PPK: un año y siete meses de un gobierno errático y corrupto

PPK se comprometió con todos y solo le cumplió al fujimorismo

En las elecciones presidenciales del 2016 participaron diez candidatos, el primer lugar lo ocupó Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, con 39.68%; en segundo puesto le seguía Pedro Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Kambio (PPK) obteniendo un 21.5% y en tercer lugar Verónika Mendoza, del partido Frente Amplio, con un 18.2% de votos. Estos resultados hicieron necesaria una segunda vuelta y el país se vio dividido entre el fujimorismo y el antifujimorismo.

La segunda vuelta, realizada el 5 de junio de 2016, da como Presidente del Perú a Pedro Pablo Kuczynski, quien se benefició del antifujimorismo llevándose los votos de todas las ideologías políticas que no querían ver al apellido Fujimori dirigir nuevamente el país y recordar la época nefasta del gobierno de Alberto Fujimori.

Recordemos que el expresidente alcanzó un 50.12% de votos y Keiko Fujimori un 49.87% votos, la diferencia fue de tan solo 0.24% de votos, es decir, 41,438 votos a favor de PPK ¿Cómo hizo Kuczynski para pasar de un 20% de votos a más de un 50% de apoyo nacional? Las figuras claves fueron la izquierda peruana y la sociedad civil, quienes entre abril y mayo formaron alianzas con el candidato de Peruanos por el Kambio, a pesar de que su candidatura no reflejara la postura de estos grupos sociales. Otra vez la ciudadanía eligiera al “mal menor”, ya que Keiko Fujimori representaba la época de la dictadura de su padre, en donde campeaba la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

Kuczynski, en los meses previos a la segunda vuelta, firmó 17 compromisos con organizaciones de la sociedad civil, entre ellos se encontraban organizaciones como el colectivo Keiko No Va, la CGTP, el SUTEP, los Trabajadores Artesanales del Puerto de Ilo y de Tacna, las Rondas Campesinas de Cajamarca y el Perú, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, los agricultores ganaderos y pueblos originarios, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Dentro de estos compromisos hay tres vinculados a la protección de los derechos humanos y a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno; pactos claves que significaban su compromiso con la justicia y la defensa de la democracia, los cuales sumaron para llevarlo a la Presidencia y que hasta la fecha del término de su Gobierno no se cumplieron, generando retrocesos en la agenda nacional de derechos humanos.

Compromiso “Por la justicia y la democracia”

El primer acuerdo lo firmó con el colectivo Keiko No Va el 26 de abril de 2016, asumiendo un compromiso por “la justicia y la democracia”. En diciembre de 2017 rompería esta promesa por el pacto político con Kenji Fujimori para otorgarle el indulto presidencial a Alberto Fujimori a cambio de evitar su vacancia por incapacidad moral, despreciando así no sólo una condena que se había convertido en ejemplo internacional contra la impunidad, sino también el derecho de las víctimas a la justicia y reparación de los crímenes cometidos por el fujimontesinismo.

Compromiso “Víctimas de las violaciones de derechos humanos y sus familiares”

El 30 de mayo, Kuczynski se reunió con los familiares de las víctimas del conflicto armado interno suscribiendo un compromiso para respetar las leyes que los defienden, garantizar recursos para la ley de búsqueda de personas desaparecidas, proteger los derechos humanos, culminar con el pago de reparaciones económicas individuales/colectivas, y crear una Procuraduría General especializada en derechos humanos, entre otras promesas.

Algunas se han avanzado, como por ejemplo, derogar el Decreto Supremo N° 051-2011 que impedía el registro de víctimas para el pago de las reparaciones económicas luego del 2011 y el reconocimiento de las dobles afectaciones. Sin embargo, dejó pendiente modificar el Plan Integral de Reparaciones para ampliarlo y reconocer a las víctimas por diversas formas de violencia sexual, aún no se aprueba e implementa la reparación integral a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado; tampoco se han cumplido las recomendaciones y sentencias de los organismo internacionales para la protección de los derechos humanos; y junto a ello se propuso crear un lugar de la memoria en La Hoyada (Huamanga); palabras que se las llevó el viento porque aún no hay inicios de acción para estos acuerdos.

