En Morococha no hay energía eléctrica, pero proyecto Toromocho, de la minera Chinalco, se quiere imponer y SENACE realiza estudios con participación ciudadana de manera virtual.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) parece encontrarse en una carrera contra el tiempo, como si tuviera la comanda de presentar sus estudios ayer. Para esto, se apoya en el DL 1500, aprobado en mayo, que establece “medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada ante el impacto del COVID-19”.

Es en el artículo 6 del documento que se habilitó la virtualización de los procesos de participación ciudadana para la elaboración de los IGA, la evaluación ambiental y la ejecución de proyectos de inversión. Según Derechos Humanos Sin Fronteras, estas cuestiones técnicas son aplicadas por SENACE para evaluar y aprobar la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho en Junín, de la empresa minera Chinalco, y para la elaboración de la tercera —tercera— MEIA del proyecto minero Constancia, de la empresa Hudbay en Cuzco.

Ambos proyectos forman parte de la tan promocionada —y salvadora— gran minería, cuyas modificaciones servirán para descartar impactos ambientales significativos en estos territorios.

Virtualmente imposible

La virtualización de la participación ciudadana no garantizaría un adecuado acceso a la información. Para Red Muqui, esta virtualización por el estado de Emergencia Nacional en la que nos encontramos, no deja clara una participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental, tal como lo señala la Ley General del Ambiente en su artículo 3:

“Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental”.

En el caso de Toromocho, SENACE parece no darse cuenta de que la aplicación del DL sería ilegal al vulnerar derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. Por eso, Red Muqui considera que las actividades del SENACE deberían suspenderse hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores.

Por si todo esto no le pareciera suficiente al SENACE. Según Elvis Fuster, presidente del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha, en la ciudad no hay energía eléctrica. A eso hay que añadir que, tanto ciudadanos y comunidades de Morococha y Yauli, no están familiarizados con el uso de medios virtuales.

(Fuente: Red Muqui)