Las comunidades indígenas Nuevo Andoas y Titiyacu de la cuenca del Pastaza, y Nueva Jerusalén y Nueva Nazareth de la parte alta del río Corrientes, ambas ubicadas en el ámbito del Lote 192, han iniciado una movilización que paraliza el aeródromo, la energía eléctrica y la estación de bombeo de Petroperú en el lote.
La medida se suma a las ya iniciadas hace más de 60 días por las dos comunidades del Corrientes mencionadas, quienes paralizaron el yacimiento Dorissa y la carretera petrolera del Lote 192 exigiendo diálogo (suspendido desde hace más de un mes) a la petrolera Frontera Energy a causa de derrames de petróleo que afectaron sus territorios.
Las nuevas medidas tomadas por el conjunto de comunidades se originan luego de que el Estado no ofreciera respuestas concretas a asuntos vinculados a salud, educación, remediación ambiental, entre otros planteados en un pronunciamiento de inicios de agosto. Las comunidades exigen que una comisión de alto nivel ingrese a la comunidad Andoas y responda de forma concreta, con cronograma, los compromisos que tiene el Estado con ellas y aún no ha informado adecuadamente ni da cumplimiento.
“Debe venir siquiera algún Viceministro para que dé solución, alguien de ese nivel con poder de decisión, que venga con cronograma de trabajo, no queremos que se firmen papales y no se cumpla”, señala el apu Tedy Maca de la comunidad Nuevo Andoas.
El apu de la comunidad Nueva Jerusalén, Julio Maynas, manifestó que las comunidades han actuado de manera pacífica, respetando la infraestructura e integridad del personal de servicio de las empresas. “Estamos a la espera de respuestas del Estado, pero también de la empresa Frontera Energy, que desde semanas no quiere dialogar con comunidades achuar afectadas por sus derrames”, señaló.
El pasado viernes 6 de setiembre una comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que una delegación del Estado ingresará recién el 17 de setiembre conformada por representantes del sector salud y educación, sin precisar más información. Las comunidades han señalado que mantendrán su medida de fuerza hasta recibir una comunicación donde se asegure el ingreso de la comisión del alto nivel.