Compromiso “Prevención y solución pacífica de los conflictos sociales”

En este compromiso, PPK apoyó hacer efectiva la consulta previa, acompañar las inversiones públicas/privadas, profesionalizar la labor policial de control y contención, y fortalecer la Procuraduría para la justicia de los responsables en hechos de violencia. Sin embargo, durante su Gobierno se endureció la criminalización de los defensores(as) de derechos humanos. Además de declarar en Estado de Emergencia las ciudades donde surgían protestas en contra disposiciones del Gobierno, como fue el caso de Puno y Cusco por la huelga de maestros. 

Hasta enero de 2018, la Defensoría del Pueblo registró 176 conflictos sociales (124 activos y 52 latentes) siendo los conflictos socioambientales los más numerosos (69.3 %), generados en su mayoría (65.6%) por la actividad minera. Las regiones que concentran mayor número de conflictos son Ancash (28), Puno (15) y Apurímac (13). Las consecuencias de estos conflictos hasta la fecha han dejado 34 personas heridas y 3 muertos.

El Gabinete Zavala

Kuczynski presentó a su primer gabinete el 28 de julio de 2016, encabezado por Fernando Zavala, economista de la Universidad del Pacífico, por mucho tiempo viceministro de Economía de Alejandro Toledo, quien renunció a su puesto de gerente de la empresa Backus, para asumir el encargo del presidente. En menos de dos meses, su gabinete fue destituido por el Congreso al negársele la moción de confianza.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estuvo a cargo del hoy Presidente Martín Vizcarra, quien presentó su renuncia por las irregularidades sobre la adjudicación del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Vizcarra renunció poco antes de que el contralor Edgar Alarcón presentara un informe con las irregularidades sobre el contrato y la adenda que firmó el Gobierno con la empresa Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto. El contrato se firmó durante el Gobierno de Ollanta Humala, pero la adenda se realizó durante el Gobierno de PPK. Asimismo, el procurador anticorrupción, Amando Eco, lo denunció el 4 de marzo por colusión. 

El Ministerio de Educación estuvo a cargo de Jaime Saavedra, experto en el tema, quien era el único ministro que se mantuvo con la salida del expresidente Ollanta Humala; sin embargo, al poco tiempo fue interpelado también por el Congreso y finalmente censurado, convergiendo en esta censura intereses políticos fujimoristas y de conservadores en contra del Currículo Nacional de Educación que incluía el enfoque de género. Al censurar a Saavedra, el expresidente Kuczynski designa a Marilú Martens, quien también sería interpelada, lo que obliga a Zavala a pedir el voto de confianza al Congreso respaldando a la ministra; sal negárselo, cae todo el gabinete.

El Ministerio de Defensa fue para Mariano González, más conocido como “el ministro del amor” al descubrirse que promovió a una de sus asesoras con quien mantenía una relación sentimental. Ella era asesora del viceministerio y luego, a cuatro días de tomar el cargo, el ministro la colocó como asesora del despacho ministerial. Cuando fue interpelado por estos hechos, este respondió: “Lo único que hay es un hecho de amor, enamorarse no es un delito”.

El Ministerio de Agricultura estuvo a cargo de José Manuel Hernández Calderón, quien nombró como viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego a Eufrosina Santa María Rubio, conocida por no trabajar justo en los días de la emergencia nacional que impactó el norte del Perú dejando 78 fallecidos, 101,104 damnificados y 643,216 afectados a nivel nacional.

El Ministerio de Producción fue encargado a Bruno Giuffra, que a la fecha viene siendo investigado por la Fiscalía por delito de cohecho – corrupción de funcionarios, luego de las revelaciones de los kenjivideos; el Ministerio del Interior estuvo cargo de Carlos Basombrío, que después del indulto presentó su renuncia; Cayetana Aljovín en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien más adelante dirigirá muchas más carteras del Gobierno, entre otros. 

