Natalia Jiménez, Marco Falconi, Jack Salazar, Salatiel Marrufo… En los últimos diez días, los flamantes ministros del Gabinete Bellido han reflotado sus equipos de asesores y directores. Sin embargo, los titulares de Transporte y Comunicaciones y Vivienda han realizado polémicas designaciones.

Algunas resoluciones han quedado sin efecto por la reacción ciudadana, pero otras han sido reemplazadas por designaciones aún más polémicas. Aquí te contamos la militancia política de estos cuestionados funcionarios.

El récord de Silva Villegas y su afiliación en Todos por el Perú

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, estuvo en el ojo de la tormenta después de que se diera a conocer que no cuenta con experiencia en el sector y, como conductor, ostente tres papeletas. Los medios de comunicación también alertaron que el ministro Silva Villegas cuenta con una denuncia por violencia física y psicológica en contra de su expareja, en 2011.

A pesar del récord de acusaciones, el titular del MTC no reparó en elegir para cargos de confianza a personas que cuentan con serios cuestionamientos, además de estar vinculados a políticos o partidos que despiertan sospechas. El mismo ministro Juan Francisco Silva Villegas está afiliado actualmente al partido Todos por el Perú desde 2017. Esta organización lanzó la recordada candidatura de Julio Guzmán en 2016, y estas elecciones la de Fernando Cillóniz. En 2021 se retiraron de la contienda por improcedencia de la plancha presidencial.

Silva Villegas, designó a Alberto Falla Avellanada como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (ProMovilidad). Falla es fundador de la empresa Revisiones Técnicas del Sur (Retecsur S.A.C.), que emitió un certificado de inspección vehicular al vehículo de placa A2X-847. En enero de 2020, este camión protagonizó la trágica explosión en la cual murieron 34 personas en Villa el Salvador tras una fuga de gas licuado de petróleo y deflagración.

La designación de Alberto Falla quedó sin efecto a través de la Resolución Ministerial N° 766-2021-MTC/01, del 4 de agosto.

La familia Jiménez y Perú Libre

También fue designada Natalia Natali Jiménez Velásquez en la dirección del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provías-Descentralizado. La Contraloría alertó a través de un informe que dicho nombramiento no cumplía los requisitos de 10 años de experiencia profesional. La joven abogada obtuvo su grado de bachiller el 30 de enero del 2019 y su licenciatura el 10 de setiembre de ese año.

Jiménez Velásquez tuvo afiliación en el partido político Perú Libre de 2015 a 2020, llegando a integrar el comité de Tumbes en 2015 según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ella es hija de Manuel Jiménez Castillo, quien postuló al Congreso de la República en las elecciones congresales del 2020, para representar a Tumbes por Perú Libre.

Jiménez Castillo tiene larga data en la política: de 2005 a 2009 tuvo afiliación en Perú Posible, de 2009 a 2010 en el Partido Nacionalista Peruano, en 2010 fundó un movimiento regional de nombre Frente Regional Tumbes Avanza. Finalmente, de 2015 hasta la fecha en Perú Libre.

Luis Alberto Jiménez Velásquez, hermano de Natalia, también registra actualmente afiliación en Perú Libre desde 2013, siendo integrante del comité de Junín.

La designación de Natalia Jiménez quedó sin efecto a través de la Resolución Ministerial N° 754-2021-MTC/01 del 4 de agosto.

La designación de Silva Villegas al excongresista Marco Falconí

Perú Posible, Alianza para el Progreso, y últimamente, Podemos Perú, son las casas políticas en las que se ha movido Marco Tulio Falconí Picardo, actual asesor II del MTC (jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial).

Llegó al Congreso por la alianza electoral Perú Posible, estuvo en el cargo de 2011 a 2016. En 2014, quiso renunciar a su escaño para postular como gobernador regional de Arequipa. Logró su inscripción presentando una medida cautelar ante el Poder Judicial, la cual quedó sin efecto al ser declarada inconstitucional su renuncia al Legislativo.

