Escribe Lily Ku Yanasupo*

Nuestro país está sumido en una crisis política y social grave que al día de hoy viene cobrando varias vidas de peruanos y peruanas (45), hartos de una clase política que no la representa, indolente, arbitraria, mezquina y sin ningún compromiso y convicción por los derechos de las personas. Frente a esto, el gobierno de Dina Boluarte y este Congreso vienen haciendo oídos sordos a la principal demanda de la población: ¡que se vayan todos!

Lejos de tener un poco de decencia ante tanta protesta y desastre, la respuesta por parte de este gobierno ha sido clara: represión y más represión. El diálogo, si alguna vez se supo en nuestro país qué significa y cómo se construye, ahora se siente como una palabra hueca y sin sentido alguno. ¿Cómo se puede llamar al diálogo abierto y sincero, cuando al mismo tiempo se reprime y se disparan balas a las y los ciudadanos por las fuerzas del orden? ¿Cómo pretenden que las personas crean en discursos de paz cuando en paralelo quienes integran este gobierno criminalizan la protesta social, acusan a las y los manifestantes de “terrucos” y justifican el uso desproporcionado del poder público?

Que quede claro que no hay justificación alguna para que bajo el manto de un gobierno supuestamente democrático se maten personas. Ninguna democracia se sostiene por la fuerza y la imposición, como viene haciendo este gobierno a través de la instrumentalización de las fuerzas policiales y militares contra la ciudadanía. La protesta social es un derecho fundamental y una herramienta de la población movilizada, que en democracia se emplea para lograr una respuesta política a una serie de demandas sin atención. Es, al final, la manera como la población logra ser escuchada y tomada en cuenta por las altas esferas del poder político, pero también es un claro síntoma de que hay sectores que no se sienten debidamente representados por el accionar político.  

El origen de las protestas en el Perú está en diversas demandas sociales que en el tiempo no han sido debidamente atendidas por la clase política, entre las que se encuentran la reforma política integral, para establecer mayores filtros que garanticen el ingreso de personas probas en los diferentes poderes estatales, y la reforma constitucional. Estos son temas que correspondía escuchar a este gobierno, pero, en vez de eso, sus respuestas solo han mostrado menosprecio hacia la vida de la población del interior del país, lo cual confirma nuestras características de país centralista, clasista y discriminador.

Desde que Dina Boluarte asumió el gobierno, se busca reprimir el clamor popular, y para esto se evidencia un pacto de apoyo y silencio entre los grupos políticos que con sus componendas también han contribuido a esta crisis. Con ello, el Ejecutivo se suma a un accionar déspota e intransigente como el del Congreso, y con el uso de la fuerza pública ambos permanecen en el poder; pero las demandas sociales son legítimas y, en lo particular, como ciudadana peruana comparto varias de ellas, porque he vivido de cerca el proceder antidemocrático de este Congreso, cuando se quiso imponer al país una elección irregular, amañada y dirigida para colocar en la Defensoría del Pueblo a alguien afín y cercano a los intereses de estos grupos políticos que no creen en los derechos, sino solo en sus propios negocios e intereses. Dicho sea de paso, en un acto de vandalismo político, se acaba de conformar una tercera comisión especial para intentar nuevamente arremeter contra dicha institución, aun cuando existe un proceso judicial pendiente sobre el tema. Van por todo y quieren tomarlo todo.

Termino reafirmando una idea poderosa que en estos tiempos debe llenarnos de coraje y determinación: la defensa de los derechos no tiene color político, es y siempre será una cuestión de convicciones profundamente conscientes y democráticas. Por eso, estemos listos para defender lo mucho o poco que nuestro país pudo avanzar en su desarrollo social, y en la garantía y protección de los derechos humanos.

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* Abogada con especialidad en derecho constitucional y docente universitaria, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores/as del Sector Estatal