Tenemos 198 conflictos sociales que se registraron hasta julio; 140 activos y 58 latentes. Según el documento de la Defensoría del Pueblo, Áncash lidera la lista con 28 casos, le siguen Puno con 18 y Cusco con 16 casos.
Con la abrumadora realidad peruana a cuestas; un Poder Judicial cojeando, el Congreso visto con desconfianza, la carrera por las alcaldías en el Perú y con la mayoría de los medios informando sobre la migración venezolana, siempre hay espacio para saber un poco más de cómo estamos. Por eso, la Defensoría del Pueblo nos regaló, hace unos días, su informe con los diferentes conflictos que hubo en todo el país.
Recordemos que los conflictos sociales son el resultado de la falta de diálogo —entendimiento— entre las partes implicadas (población, gobierno, empresa u otros agentes). Y claro, las causas pueden ser o la desigualdad o la crisis económica o la ausencia del Estado, o todas estas juntas.
En este año se registraron solo 13 personas heridas —según el informe— por estos conflictos. Se señala, además, que hubo 139 acciones colectivas de protesta.
La Defensoría subraya que los conflictos socioambientales fueron la exigencia mayoritaria; 127 casos del total. Los conflictos relacionados con los gobiernos locales fueron 20 y por asuntos del gobierno nacional se registraron 18 casos.
¿Hasta cuándo, señoras y señores?
Los que entienden de procesos sabrán que los conflictos sociales no brotan de un día para otro, no aparecen por caprichos infundados o por querer darle la contra a la inversión. No. La protesta es la manifestación inicial de esa incomodidad. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando ya van diez años —¡diez años!— esperando la aprobación del Plan Nacional para proteger indígenas?
La Defensoría puntualizó que la aprobación del Plan Nacional de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) permitirá contar con una importante herramienta de gestión, cuyo contenido debe recoger los aportes y participación de organizaciones indígenas dedicadas a la protección de los derechos de estos pueblos.
En Mano Alzada no queremos creer que solo hay interés del Estado por los indígenas peruanos en función a los territorios que ellos habitan. No, ¿verdad?
Finalmente, “Es necesario que Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales trabajen en la mejora de la implementación de mecanismos para proteger a estos pueblos durante la realización de estudios correspondientes, especialmente, frente a la explotación de recursos, de manera lícita o ilícita”, señaló la institución.
