Escribe: Eliana Pérez Barrenechea, comunicadora feminista.

109 mujeres menos, víctimas de feminicidios, se han registrado en lo que va del 2019 en el país. Mujeres, hijas, madres, hermanas, 109 historias truncas, mismo número de familias quebradas. Más de 120 niños y niñas que han quedado en la orfandad. Si bien las cifras nos ayudan a dimensionar el problema de la violencia contra las mujeres, nos pueden insensibilizar frente a cada uno de los casos que se registran. Detrás de cada estadística está el dolor, la impotencia y la indignación de las familias de las víctimas, especialmente de las que no encuentran justicia.

En la problemática de la violencia contra las mujeres, otro aspecto que no se está atendiendo a cabalidad es el de las mujeres desaparecidas, a pesar que desde febrero de este año se reglamentó el Decreto Legislativo 1428 que regula las medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, que incluyó a mujeres víctimas de violencia.

Hoy, que se cumplen tres años de la desaparición de Solsiret Rodríguez, una madre de 23 años, activista feminista organizadora de la marcha nacional Ni Una Menos, es importante recordar que las desaparecidas también importan. Solsiret se ha convertido en un símbolo de las mujeres desaparecidas y su caso es un ejemplo del suplicio y los maltratos que las familias de las desaparecidas tienen que pasar en su búsqueda.

En Alto Trujillo, hace dos años, desapareció Dina Anticona Cueva, a la edad de 16 años, una jovencita de familia humilde que tenía 9 meses de gestación y hasta la fecha no sabe de ella. Mientras que, en la ciudad de Guadalupe, los familiares de Marlene Atalaya Briones, madre de 32 años, la siguen buscando desde el 22 de abril, sin tener el apoyo necesario en su búsqueda.

Estas tres historias nos dan una idea del drama que viven las familias de las desaparecidas, así como de la incapacidad del Estado para prevenir las desapariciones, y para la búsqueda y ubicación de las víctimas. Una atención especial deben tener las niñas, pues son el 70% de menores desaparecidos –a nivel nacional– la mayoría de entre 10 y 15 años, según información de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene a su cargo la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas (2018).

Es importante conocer que el DL 1428 ordena a la Policía Nacional del Perú (PNP) que atienda de forma inmediata y en cualquier momento las denuncias, sin esperar que transcurran 24 horas desde que se reporta la desaparición, bajo responsabilidad funcional. Por tanto, las personas ya no deben esperar a que pase un día de la desaparición, deben acudir a la dependencia policial más cercana con una fotografía de la desaparecida, sobre todo si se trata de mujeres víctimas de violencia, de menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados, migrantes internos e integrantes de pueblos indígenas.

La PNP debe difundir una Nota de Alerta, con un resumen de los datos de la denuncia, y en caso de la denuncia de desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, activará y emitirá adicionalmente una Alerta de Emergencia, a través de las unidades policiales, serenazgos, instituciones armadas, migraciones, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de salud, otros que establece el reglamento.

Las mujeres siguen desapareciendo y es lamentable que el desenlace de su búsqueda generalmente termine en casos de feminicidios. Ahora sabemos de 109 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, pero hay muchas madres, padres, hijos e hijas que lloran la ausencia de una mujer y no pierden la esperanza de encontrarlas o saber de ellas. No nos cansemos de reclamarle al Estado por la seguridad de las mujeres y de las niñas, y por el cumplimiento de su deber de encontrar a las desaparecidas. Ellas importan y sus familias también.