El testigo clave y parte del entorno cercano a Keiko Fujimori, Rolando Reátegui, reveló el 14 de octubre para el fiscal José Domingo Pérez que su lideresa le ordenó lavar fondos de origen incierto para financiar la campaña presidencial del 2011.

“Todo el poder lo tiene Keiko Fujimori”

En la declaración a la que tuvo acceso La República, Reátegui afirmó que todas las decisiones pasaban la aprobación de Keiko Fujimori. No hay ninguna orden que se haya tomado sin consultarle o sin su conocimiento: “Fuerza Popular tiene un Comité Ejecutivo Nacional, pero todos sus integrantes eran solo una pantalla”.

Quienes controlaban todo eran la ahora procesada líder fujimorista y sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari y un pequeño grupo de la bancada, parte del chat La Botika. Así la estrategia del congresista de la región San Martín es demostrar que Fujimori le ordenó, con el conocimiento de los otros miembros de la cúpula, lavar fondos y presentarlos como fraudulentas aportaciones, en 2017.

“En dicha reunión, Figari y Hertz le indican al congresista Rolando Reátegui que hay fondos de dinero donado por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011 porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual Gobierno (fujimorista), ya que podrían ser cruzados muchas veces con la Sunat”.

Es decir, no querían que se descubra el tráfico por influencias del dinero ‘donado’ por Odebrecht, ya que en caso Keiko Fujimori ganara las elecciones tenía que devolver el ‘favor’ adjudicándole obras públicas a la empresa constructora.

Asimismo, Pierre Figari y Ana Herz eran los que coordinaron la entrega de dinero a Reategui junto con la tesorera Adriana Tarazona: “Pier Figari le indica al congresista Reátegui que le van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones y así aparezcan registradas a nombre de terceras personas, porque Reátegui era amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial, por lo que podía hacer cubrir los aportes. Es decir, Reátegui debía llevar a cabo una operación de buscar en su región San Martín a personas que puedan aparecer como aportantes del partido”.

Así se va revelando y confirmando que Fuerza Popular operaba como una organización criminal.