Secuestrados. Desde el 26 de marzo no se sabe dónde se encuentran un fotógrafo, un reportero y un conductor, miembros de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.
La información que maneja el vecino país es que el hecho ocurrió en la zona de Mataje, ubicada al norte de Esmeraldas, zona fronteriza con Colombia, en donde son sindicados como responsables de recientes atentados a grupos armados disidentes de las FARC.
En el proceso de liberación, se supo que los secuestradores no han pedido dinero. Pero, unos días más tarde, se filtró un tuit (vía El Comercio) en donde informaba sobre la liberación de los periodistas. “Lo que pasó (el tuit) sinceramente es una irresponsabilidad, por decir lo menos, con las expectativas que se siembran”, manifestó César Navas, ministro del Interior de Ecuador.
Los familiares de los periodistas han mantenido un contacto muy reservado con las autoridades ecuatorianas. No se sabe exactamente en dónde están; si en territorio ecuatoriano o colombiano.
Según la versión colombiana, la acción se le atribuye a ‘Guacho’. “El cabecilla de este grupo es precisamente alias Guacho, y es, sin duda alguna, la persona responsable (…) del secuestro”, remarcó el comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, Alberto Mejia, el miércoles 28.
Walter Artízala, ‘Guacho’, es identificado por la inteligencia militar colombiana como un ecuatoriano, exguerrillero de las FARC especializado en explosivos, narcotráfico y finanzas.
Lo que llamaba la atención a ecuatorianos e interesados en el caso fue la reserva de los nombres de los secuestrados. La Fundación Regional de Asesoría, INREDH (antes llamado Instituto Regional de Derechos Humanos), reveló el nombre de uno de ellos: Paúl Rivas, reconocido fotógrafo comprometido con las luchas sociales en Ecuador.
INREDH considera que la medida tomada por el gobierno ecuatoriano, para darle seguridad a estas personas, confunde a la población al no considerar los protocolos que manejan en estos casos organizaciones internacionales de periodistas y de derechos humanos; el fin es dar a conocer al secuestrador el alto costo político que significaría una acción equívoca contra la integridad física del secuestrado.
