En el Perú, según informes de la Policía para 2016, se abandonan cerca de 120 niños al año de entre días de nacidos y dos años. Estos niños son abandonados en diferentes lugares, con preferencia en calles o iglesias, son recogidos por la Policía y acogidos en alguno de sus cuatro albergues, hasta que el Ministerio de la Mujer o el Poder Judicial estudie sus casos y tome alguna resolución sobre ellos. Algunos pueden regresar con sus padres o con familiares cercanos y otros tendrán que pasar toda su infancia y adolescencia en orfanatos, si nadie llega a adoptarlos. Y mientras más crecen, más difícil se hace esa posibilidad.
El proyecto de Ley de Yohny Lescano, llamado “Cunas Salvadoras”, y que ya existe en algunos pocos países, puede parecer tener “buenas intenciones” y ser necesario. Efectivamente en el Perú, un país tan desigual, se abandonan niños, y a los más pequeños, a los recién nacidos, efectivamente los abandonan sus madres, que suelen tener una historia anterior de abandono también, ¿o estos congresistas creen que es fácil abandonar un hijo? Ellas suelen ser mujeres pobres, de zonas marginales, vulnerables, con historias de violencia doméstica, abandono de sus parejas, o abusadas sexualmente. Son mujeres que no ven en sus vidas otra posibilidad más que abandonar a sus hijos porque no pueden cuidarlos ni darles todo lo que necesitan. Y eso implica un profundo dolor para ellas, y luego para los niños al reconocerse como abandonados y sin familia.
Pero no querer ver el trasfondo de esta problemática es lo que realmente perturba. Perturba porque es increíble que los congresistas que han propuesto esta ley y que han votado a favor no puedan darse cuenta de que su “solución” está muy mal enfocada.
Primero, por la cifra incalculable que se generará de niñxs abandonados. En nuestro país nacen cerca de 600,000 niñxs anualmente, y si solo 10% de estos son abandonados, porque gracias a esta ley se podrá hacer legalmente, tendríamos 6 mil niñxs abandonados al año. En los países en donde hay cunas salvadoras, los primeros niñxs en ser abandonados son aquellos que tienen alguna discapacidad o enfermedad congénita, estos niños están condenados a vivir sin familia por el hecho de que demandan un gasto enorme para las familias que deciden cuidarlos. Es decir, a su situación ya de por sí vulnerable, se suma una violencia más: el abandono.
Segundo, el proyecto de ley de “Cunas Salvadoras” implica colocar un dispositivo en forma de caja en donde el niño recién nacido pueda sobrevivir para ser llevado a un centro de atención residencial del Estado. Este dispositivo debería adaptarse en todas las regiones del Perú, en todos los distritos en donde haya mujeres en edad de gestar, tal vez en todos los hospitales, e incluso en las comisarías. ¿Quiénes administrarían estos lugares? ¿Quiénes asumirían estos gastos? ¿Cómo vamos en los procesos de adopciones? ¿Cuántos niños hay en lista de espera? Una espera que puede hacerse infinita y eterna. Porque el Estado bien puede “tercerizar” estas actividades por la falta de presupuesto o ambientes especiales, ¿quiénes recibirían a estos niños? ¿a dónde iría el presupuesto para su cuidado? Sospecho que la iglesia ya debe estar sacando sus cuentas. Y del tráfico de niños mejor no hablemos.
Tercero, la penalización del aborto en casi todas sus circunstancias (menos el terapéutico), obliga a las mujeres embarazadas a ser madres de forma obligatoria. Esta obligatoriedad afecta la vida de las mujeres porque precariza más su calidad de vida, mutila sus proyectos a futuro y afecta su integridad física y emocional. Al año en el Perú ocurren aproximadamente 370,000 abortos clandestinos. Estos abortos no ocurren por las puras, las mujeres no quieren ser obligadas a ser madres, y tienen que acudir a la clandestinidad para poder decidir sobre sus propias vidas, a riesgo de morir.
La clandestinidad del aborto es un problema que el Estado sí tiene que asumir, porque por el subregistro debe ser el doble de mujeres que los que nos dan las cifras oficiales las que están poniendo en peligro sus vidas en estos momentos, por los diversos factores que llevan a una mujer a decidir interrumpir su embarazo.
En el estudio El aborto clandestino en el Perú, las mujeres señalan las siguientes razones para abortar, entre otras:
- Riesgo para la salud o la vida en caso de continuar con el embarazo.
- Embarazo producto de violación o incesto
- Malformación o discapacidad física o mental del feto
- Situación socioeconómica precaria sin ingresos o con ingresos que no soportan la crianza de un niño o niña
- Relación inestable con la pareja o amenaza de abandono
- Deseo de no tener más hijos o de postergar el nacimiento
- Miedo al social, la familia o la pareja, en el caso de adolescentes y mujeres solteras.
- Situación personal incompatible con un embarazo, particularmente en el coso de mujeres jóvenes que no han culminado sus estudios.
Frente a esta realidad, lo que el Estado debería hacer es proveer de aquello que justamente el Proyecto de Ley N° 387 para despenalizar el aborto por violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas, y malformaciones incompatibles con la vida, señala:
- Políticas públicas a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con servicios diferenciados e integrados.
- Implementación de la educación sexual integral en las instituciones educativas, basadas en evidencia científica, en el contenido curricular.
- Incorporación de los servicios de interrupción del embarazo en los supuestos de aborto no punible o terapéutico.
- Servicios integrales y articulados de atención a personas sobrevivientes de violencia, trata, explotación sexual, garantizando acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia y profilaxis de VIH, entre otras.
Estas medidas son las soluciones más prácticas, eficientes, económicas y menos violentas para las mujeres, y para los niños. Pero la eficiencia, la calidad, la comprensión y la empatía parecen no ser los puntos fuertes de un Estado ausente que prefiere que las mujeres abandonen a sus hijos antes de que decidan, en los tiempos adecuados y con los cuidados necesarios, interrumpir un embarazo que no desean.
Otra vez el Estado prefiere la “solución” populista e inútil, antes que la única que puede resolver el problema de los abandonos. En los países en donde se ha despenalizado el aborto, no solo han bajado las muertes maternas y los abandonos de niños, sino los mismos abortos. Por qué no apostamos por mejores soluciones antes que por lavarle la cara a gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo y sigue perjudicando a las mujeres, y a los niños.