Después de Lima, la región de Arequipa destaca por reincidir en los primeros puestos por violencia de género en 2020 y lo que va el 2021, reportando en abril un triple feminicidio. Además, pronto deberá ser publicado el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2022-2026; sin embargo, no se ha logrado mucho con el aún vigente.

Deysi Danaide Flores Cornejo vivía en el distrito de Yanahuara, en Arequipa. Tenía 22 años, era profesora de inglés y sus rasgos delicados los heredó de su madre, Julia. El cabello castaño oscuro, pestañas ondeadas, mirada risueña. Su mamá la llamaba Dana, le gustaba hacer manualidades y quería seguir estudiando pero, la noche del 13 de abril de 2018 su luz fue apagada por doce puñaladas del hombre con el que vivía.

Desde ese día su madre tuvo que juntar los pedazos de su corazón roto y su luto lo convirtió en una procesión entre oficinas del Poder Judicial para encontrar justicia para la muerte de su hija. Ya se cumplieron tres años de esa lucha amarga e incierta y las respuestas tardías de algunos operadores de la justicia llegan solo para alimentar la indignación. 

En enero de 2019 uno de los fiscales del caso, antes de salir de vacaciones, “olvidó” pedir la ampliación de prisión preventiva para el estadounidense Tony Perales, el asesino de Dana. Por esta razón quedó libre y prófugo. Después de insistir en los juzgados se logró incluir a Perales en la lista de recompensas.pe en la que figuran los delincuentes más buscados, sin embargo, hasta abril de 2021 sigue no habido. Le preguntamos a Julia Cornejo si siente alguna reparación con esta medida: “Debió ser en su tiempo para que haya resultados”.

Ya ha sucedido otro 13 de abril. Es el Bicentenario y la pandemia de feminicidios nunca ha frenado. También en Arequipa, un día después a la conmemoración de los tres años de la muerte de Dana, el miércoles 14 de abril, Gabriela Mendoza Yanarico de 29 años y sus dos hijas de 3 y 5 años fueron reportadas como desaparecidas. Ellas vivían en el distrito de Cerro Colorado y sus familiares cuentan que ellas salieron a comer y comprar ropa con Edgar Pinto Gómez, padre de las niñas y expareja de Gabriela. Nunca volvieron a casa, sus cadáveres fueron encontrados por unos ciclistas en la mañana del viernes 16, cerca a una carretera del distrito de Yarabamba.

Según el Registro de casos con características de feminicidio atendidos por los servicios del Programa Nacional AURORA, en 2018, el año en que se fue Dana, ocurrieron 143 feminicidios. En 2019 la cifra creció a 166. Para el 2020, probablemente por el estado de emergencia el reporte descendió a 131. A la actualización de marzo de 2021, estas cifras oficiales esclarecen que sucedieron 16 feminicidios en enero, 9 en febrero, y 9 en marzo. Son 34 víctimas que no incluyen a Gabriela y sus hijas hasta que se publique la actualización de abril.

Las políticas públicas contra la violencia machista

El 22 de noviembre de 2015 se promulgó la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En consecuencia, se creó el Plan Nacional Contra la Violencia de Género (PNCVG) 2016-2021 con el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, firmado por el expresidente Ollanta Humala el 25 de julio de 2016, tres días antes de dejar el cargo.

Este instrumento de política pública se describe como un Plan Especial Multisectorial que involucra a nueve carteras ministeriales: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; del Interior; de Justicia y Derechos Humanos; de Educación; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Trabajo y Promoción del Empleo; de Cultura; y de Desarrollo e Inclusión Social.

Se propusieron dos objetivos estratégicos y 42 indicadores para medir el alcance de estos de 2016 a 2021, con la vigencia a punto de caducar:

OE1: Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad) en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.

OE2: Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas agresoras.

Estos objetivos estratégicos involucran a sectores a los cuales se les adeuda justicia social, por ejemplo, a nuestras madres y hermanas trabajadoras del hogar y a las personas trans que resisten por hacer visibles sus existencias y disidencias.

