• La denuncia es por expulsión ilegal de 32 personas extranjeras, la mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad, el pasado mes de abril.
  • Se espera que no se repitan medidas abusivas contra la población migrante en Perú

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó hoy una denuncia penal en contra de Napoleón Rivas Chávez, jefe zonal de Piura de la dirección general de Migraciones, por abuso de autoridad en perjuicio de 32 personas extranjeras expulsadas del país sin respetarse el debido proceso y vulnerando sus derechos humanos. Con este litigio se busca sancionar ejemplarmente las medidas discriminatorias y abusivas de las autoridades, sentando un precedente para que funcionarios y funcionarias respeten los derechos de las personas refugiadas y migrantes en nuestro país.

En ese sentido, se espera también que en el marco de esta denuncia se realicen las diligencias del caso entre los operadores que formaron parte de este operativo ilegal, entre ellos efectivos policiales, personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Piura, y se llegue al esclarecimiento de los hechos, quedando sin efecto la medida.

Como se recuerda, el 27 de abril, la Policía Nacional del Perú, Migraciones y la Fiscalía ejecutaron un operativo express para expulsar a 32 personas a través del puesto de control fronterizo El Alamor en Tumbes. Entre las personas expulsadas del país, que fueron abandonadas a su suerte en la frontera con Ecuador, se encontraban 29 mujeres venezolanas en situación de doble vulnerabilidad, al ser madres de familia y encontrarse en situación irregular migratoria.

Si bien el artículo 54° del Decreto Legislativo N° 1350, señala que las sanciones administrativas que se pueden imponer por infracción a la Ley de Migraciones son multa, salida obligatoria y expulsión, estas sanciones son aplicables luego de un procedimiento sancionador, que de acuerdo a Ley debe respetar las garantías del debido proceso.

“Se ha expulsado a personas extranjeras, vulnerando sus derechos. Según las autoridades estaban realizando acciones ilícitas por lo que fueron retenidas y expulsadas, sin cumplir con el debido proceso ni los plazos. Por este motivo, hoy hemos presentado esta denuncia penal por abuso de autoridad. Seguramente, a medida que avancen las investigaciones se van a identificar a otros sujetos dentro de la policía y serenazgo que también ejercieron abuso de autoridad. Todo funcionario debe recordar que no es rey y que tiene parámetros”, señaló Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Las organizaciones que integran el Grupo de Movilidad Humana en Perú y que apoyan esta denuncia, entre ellas Amnistía Internacional, Fedepaz y Encuentros SJM, reiteran que la migración irregular no es un delito y rechazan cualquier iniciativa orientada a reforzar la estigmatización hacia la población migrante y refugiada en Perú y a vulnerar sus derechos.

“A este grupo de personas se les ha expulsado bajo la falsa premisa de que ser un migrante irregular es un delito. Además, en el caso de las mujeres, no se verificó si enfrentaban posibles situaciones de vulnerabilidad, como ser víctimas de trata o si eran solicitantes de refugio. Tampoco se verificó si tenían menores de edad a su cargo para garantizar la protección internacional y el principio superior del niño”, sostuvo Rosario Grados, representante de Amnistía Internacional Perú.

Es importante mencionar que esta medida se da en un escenario de propuestas normativas y de mensajes de autoridades peruanas con orientaciones discriminatorias, que persisten en vincular la migración con problemas de inseguridad y orden público.

“Desde Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes, tenemos como misión acompañar, servir y defender a la población migrante y refugiada en condición de vulnerabilidad y con distintos tipos de necesidades básicas. Es por ello que sumamos esfuerzos en la defensa los derechos fundamentales afectados de la población en cuestión. Frente a este escenario hacemos un llamado a las autoridades a respetar los procedimientos y las garantías establecidas por ley”, señaló Bruno Nunura, coordinador local de la oficina de Encuentros SJM Piura.

Finalmente, invocamos a las autoridades a respetar los compromisos internacionales que Perú ha suscrito en materia de derechos humanos y políticas migratorias, impulsando un proceso de regularización ordenado, que garantice los derechos de todas las personas, y permita también conocer las características de los flujos migratorios para implementar medidas que fortalezcan la integración de la población extranjera.