Desde el 9 de julio, que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, hasta el 28 de setiembre, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dictaminó su procedencia, casi tres meses se tomó el Congreso, para decidir sobre la situación legal del congresista que puso en vilo a la nación por sus intentos de generar una vacancia en la presidencia a través de unos audios que solo demostraban el nivel de infidencia del, hasta hace algunos meses, círculo cercano de Martín Vizcarra, por el caso Swing.
A este primer paso de tortuga debe seguirle la revisión en la Comisión Permanente, que debería votar a favor de la procedencia, luego el dictamen regresa a la Subcomisión, que deberá elegir a lxs congresistas que realizarán las investigaciones, quienes emitirán un informe, que necesita ser aprobado en la Subcomisión y en la Comisión Permanente, para finalmente pasar al Pleno en donde se debatirá si Alarcón por fin rendirá cuentas a la justicia por los delitos de los que se le acusa: peculado y enriquecimiento ilícito.
No es novedad que las abstenciones hayan venido en primer lugar del fujimorismo: Martha Chávez y Carlos Mesías. A los que se sumaron María Gallardo de Podemos Perú y José Vega Antonio de UPP. A favor de la procedencia votaron Luis Roel Alva, Franco Salinas, Carlos Pérez y Jorge Vásquez de Acción Poupular, María Retamozo y Richard Rubio del Frepap, y Gino Costa del Partido Morad, José Ancalle del Frente Amplio y Tania Rodas de APP.
