Perupetro y Tullow Perú Limited, con el BCR de padrino, firmaron contrato para la explotación de petróleo en el mar norteño. Organizaciones y ciudadanía exigen derogatoria de los decretos supremos.
En el Perú, decir Chimbote es hablar de pesca. También, se puede asegurar que quienes han recorrido camino hacia la costa norte del país, y tuvieron que pasar por Santa, no podrán olvidar fácilmente la referencia aromática.
Todo eso cambiaría luego de que se promulgaran los decretos supremos 016-2020-EM y 017-2020-EM, el último 2 de julio, permitiendo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) apruebe los contratos de licencia entre Perupetro y la empresa Tullow Perú Limited para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-68, frente a las costas de Áncash.
Lo que asombra no es el contrato con sus 46 cláusulas y 20 anexos, lo que produce una suerte de estupor es la participación del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) garantizando a la empresa contratista. Imagínense.
El valor de la consulta, según PERUPETRO
Se sabe que desde enero de 2019 el Perú cuenta con el reglamento de participación ciudadana para actividades de hidrocarburos (D.S. 002-2019-EM). Es decir, la consulta de actividades con los ciudadanos es necesaria y obligatoria. Esta norma fue denunciada y observada por organizaciones y asociaciones que viven de la pesca.
Para Guillermo Martínez, del Instituto Natura, este reglamento solo funcionaría como requisito engañoso impulsado por el Ejecutivo; el lobby de Perupetro estaría detrás para cumplirle a los petroleros. Es más, se puede considerar hasta una traición.
Desde agosto de año pasado, pescadores y comunidades costeras acudieron a los mencionados “Eventos Presenciales de Participación Ciudadana” organizados por Perupetro. Según Martínez, allí la ciudadanía expresó su total rechazo a los proyectos de hidrocarburos, pero la empresa peruana, a través de un comunicado, consideró a esta asistencia simplemente como un “objetivo cumplido”, sin tomar en cuenta los pronunciamientos.
La serie de denuncias difundidas han sido calificadas por Perupetro como “grupo de opositores a la inversión”. Bajo el título de “Campaña de desinformación” a la indignación por no ser escuchados y tomados en cuenta por el gobierno que debería representar los intereses y la voluntad de nuestro Estado. En los territorios hay personas, culturas, actividades preexistentes que no pueden ser arrasados para ponerse de rodillas al extractivismo petrolero.
Respuesta ciudadana
El último 8 de julio se convocó a una nueva reunión con autoridades y líderes de asociaciones para que expongan una vez más sus argumentos. Al comenzar, los alcaldes presentes cuestionaron ausencia de Juan Morillo, gobernador regional de Áncash, a quien calificaron de “inhumano” e “insensible social” por mostrarse ajeno a esta situación.
Por su parte, Roberto Briceño, alcalde provincial de Santa, dirigía la reunión en presencia de congresistas que esta vez fueron invitados. Él manifestaba su negativa a lo aprobado por el Ejecutivo.
“Estamos muy preocupados; son 70 mil puestos de trabajo lo que genera la pesca en nuestra provincia. ¿A quién le han hecho la consulta? Una total falta de respeto por parte del gobierno central”, remarco Briceño.
Los congresistas que se hicieron presentes a la reunión fueron: Norma Alencastre y Betto Barrionuevo, de Somos Perú, y Jhosept Pérez, de Alianza Para el progreso.
La indignación calentaba el día frío de reunión. “La pesca y el petróleo no son compatibles”, manifestaron en una evidente preocupación por el ambiente y la defensa de las actividades pesqueras. Además, señalaron que no se sienten escuchados por el gobierno luego de remarcar su negativa a la extracción de hidrocarburos.
A través de Red Muqui se ha sabido que convocarán a otra jornada de protesta para el mañana 16 de julio; el objetivo es que el gobierno de Vizcarra derogue los decretos supremos mencionados.
La experiencia vivida en nuestra Selva, con numerosos derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano (ONP), generan una justificada desconfianza entre los pescadores y ciudadanos que verían afectadas sus costas, el mar que también es de ellos.
(Imagen de cabecera: Universidad Continental / Edición: Mano Alzada)