Como invitado, más no como afiliado, postuló al Congreso en 2021 con el número 1 de la lista Podemos Perú Arequipa. Sin embargo, del más de un millón de electores habilitados en Arequipa para estas elecciones, solo consiguió 7225 votos en este departamento. Perdiendo el escaño.

Un puesto en el MTC sería clave para manejar la independencia de medios de comunicación y los derechos de periodistas, por eso la designación del excongresista despierta serias preocupaciones en los profesionales de la información.

En marzo de 2016, el Colegio de Periodistas de Arequipa convocó a una manifestación en defensa del periodista Julio Dante Ancalle Gutiérrez.

Ancalle había informado sobre contradicciones respecto a una recepción salarial cuando supuestamente Falconí solicitó licencia al Congreso. Esto le valió una demanda al joven periodista y el requerimiento del pago al excongresista de 10 millones de soles por presuntamente haberle provocado un daño moral.

El Centro Federado de Periodistas rechazó la actitud de Falconí porque “atenta contra la libertad de información pues busca amedrentar al periodista Julio Dante Ancalle y a través de él a los periodistas en general”.

El periodista dio a conocer el hecho en base a la documentación proporcionada por el Congreso. Posteriormente, los funcionarios del Legislativo adujeron haber cometido un error en la información entregada y pidieron disculpas. A pesar de ello, el excongresista denunció al periodista pidiendo la millonaria reparación civil.

Según el portal web del ROP, estuvo afiliado a la organización política Alianza para el Progreso hasta 2017, pues el estado actual de dicha afiliación indica como “Renuncia”.

Llamadas a César Hinostroza

Marco Falconí, flamante asesor II en el MTC, registra llamadas telefónicas con involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Son 3 llamadas salientes a Tomás Gálvez (2018), y 7 llamadas salientes y 11 entrantes con César Hinostroza (2015-2017). No existen audios de las conversaciones pues no están comprendidas en las interceptaciones que fueron autorizadas judicialmente recién a fines de 2017 por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. A pesar de que el Comité de Arequipa Perú Libre calificó de “infeliz” la designación de Falconí, este aún permanece en el puesto.

Marco Falconí Picardo se suma a la lista de turbias designaciones realizadas por los ministros del Gabinete Bellido

El cuestionado reemplazo en el ministerio de Vivienda

Geiner Alvarado López es el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Natural de Amazonas, estuvo afiliado al Partido Socialista de 2004 a 2007, conformando el comité militante de Chachapoyas. Desarrolló funciones como gerente de urbanismo y transportes en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, dejando el cargo para asumir como ministro.

Esta semana fueron puestas bajo sospechas sus designaciones y un reemplazo que colocó. Es el caso de Jack Gary Salazar Velazque, limeño pero domiciliado en Amazonas quien postuló al Congreso por Unión por el Perú este año. Su permanencia en el cargo de jefe de gabinete de asesores duró tan solo un día.

El 2 de agosto consiguió su designación mediante la Resolución Ministerial 232-2021 y 24 horas después, la Resolución 233-2021 dejó sin efecto su nombramiento.

Jack Gary Salazar Velasque fue investigado en la Fiscalía por presunta suplantación en exámenes de admisión. Se le acusaba de formar parte de una organización posiblemente vinculada a obtener los exámenes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y vender las respuestas a los postulantes.

En reemplazo de Salazar entró a esa jefatura, Salatiel Marrufo Alcántara, investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. También tuvo incursión política de 2013 a 2014, de acuerdo al ROP. Figura como fundador de un movimiento regional en 2014, de nombre Amazonas Siglo XXI.

Marrufo Alcántara trabajó como abogado en la empresa azucarera Agroindustrial Tumán. Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público en Lambayeque, el nuevo jefe de asesores del ministerio de Vivienda habría cometido irregularidades que lo implicarían con una mafia azucarera.