Más de tres décadas han transcurrido desde que se inició el periodo de violencia en nuestro país y el Estado peruano aún no termina de atender el derecho a la justicia, la búsqueda de las personas desaparecidas y las reparaciones dignas para las víctimas y sus familiares. Por ello, en el marco del cierre de la Campaña Ciudadana: Por el Perú, Keiko No Va, familiares de víctimas de la década del 90, junto a la Coordinadora Contra la Impunidad – CCI, colectivos y organizaciones de la sociedad civil promueven adhesiones de respaldo a una carta abierta dirigida al candidato Pedro Castillo y a Perú Libre que recoge once puntos sobre memoria, lucha contra la impunidad y la no criminalización de la protesta social.

Entre los puntos del documento “Por un Bicentenario con memoria y justicia”, se destaca la promoción de la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado durante el conflicto armado interno como las desapariciones, torturas, esterilizaciones forzadas, asesinatos extrajudiciales; y, las cometidas en años recientes como fue el caso de las víctimas del 14N, incluyendo el asesinato de defensores de derechos humanos y ambientales. Asimismo, se disponga condiciones óptimas para las investigaciones de los casos de violación de derechos humanos, el fortalecimiento material y de recursos humanos especializados en la investigación y la búsqueda e identificación de los restos de personas desaparecidas en los entes a cargo de las investigaciones, la promoción del enfoque intercultural durante el proceso judicial -en especial cuando testigos y víctimas tienen lengua materna distinta al castellano-; así como, promover la participación de las víctimas y familiares de víctimas en estas investigaciones y procesos de justicia.

En otro punto, se propone la detención de la criminalización de la protesta social, pues estamos convencidos que la protesta y la libertad de reunión son derechos fundamentales en una democracia, promoviendo la despenalización de los justos actos de protesta y una necesaria reforma policial. Además, se inicie la enseñanza en todos los niveles educativos, incluido el universitario, sobre la importancia de la protección y defensa de los derechos humanos; promover la enseñanza obligatoria de los cursos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en las universidades con tal de formar profesionales y jueces en la prevención y sanción de los crímenes internacionales.

La carta abierta al candidato presidencial Pedro Castillo cuenta con las firmas de los familiares de los casos La Cantuta; Barrios Altos; Pedro Yauri; Pedro Huilca; Melissa Alfaro; Ernesto Castillo Páez; Saúl Cantoral; Hugo Bustíos; la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP); la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET); Coordinadora Contra la Impunidad (CCI); el Movimiento Manuela Ramos; la Red para la Infancia y la Familia (REDINFA); el Instituto de Defensa Legal (IDL); el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción; el Instituto Sur Andino de Derechos Humanos – ISADH Puno; la Asociación Cultural Trenzar; En Movimiento y adhesiones de la ciudadanía.

De otro lado, los familiares de víctimas de la dictadura fujimorista participarán en la movilización a nivel nacional, bajo la consigna Keiko No Va, Fujimori Nunca Más, programada para el martes 1 a partir de las 4:00 p.m. junto a colectivos de arte y cultura que se concentrarán en la Plaza Francia, para luego trasladarse a la Plaza San Martín. “Los familiares de las víctimas del fujimorismo venimos luchando durante décadas por memoria, justicia y contra la impunidad, y nos preocupa que la hija del principal responsable de la muerte de nuestros familiares pretenda llegar al gobierno para reescribir la historia que condenó a Alberto Fujimori a 25 años por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Como en 2016, nos movilizamos para hacerle frente a la mafia fujimorista porque el crimen, la delincuencia y corrupción no son una opción política de gobierno”, sentenciaron los familiares.

POR UN BICENTENARIO CON MEMORIA Y JUSTICIA

CARTA ABIERTA AL CANDIDATO PEDRO CASTILLO Y A PERÚ LIBRE

En el marco de esta segunda vuelta electoral, el pueblo peruano enfrenta la amenaza del retorno del fujimorismo a la presidencia de la República, que es una organización criminal, corrupta y que promueve la impunidad. Ante ello, familiares de casos de violación a los derechos humanos cometidos en 1980-2020, colectivos y organizaciones de la sociedad civil demandamos al candidato Pedro Castillo y a Perú Libre asumir y cumplirlos siguientes compromisos:

  1. Promover la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado durante el conflicto armado interno como las desapariciones, torturas, esterilizaciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, y las cometidas en años recientes como fue el caso de las víctimas del 14N, incluyendo el asesinato de defensores de derechos humanos y ambientales.
  2. Impulsar respuestas eficaces a las demandas de verdad y justicia, principalmente la preservación de la memoria y el real funcionamiento del Plan de Búsqueda de Desaparecidos, promoviendo la ubicación de los restos de las personas desaparecidas y el funcionamiento efectivo del Registro del Banco Genético.
  3. Exigir al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior la cooperación con las investigaciones realizadas al personal de las FFAA y PNP, brindando la información necesaria para determinar responsabilidad en la comisión de violaciones de derechos humanos.
  4. Disponer condiciones óptimas para las investigaciones de los casos de violación de derechos humanos, el fortalecimiento material y de recursos humanos especializados en la investigación y la búsqueda e identificación de los restos de personas desaparecidas en los entes a cargo de las investigaciones, la promoción del enfoque intercultural durante el proceso judicial, en especial cuando testigos y víctimas tienen lengua materna distinta al castellano; así como, promover la participación de las víctimas y familiares de víctimas en estas investigaciones y procesos de justicia.
  5. No usar mecanismos legales que impidan la investigación y sanción de crímenes a través de normas de amnistía, el indulto o el derecho de gracia. Corresponde la imprescriptibilidad de los delitos que violan el derecho de las víctimas, el acceso a la justicia y la separación de poderes.
  6. Continuar y mejorar las reparaciones en educación, salud y trabajo para los familiares de las víctimas.
  7. Detener la criminalización de la protesta social, pues estamos convencidos que la protesta y la libertad de reunión son derechos fundamentales en una democracia, promoviendo la despenalización de los justos actos de protesta y una necesaria reforma policial.
  8. Promover la presencia efectiva del Estado en las zonas del VRAEM y fronteras del Perú, que permita a los ciudadanos y ciudadanas acceder a los servicios de salud, educación, justicia y comunicaciones.
  9. Promover el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del marco normativo internacional.
  10. Promover la enseñanza en todos los niveles educativos, incluido el universitario, sobre la importancia de la protección y defensa de los derechos humanos; promover la enseñanza obligatoria de los cursos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en las universidades a efectos de formar profesionales y jueces en la prevención y sanción de los crímenes internacionales.
  11. Garantizar el derecho a la memoria, la necesaria política de memoria que acoja las diversas memorias de peruanos y peruanas y el respeto a los memoriales, lugares de memoria, públicos y privados.

Respaldamos las exigencias de distintos sectores que luchan por la defensa de derechos y que se exprese en una Asamblea Constituyente Popular, la cual debe ser consultada mediante referéndum porque es tiempo de terminar con la herencia de la dictadura fujimorista, acuñada en la actual Constitución, y abrir una salida democrática a la crisis en curso.

Solo desde el reconocimiento de derechos y del cumplimiento de las obligaciones del Estado podemos construir una democracia sólida, que nos represente y un Estado que nos defienda.

¡Por un Perú con justicia y sin corrupción, la lucha continúa!
¡Fujimori nunca más! ¡Por el Perú, Keiko no va!
Perú, 30 de mayo de 2021