Crissthian Olivera, activista gay en derechos humanos, sabe lo que significa demostrar su amor en un espacio público y ser discriminado. En el 2004, una demostración romántica a su pareja, los hizo víctimas de discriminación por su orientación sexual y fueron retirados de las instalaciones del entonces conocido Supermercado Santa Isabel. A pesar del miedo y el señalamiento social, Olivera no dudó en luchar por sus derechos.
“A nivel personal es aprender a sobrellevar el miedo a que te pueda pasar algo. El miedo a que te insulten, te agredan, te digan ‘maricón tal por cual’. Pero hay que aprender a manejar ese miedo, poder afrontar el miedo al espacio público y decir ‘tengo estos derechos que me corresponden’, asumir y tomar el espacio”, señala Crissthian cuya denuncia fue presentada a INDECOPI en 2004, dos años después ante el Poder Judicial y el 2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la admitió recién el 2018.
Crissthian junto a las organizaciones feministas DEMUS, Synergía –Iniciativas para los Derechos Humanos y Asociación Líderes en Acción que patrocinan su caso, tuvo que hacer un trabajo de consciencia interno para afrontar sus propios miedos, pero siempre fue su objetivo contribuir a generar un cambio en la sociedad y también en la misma comunidad LGTBIQ.
“Decirle a las personas LGTB que pueden y deben tomar el espacio público para expresar sus afectos, emociones, vivir libremente. Cuando lo vives en carne propia adquieres más conciencia sobre lo que puede pasar y te da más elementos para sobreponerte, y se elige la opción de vivir libre y feliz, sin que te pueda dañar lo que diga la sociedad, los políticos o los jerarcas de la iglesia. El miedo tiene que dar paso a la lucha, la reivindicación de las libertades, la aceptación personal y eso es parte de la apuesta que tenemos con DEMUS”, sostiene Olivera.
¿A DÓNDE RECURRIR?
El profesor Carlos J. Zelada, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, explica que, por principio, los espacios abiertos al público no deben tener restricciones para la expresión del afecto a menos que exista una causa objetiva y razonable, como cuando una persona porta armas o está bajo fuertes efectos del alcohol o intoxicación que puedan hacer daño a los demás.
“Que te digan que tu expresión de afecto por ser lesbiana, gay, trans o queer debes realizarla en un hotel, tu casa o circuito cerrado, es un planteamiento discriminatorio, porque implica que tu afecto, al ser distinto al modelo tradicional, no vale lo mismo”, precisa.
Zelada enfatiza que el derecho constitucional y el derecho internacional amparan las expresiones de afecto entre personas LGTBIQ. Sin embargo, ante cualquier trato discriminatorio, existen formas de actuar.
Si la discriminación se da en un espacio público bajo una relación de consumo, es decir cuando una persona brinda un servicio a otra, por ejemplo, un restaurante, un gimnasio o un patio de comidas de un centro comercial, se puede acudir a INDECOPI. Si un@ no queda satisfech@ en INDECOPI, se puede acudir al Poder Judicial a través de una acción contenciosa administrativa.
“Si bien son empresas privadas, muchas de ellas cuentan con lugares de atención de libre circulación para el público. Las empresas deben saber que el hecho de ser organizaciones privadas no les permite discriminar”, señala Zelada.
Otra solución ante la discriminación en plazas, parques o calles es la constitucional vía habeas corpus. La normativa jurídica peruana expresa que las personas tiene derecho al libre tránsito y al desarrollo de su personalidad sin ser discriminadas por su orientación sexual y expresión de género. El profesor Zelada recomienda que en estos casos es importante registrar, ya sea en teléfonos celulares u otros medios el evento discriminatorio, aunque aclaró que esto no debería ser un requisito para denunciar.
El caso Crisstian Olivera optó por la vía de INDECOPI y, ante el rechazo por la vía judicial, una vez agotada la vía de la justicia peruana se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Zelada, antes de dos años debería conocerse si el Estado peruano violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos al darle la razón a la empresa discriminadora y desestimar la denuncia de Olivera.
Si la CIDH evalúa llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se obtiene una sentencia a favor de Olivera sería el primer caso por el que se discutiría si las personas LGTBIQ pueden expresar su afecto en público y cuáles son las obligaciones del Estado y de las empresas bajo el principio de no discriminación.
JUSTICIA ARCOÍRIS
Sayda Lucas de la campaña Justicia Arcoíris -que impulsan las organizaciones DEMUS y LIFS- señala que “frente a una sociedad heteropatriarcal y con discursos de odio de parte de grupos religiosos fundamentalistas, es valiosa la lucha de activistas como Crissthian, su caso es emblemático y se busca que genere precedente en relación al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBIQ y de expresar amor con libertad en cualquier espacio. Justicia Arcoíris se suma a la lucha del movimiento LGTBIQ para lograr que el sistema de justicia cumplan con aplicar el enfoque de género y los estándares internacionales en materia de derechos humanos en los casos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género”.
Hoy a las 6 p.m. se realizará en el Parque del Amor de Miraflores el evento ‘El amor no discrimina’, mientras que el sábado 16 de febrero se realizará como todos los años la acción “BESOS POR LA DIVERSIDAD”, a las 4 p.m., en la plaza Mayor de Lima.
EL DATO
En febrero de 2011 y de 2016, la Policía Nacional del Perú reprimió violentamente la acción simbólica ‘Besos contra la homofobia’. Hasta ahora no se ha sancionado a nadie a pesar de la denuncia presentada por activistas LGTBIQ. El caso sigue impune.
