A través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, Amnistía Internacional ha comprobado episodios que ejemplifican el uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional en las manifestaciones producidas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.

“Los videos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo con la información recibida, desde el 10 de noviembre de 2020 y, principalmente, en las masivas protestas llevadas a cabo ayer en varias ciudades del país, más de 15 personas habrían resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad por arma de fuego.

Amnistía Internacional también ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil y que se negaban a identificarse, y de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la Policía Nacional ha reportado que once efectivos policiales resultaron lesionados con objetos contundentes, e informó sobre personas que fueron detenidas por “disturbios, agresión y resistencia a la autoridad”, omitiendo publicar la cifra exacta.

En los incidentes que Amnistía Internacional ha podido verificar, agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos.

El 12 de noviembre por la noche en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, varios agentes policiales dispararon directamente contra personas durante una manifestación. En un primer video, agentes que formaban una barrera dispararon municiones no identificadas en cuatro ocasiones, mientras uno de ellos gritaba “Mátalo, mátalo”. En otro video del mismo incidente, el mismo grupo de agentes disparó contra un grupo de personas en varias ocasiones y en otro video un agente disparó a corta distancia en dirección a un grupo de personas.

“Debido a la represión violenta de las protestas, esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la protección de la población sobre cualquier interés político”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Las autoridades deben detener inmediatamente la represión de las manifestaciones, garantizar el derecho a la protesta pacífica e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la crisis actual, particularmente aquellas cometidas por las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional destaca que en este contexto el rol de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es fundamental y rechaza enérgicamente la información recibida sobre amenazas y actos intimidatorios cometidos contra personal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Al menos cuatro periodistas han resultado heridos durante la represión de las protestas.

Finalmente, la organización hace un llamado a las autoridades judiciales a no aplicar la Ley de Protección Policial (Nº 3110) que, en violación del derecho internacional de los derechos humanos, deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional quede en la impunidad.

Foto de portada: Julio Reaño (movilización en Chiclayo).