Salvado de la primera vacancia

Un Gobierno sin mayoría congresal, aprisionado por el juego político del fujimorismo, debilitando continuamente el trabajo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, concediéndole puestos claves como la Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva y Sunat, se vio entre las cuerdas cuando el fujimorismo, apoyado el APRA y Acción Popular promovieron la vacancia de PPK por incapacidad moral permanente.

El día del debate de la vacancia, el abogado Alberto Borea asumió la defensa de PPK, luego de la concesión del indulto a Fujimori, este manifestó su rechazo: “Al igual que todos ustedes, he sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori. Desde siempre he luchado y continuaré luchando contra la dictadura y rechazo firmemente el indulto”. Cercanos al segundo debate por la segunda vacancia, Borea manifestó que volvería a defender a PPK, objetivo que no se cumplió luego de la develación de los kenjivideos, en los cuales aparece dándole el teléfono del ministro Bruno Giuffra al congresista Moisés Mamani. 

Casi con un pie afuera, Pedro Pablo Kuczynski buscó apoyo, un salvavidas, en un Fujimori: Kenji. Al final, con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 congresistas que se abstuvieron, aquel capítulo político quedó anulado gracias a la abstención de diez congresistas fujimoristas, los conocidos luego como “Avengers”. La primera parte del trato estaba cerrada. Desde ese momento, Kenji Fujimori se convirtió en cercano colaborador del gobierno de PPK acompañándolo en sus viajes.

El indulto como insulto a la memoria

En su etapa como presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski será recordado como aquel que incumplió uno de sus compromisos más importantes con sus electores: liberar a uno de los personajes más nefastos en la historia de derechos humanos de nuestro país: Alberto Fujimori.

Ni Paniagua que indultó a terroristas sentenciados ni García y sus más de cinco mil escandalosos indultados —varias centenas de narcotraficantes entre ellos— llegaron a indignar a miles de peruanos con memoria. Fujimori fue indultado el 24 de diciembre de 2017, luego de un proceso extremadamente veloz: el 11 de diciembre había presentado su solicitud y el 24, en tan solo trece días, ya estaba de camino a su casa.

“El indulto a Fujimori fue uno de los más rápidos, pero todo se hizo en el marco legal”, trató explicar Juan Falconí, titular de la Comisión de Gracias Presidenciales y quien fuese abogado de Fuerza Popular, ante el JNE, en la última carrera electoral.

El peso del favor recibido —la vacancia no concretada gracias al apoyo de Kenji— hizo que PPK desestimara el que Alberto Fujimori, después de ser extraditado de Chile en 2007, fuese condenado a veinticinco años de cárcel por ser culpable de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, y la violación de derechos humanos por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.

Miembros de la sociedad civil elevaron su voz hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar una evidente motivación política en el indulto. Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, señaló que lo hecho por PPK preocupa y que fue “una cachetada a las víctimas” al no pensar en el sufrimiento de los familiares, dos presentes en la audiencia realizada en Costa Rica. Está pendiente la revisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede revocar el indulto y devolver a la cárcel a Alberto Fujimori a que termine su condena. 

Justicia e impunidad

Luego del indulto a Alberto Fujimori, una avalancha de críticas y renuncias acompañaron el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, varios legisladores de su bancada presentaron su renuncia, ellos fueron: Alberto De Belaunde, Vicente Zevallos y Gino Costa. Después le siguieron algunos ministros, por ejemplo: Salvador del Solar (Ministerio de Cultura) , Jorge Nieto (Ministerio de Defensa), José Manuel Hernández (Ministro de Agricultura). A ellos se les sumaron otros funcionarios como Hugo Coya (Director de TV Perú y Radio Nacional) y Roger Rodríguez Santander(Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), entre otros.

Tras la salida de varios funcionarios, el ministro de Justicia Enrique Mendoza salió a responder por el rápido proceso que se obtuvo en beneficio de Alberto Fujimori, indicó que: “Hemos puesto nuestra inteligencia en que se hagan las cosas rápidas, los procesos van a tener que salir rápido y están saliendo de esa manera, 15 o 20 días, se rechaza o se aprueba”.