La presidenta de la Confiep terminó de mostrar anoche la clase empresarial que tenemos en el Perú. Soberbia, alejada de la realidad, sin el menor remordimiento por sus acciones. Casi como la vieja oligarquía terrateniente antes de la Reforma Agraria. Sin siquiera sonrojarse terminó diciendo que ¡los ciudadanos son los que tienen que pedir perdón, no los empresarios! Así, quienes vienen comprando o capturando candidatos para ponerlos a sus servicios, quieren parecer como elementos externos a la crisis de representación política y de corrupción que vivimos hoy.

El país acaba de pasar por una tensión institucional muy dura, el Presidente ha cerrado el Congreso luego de comprobar la pretensión del grupo fujimorista y sus satélites de capturar el Tribunal Constitucional. Este episodio luego de que pudiéramos ver cómo lanzaban tentáculos al Consejo Nacional de la Magistratura y luego blindaban sin mayor problema a Hinostroza y a Chávarry, investigados por ser parte de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”. 

Fruto de esta evidente corrupción en nuestras instituciones, la sociedad y el Presidente han empujado la agenda de Reforma Política. Pero lo que queda clarísimo después de lo que hemos visto, es que es igual de importante una Reforma Empresarial. No podemos seguir teniendo a un personaje como Dionisio Romero, que actúa como si fueran suyos los aporte de los pensionistas de Prima AFP, o de los asegurados de Pacífico, o los ahorristas de MiBanco o Banco de Crédito; que retire casi $4 millones en efectivo y que la SBS no haya dicho esta boca es mía. O que Vito Rodríguez, que monopoliza el comercio de la leche en el país y somete a situaciones de dependencia a la mayoría de productores lecheros, vaya tan tranquilo a decir que dio $200 mil también en efectivo y no pase nada.

Con menos reflectores también quedó claro que Graña y los socios de Capeco hicieron su chanchita y así mantienen intactos los beneficios para la construcción y en la congeladora instrumentos básicos de captación de plusvalías urbanas que se aplican en la mayoría de países de América Latina, menos en el Perú. Y los ya conocidos empresarios mineros, representados por el señor Benavides, que aportaron a la colecta de la Confiep para mantener “el modelo”, asumimos que el modelo que limita las salvaguardas ambientales y criminaliza la protesta.

Esta clase empresarial maneja representantes en el Congreso. Se vuelve más claro por qué la bancada de la Señora K quiso bloquear la Norma Antielusiva; se opusieron a la implementación de la ley de alimentación saludable (los octógonos); hicieron lo indecible para extender 10 años más el régimen agrario que reduce a la mitad los impuestos a pagar por el gremio de Chlimper, también aportante com más de $200 mil en efectivo. Francisco Durand diría que este es un claro ejemplo de Captura Corporativa del Estado. 

Mientras tengamos una clase política capturada, que tiene que “pagar” intereses de sus aportantes, no tendremos una República de Ciudadanos, sino una República Empresarial que sigue burlándose de los ciudadanos. Esta semana es el CADE 2019. Los empresarios del país se juntan a reflexionar. No dejemos que sea una reunión más. Exijamos que reconozcan su cuota de responsabilidad. Exijamos a Vizcarra que, así como fue valiente para cerrar el Congreso consciente del riesgo que significaba, ahora les diga en directo a nuestra clase empresarial que el país no es su chacra, que la captura del Estado para sus intereses tiene consecuencias. Las reformas no vienen solas, hay que empujarlas. Y ahora nos toca a todas, todos, empujar la Reforma Empresarial.