La propuesta de moda de los candidatos a gobernar la región es la lucha contra la minería ilegal, pero ‘se olvidaron’ de informar las concesiones que poseen. Varios tienen un pasado cuestionable por lavado, tráfico de insumos químicos y contaminación.
¿El Perú es Lima? Esa partecita de la frase del escritor Abraham Valdelomar obedecería más a una alerta. En este tiempo de candidaturas a los diferentes distritos y gobiernos regionales —varios comunicadores contaminan el ambiente electoral con el supuesto desinterés generalizado— debemos mirar un poco más allá de la capital. Ojo Público realizó un informe en Madre de Dios, región que exige atención especial ya que sería el objetivo de representantes de la minería informal.
El período del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, llegará a su fin y algunos de los favoritos a reemplazarlo tienen antecedentes relacionados con la minería ilegal. Los que van arriba en las encuestas locales son: Juan Imura (abogado), Julio Luna (exalcalde del distrito de Laberinto) y el excongresista Amado Romero (apodado ‘come oro’). Veamos.
Juan Imura, empresario vinculado a la minería
Ser empresario y postular como presidente de la región no es problema. La situación se pone difícil cuando hubo una investigación por tráfico de insumos químicos para la minería informal. Entonces, ¿la propuesta de ‘minería amigable y limpia’ del abogado Imura dónde queda?
Una búsqueda en la base de datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) arroja que el candidato aún está en el Registro Integral de Formalización Minera (o sea, los que continúan como mineros informales) con su concesión Transoceánico I y con Naoki I (¿?). A esto se suma (según información del Ministerio Público) una indagación preliminar por lavado de dinero en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata.
El candidato, en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no reportó acciones en empresas o titularidad en las concesiones (Tambopata y Las Piedras) que figuran a su nombre en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
La esposa de Imura, Sorayda Sullca Soto, también fue investigada por lavado. Ella figuró como gerente de la empresa Kori Wasi Negociaciones (dada de baja en 2006) vinculada en 2012 a la compra y venta de oro ilegal procedente de La Pampa.
Las concesiones Transoceánico I, Israel I y Sory, aparecen extintas, pero continúan a nombre del candidato. Ojo Público le hizo la consulta pertinente a Imura y respondió que las había vendido, pero había olvidado a quién y que seguramente el nuevo dueño no hizo los trámites de cambio de titularidad.
Julio Luna, y su Laberinto
Es alcalde del distrito de Laberinto, zona reconocida por su alta actividad minería informal. Llegó al sillón municipal sin tener estudios superiores y no declaró trabajo conocido antes de ocupar el cargo.
A quien sí se le conoce trabajo es a su padre, Silvestre Efraín Luna Camacho; productor de oro en Laberinto y tiene cinco —¡cinco!— concesiones en el distrito: Playa Luna, Playa Luna 1, Playa Luna 3, Playa Junior y Feliciano. Todas suman 945 hectáreas.
En su reporte al JNE no informó ser dueño de concesiones o tener acciones en alguna empresa. Sin embargo, aparece inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera a través del derecho minero Playa Junior, que está a nombre de su padre. Asimismo, aunque no se le conoce situación laboral anterior a la alcaldía, reportó ser dueño de quince bines inmuebles en Madre de Dios y Cusco (terrenos y viviendas).
El candidato Luna cuenta con siete denuncias penales en las fiscalías de Madre de Dios, tres de ellas por peculado (delito por apropiarse o usar, para sí o para otro, dinero público que se le confió por su cargo). La más reciente figura desde julio de 2018.
Cuando fue consultado por sus vínculos con la minería, manifestó que ni él ni su familia tenían concesiones. Cuando se le preguntó de manera específica, el candidato dijo que no recordaba bien.
Amado Romero, el ‘come oro’
Excongresista de las filas del partido de Ollanta Humala promete restituir la actividad minera en las comunidades nativas y promover una ley de minería artesanal para Madre de Dios. Según el Comercio (2011), Romero siendo congresista controlaba, a través de terceros, concesiones en 4 mil 500 hectáreas. Fue suspendido 120 días. El último proceso que lo vincula a la minería informal y contaminación es de 2017.
Romero tampoco informó al JNE de sus acciones societarias en empresas ni de las cuatro concesiones mineras a su nombre en el Ingemmet: Talibán, Talibán 1, Tres de Agosto 1 y Sol de Mayo. Todas suman mil 300 hectáreas, en el distrito de Laberinto.
Recordemos que en 2014 un grupo de mineros denunció la entrega de cinco kilos de oro mensuales a Daniel Abugattás, exparlamentario del Partido Nacionalista, para que los dejen trabajar en Madre de Dios y que interceda en la derogatoria de un decreto de urgencia que prohibía el uso de dragas (maquinaria pesada para excavar) en los ríos. Esta denuncia también habría alcanzado al ahora candidato al gobierno regional, Amado Romero.
Madre de Dios tiene una superficie de 85 mil 300 km2 y la minería formal o informal trae un impacto en el ambiente: contaminación y deforestación. Para la primera se crean normas que tratan de regularla, pero con la segunda los esfuerzos de control caen en costal roto. El proyecto Monitoreo de los Andes Amazónicos indicó que la minería ilegal a deforestado casi 9 mil hectáreas de bosques entre los años 2013 y 2018. Penosamente, estamos hablando al equivalente de 11 mil canchas de fútbol.
