por lo que, con fecha 10 de junio de 2021, los demandantes pidieron al juez una audiencia especial de ejecución de sentencia que realice una audiencia para que el MINSA informe sobre sus avances.