Debido a los numerosos cuestionamientos que se hacen al uso de la prisión preventiva en casos de corrupción, los cuales no se hacían con tanto apasionamiento desde que empezó a usarse ese instrumento procesal en 2004, el Ministerio Público se ha visto forzado a pronunciarse sobre su objetivo.
Así, señalan que la detención preliminar y la prisión preventiva están vigentes en el Código Procesal Penal desde 2004, que en su aplicación no se hace ningún tipo de distinción, y que lo que se toma en cuenta es la naturaleza, gravedad y complejidad de los delitos. Sostienen que estas medidas contribuyen a la investigación y persecución del delito, y no solo son usadas en casos de corrupción sino también en violencia sexual y feminicidios.
Por último, el Ministerio Público manifiesta que estas medidas no son abusivas ni generalizadas, están dentro de un debido proceso y con las garantías necesarias, pudiendo ser apeladas. Así también, niegan que exista algún tipo de injerencia o motivación política en estas solicitudes.
El dato
Todo esto debido a la resolución que da 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski debido a que se opuso a obstaculización probatoria (no presenta los documentos de sus empresas, presenta a una testigo sin indicar su identidad y domicilio, a pesar de que Westfield Capital se encuentra inactiva pide que se le notifique a la dirección de esa empresa), porque la medida resulta proporcional (se evidencia que PPK ha brindado información incompelta), porque no considera edad, porque los decretos promulgados por él beneficiaron a Odebrecht (“se establecieron las condiciones necesarias para que la empresa Odebrecht, así como el imputado y su empresa Westfield Capital, resulten beneficiados a través de estos decretos supremos que habrían servido de ropaje legal para concretizar la actividad criminal”) y porque hay más elementos de convicción que lo vinculan al lavado de activos (”
se ha llegado a la conclusión de que la empresa es propiedad del investigado, que no contaba con personal y que solamente habría sido utilizada para recepcionar transferencias de dinero de terceros relacionados con las actividades del investigado durante el periodo en que se desempeñó como ministro de estado y primer ministro”).