Revisando la situación nacional agravada por la crisis sanitaria, el pobre avance en conquista de derechos, los precedentes vergonzosos de las bancadas obstruccionistas de Fuerza Popular (2016 a 2019) y Acción Popular (2020), las propuestas en planes de trabajo y las declaraciones de candidatos a la presidencia, se tiene la amarga percepción de que se ha retrocedido en las oportunidades de lograr una vida más digna para todas y todos. El Plan Nacional contra la Violencia de Género, o ha tenido pésimos planteamientos y ejecución, o sus actores políticos han sido mediocres al realizar estas tareas.

Algunos órganos y subunidades del equipo multisectorial de este Plan han publicado eventualmente reportes, boletines e información estadísticas relacionada a los 42 indicadores para el logro de sus objetivos estratégicos. A la revisión y seguimiento de algunas cifras importantes de acuerdo con información desagregada por departamentos, edades y tipos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar urge el debate y toma de acciones para la aprobación del plan vigente de 2022 a 2026. Los ministros deben ir preparando el camino para las decisiones que empuje el próximo Ejecutivo. Sea del partido que sea el que obtenga la aprobación de la voluntad popular en la segunda vuelta, este gobierno de transición y el Congreso pueden crear los precedentes necesarios hasta el cambio de mando.

Por ejemplo, el Decreto Supremo No 008-2016-MIMP con el anuncio del plan 2016-2021, clasifica la violencia de género en cuatro tipos para sus acciones: violencia física, psicológica; sexual; y económica o patrimonial. Además, determina que esta sucede en 11 modalidades: violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, acoso sexual en espacios públicos, violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales; en conflicto armado; violencia y las tecnologías de la información y comunicación – TIC; por orientación sexual; contra mujeres migrantes; contra mujeres con virus de inmunodeficiencia humana – VIH; violencia en mujeres privadas de libertad; y contra las mujeres con discapacidad. Así también, este Plan asume los enfoques de género, de derechos humanos, intercultural, de interseccionalidad, de integralidad y generacional.

Los actuales candidatos a la segunda vuelta pueden tomar de referencia el plan actual y hacer los cambios necesarios para que sea efectivo y cumpla, esta vez, al menos uno de los objetivos planteados.

Enero y febrero de 2021 registran 23 feminicidios y 51 tentativas

El feminicidio es el indicador más doloroso sobre la situación en la que resisten las mujeres. Desde el enfoque interseccional se da cuenta de que existe un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas (razones de raza/etnia, edad, pobreza, orientación sexual, origen y estatus migratorio, discapacidad, entre otras). No se lee como una suma de desigualdades, sino como un nudo que “intersecciona” cada una de estas discriminaciones para que se cree el escenario ideal de actuación para los feminicidas, para que queden impunes y hasta reincidan. Desde el enfoque de integralidad se evidencia el fracaso de las intervenciones multisectoriales y hasta el ausentismo del Estado, ya que la violencia de género es multicausal y contribuyen a su existencia factores que están presentes desde el ámbito individual, familiar, comunitario y estructural. El feminicidio y la violencia contra la mujer y disidencias se dan siendo evitables, y los pedidos de justicia son el último eslabón cuando ya nada es reversible.

En el ensayo “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación”, para la antropóloga Rita Segato “es crucial que encontremos estrategias para detener la violencia feminicida, porque la rapiña que se desata hoy sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes”.

Por ejemplo, hasta el 31 de marzo de 2021 el Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó 34 casos con características de feminicidio en lo que va el año del “Bicentenario”: dos de ellas eran menores de edad, tres eran gestantes, y en el 67.6 % de los casos el agresor era pareja o ex pareja de la víctima.

Ocho de esos feminicidios sucedieron en Lima (metropolitana y provincias). cinco en Callao, cuatro en Ica. tres en Arequipa, y dos en cada uno de los departamentos de Madre de Dios, Piura, Cusco y Huánuco. Llevan la cuenta de un feminicidio los departamentos de Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín.

