La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Especializada en Lavado de Activos decidió iniciar una investigación contra Víctor Becerril Rodríguez, André y Jill Becerril Chia, Alfonso Álvarez, María Salazar Chuquilín, Fernando Wong Chia, Irving Alvarado Chia, Bernardo Chia Ly y las empresas Servicios Agrícolas y Comercializadora La Pradera, Comercializadora y Servicios Los Inkas, y Transportes San Joaquín, por el presunto delito de lavado de activos.
Esta investigación se suscita debido a las sucesivas transferencias que realizan los Becerril de un terreno denominado ‘Canclón’, el cual pertenece a la empresa Pomalca, gerenciada por Víctor Becerril.
Todo empieza en 2014, cuando la empresa Pomalca, con Becerril como su gerente general y José Gamarra Mizrrajil como presidente del directorio, reconoce una “deuda” por S/ 5’934,618.50 con la empresa La Pradera, de propiedad de María Salazar Chuquilín (3% de acciones) y Fernando Wong Chia (97% de acciones).
Para cancelar la “deuda”, el 31 de diciembre de 2014 Becerril traspasa el terreno ‘Canclón’, de 125.17 hectáreas y valorizado en S/ 5’405,016.11, a la empresa La Pradera.
Tres meses después, toman todo el poder sobre la empresa La Pradera Fernando Wong Chia e Irving Alvarado Chia, hijos de Bertha y Alicia Chia Ly, respectivamente, ambas cuñadas de Víctor Becerril.
En paralelo aparece la empresa San Joaquín como acreedora de La Pradera. La empresa San Joaquín era propiedad de Comercializadora y Servicios Los Inkas (65.5%), La Pradera (33.1%) y Bernardo Chia (1.4%). A su vez, Los Inkas tenía de accionistas a Fernando Wong (97%) y Victoria Gastiaburu (3%). Estas últimas acciones luego pasan a manos de Irving Alvarado Chia.
Para contentar a todos, el terreno es dividido en cinco lotes. Los lotes 1 y 2 fueron a manos de André y Jill Becerril, hijos de Víctor Becerril, y los lotes 3, 4 y 5 son cedidos en opción de compra a la empresa Proconsulting & Project Investment, que los hipotecó por US$ 1,2 millones en el Banco de Crédito del Perú.
Los hijos de Becerril también venden sus lotes por US$ 1’215,098.22 dólares y US$ 1’338,114.28, respectivamente, con lo que generan ese patrimonio “legalmente”.
Esto es lo que investigarán los fiscales Efraín Montes y Miguel Toyohama por ocho meses, puesto que el fiscal José Castellanos Jara lo declaró un caso complejo.
