Después de 30 años de la masacre en Cayara, Ayacucho, los familiares de 39 campesinos torturados y asesinados por fuerzas militares, aún exigen justicia.

Las familias piden sanciones para los responsables y encontrar los cuerpos de las víctimas para darles una adecuada sepultura.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que el 13 de mayo de 1988, terroristas de Sendero Luminoso atacaron una base militar en Erusco, anexo de Caraya, donde murieron cuatro militares.

Este atentado originó la respuesta de las fuerzas militares, el jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia Duelas, aplicó el “Plan Persecución” y fueron asesinados 39 pobladores inocentes de Cayara.

La CVR ha dejado en claro que las vidas no se perdieron en un enfrentamiento, como dicen los militares, sino que fue parte de un plan armado.

Foto La Mula.pe

Tortura y muerte en Ccechua

El 14 de mayo un conjunto militar entró a Ccechuaypampa y detuvieron a un grupo de campesinos que regresaban de cosechar maíz en CCechua e interrogaron a los comuneros bajo tortura.

Foto Lum

Víctimas de Cayara

Una de las víctimas es Marino Suárez Huayanay quién murió frente a su hija, Silvia Suárez Tarqui. Ella contó: “Mi padre estaba en la chacra de sembrío cuando se lo llevaron los soldados. Me dijeron ahorita vuelve y nunca más regresó. Yo lo seguí, llorando. Vi cómo mataron a mi papá y a otros campesinos. No puedo olvidarlo”.

Ignacio Ipurre Suárez, también asesinado en Ccechua. Su hijo, Feliciano Ipuure cuenta: “Los militares llegaron con una persona y les dijo: ‘Ellos son’. Pero torturaron y asesinaron con machetes y hachas a gente inocente, analfabeta. Una persona vendió a más de 100 campesinos que estaban trabajando en la cosecha de maíz”.

Sala Penal Nacional

Gloria Cano, abogada de los familiares, informó que se han presentado 15 testimonios ante las autoridades y la Sala Penal Nacional (SPN) acogió una buena parte de las declaraciones para el juicio oral.

Además, detalló que la SPN cambió su criterio al indicar que se tienen que presentar los testimonio en la acusación fiscal o días antes de la audiencia, invalidando los testimonios presentados en la etapa preliminar.

La Sala Penal Nacional ha objetado 4 de los 15 testimonios, por esto la abogada ha iniciado la impugnación ante el colegiado y llegarán hasta la Corte Suprema.