“El feminicidio es la muerte de las mujeres por su condición de tal, en contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que confiere autoridad a la persona agresora; y en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora”, detalla la Sub Unidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento, en sus reportes estadísticos.

En el mismo reporte del Programa Nacional AURORA, en comparación al 2020, en el mismo periodo se reportan 38 feminicidios. Las cifras se han reducido solo en cuatro números sin incluir en el análisis el contexto de la pandemia, investigaciones truncas por las cuarentenas y la posibilidad que algunos servicios de denuncia permanezcan cerrados.

Según el Ministerio Público, de 2009 a 2017 han sido asesinadas 1073 mujeres, Sus cifras anuales completas correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 quedan a la espera de actualizarse.

El informe también ofrece la escalofriante cifra de 80 tentativas de feminicidio, 80 mujeres o niñas que se salvaron de morir, tal vez no en las mejores condiciones, pero sobrevivieron y ahora buscan justicia ya que sus vulnerabilidades han quedado expuestas ante la violencia patriarcal.

En la tabla de departamentos que superan las 100 tentativas de feminicidio destaca Lima Metropolitana con 710 casos acumulados de 2009 a 2020 y 25 hasta el 31 de marzo de 2021, haciendo un total de 735. Arequipa, en segundo lugar, con la cifra 147 tentativas (acumulado 2009 a 2020) y 3 para el segundo indicador del 2021 (total 150). Hasta el puesto 7 de la lista de 26 están Junín con un total  de 117; Cusco con 113, La Libertad con 109; Áncash con 107. y Huánuco con 103,

En otro cuadro estadístico tambien del Registro de casos del CEM se reportan 25,788 casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional, preliminarmente hasta el 31 de marzo de 2021. Destacan Lima con 11,989 casos, Arequipa se hace presente en el puesto dos con 3763, y en tercer lugar Cusco con 2922. El grupo más afectado por los cuatro tipos de violencia expresados en el plan nacional contra la violencia de género son las mujeres entre 26 a 35 años de edad con 8487 casos. Y el espectro más alto y doloroso de violencia sexual se registra en menores de edad entre 12 y 17 años con 2160.

Desde el 28 de julio de 2016 al 3 de abril de 2021 cuatro presidentes se han atribuido la banda presidencial y siete ministras de la Mujer han juramentado, mientras morían más peruanas por todas las pandemias que nunca hemos sanado, entre estos responsables políticos está Manuel Merino junto a Hilda Teullet en la cartera del MIMP en una infame gestión de cinco días. El 6 de junio se elegirá a los nuevos representantes del Ejecutivo y quedan patentes más retrocesos que logros en materia de derechos. Observando entre las estadísticas, las encuestas, planes de gobierno, se advierte poca novedad.

Muchos partidos políticos no solo rechazan el enfoque de género como una alternativa de solución a la realidad misógina que vive el país, sino que también son totalmente negacionistas de la realidad del feminicidio, de toda violencia que sufren las víctimas por su condición de mujer cis o trans, y hasta del acceso a derechos de salud sexual y reproductiva. La Asociación Civil Transparencia ha habilitado una carpeta en Google Drive en el link con los planes gobierno que fueron registrados junto a la solicitud de inscripción de los candidatos a la presidencia en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ellos hicimos la búsqueda de los términos “Feminicidio”, “Violencia contra la mujer”, “Violencia a la mujer”, “Violencia de género”, “Planificación Familiar”, o que al menos configuren un capítulo que detalle la participación de las mujeres en sus eventuales gestiones. Solo dos partidos no mencionan en sus planes ninguna de nuestras búsquedas: Renovación Popular y Unión por el Perú, que se aliaron durante campaña y el primero alcanzó cerca de 13 escaños en los comicios del 11 de abril, una bancada significativa que no garantiza acciones contra la violencia machista y la conquista de derechos de salud sexual y reproductiva.